Créditos Imagen : Fiscalía de Chile
La nueva ley crea y refuerza unidades estratégicas en materias de probidad, integridad, auditoría interna, planificación y supervisión de la persecución penal.
El Congreso Nacional aprobó la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, una reforma estructural que moderniza la institución, refuerza los estándares de probidad, mejora los mecanismos de supervisión y evaluación, y fortalece la capacidad de conducción institucional de la Fiscalía, con el objetivo de ofrecer una persecución penal más eficaz, transparente y de calidad a la ciudadanía.
La nueva normativa introduce cambios relevantes en la organización interna del Ministerio Público, creando y reforzando unidades estratégicas en materias de probidad, integridad, auditoría interna, planificación y supervisión de la persecución penal. Asimismo, establece mecanismos de evaluación externa periódica y fortalece la formación y capacitación de fiscales y funcionarios.
Entre sus principales ejes, la ley crea la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, con facultades específicas para la prevención, detección e investigación de eventuales conductas contrarias a la probidad al interior de la institución, reforzando el control interno y la rendición de cuentas.
Asimismo, considera el aumento de dotación, que espera llegar, en cuatro años, a completar 819 nuevos cargos. El desglose es el siguiente:
- 4 jefes de unidad.
- 205 fiscales adjuntos.
- 337 profesionales.
- 118 técnicos.
- 150 administrativos
- 5 auxiliares.
Con este incremento, se llegará a 1.034 fiscales adjuntos. De tal modo, se espera reforzar el personal destinado a la tramitación de causas. Esto incluye la creación y reforzamiento de unidades especializadas dedicadas a delitos de mayor complejidad y violencia. También considera fortalecer la operación de los sistemas de turnos y flagrancia, entre otras metas.
La propuesta también contempla la modernización de mecanismos de gestión institucional. En este marco, se entregan nuevas facultades al fiscal nacional, por ejemplo, para distribuir anualmente las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la Fiscalía Supraterritorial. Esto se realizará mediante resolución fundada, de acuerdo con las necesidades de la operación.
Igualmente, la autoridad podrá resolver la permuta de cargos. Esto se realizará previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías.
La institucionalidad del organismo se complementa con la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal y la citada División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna. Asimismo, se permite la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos y se genera un registro público de resoluciones.
Finalmente, entre otras materias, se perfecciona la atención de víctimas y testigos. La idea es tener una atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios. De igual modo, se mejorará la cobertura y oportunidad, junto con equilibrar la carga actual en las unidades regionales.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, valoró la aprobación de esta iniciativa, destacando su impacto en el funcionamiento del sistema de persecución penal: “La aprobación de esta ley es una muy buena noticia para el país. Fortalece al Ministerio Público como institución, mejora nuestros estándares de probidad y supervisión, y nos entrega herramientas claras para asegurar una persecución penal más coherente, eficiente y transparente, siempre al servicio de las víctimas y de la ciudadanía”, señaló.
El Fiscal Nacional agregó que esta reforma permitirá enfrentar de mejor manera los desafíos actuales del sistema penal, especialmente en un contexto de criminalidad cada vez más compleja: “Este es un paso importante para modernizar la Fiscalía y fortalecer la confianza pública. Nos permite reforzar la unidad de acción, mejorar la calidad de nuestras investigaciones y asegurar que la autonomía del Ministerio Público vaya de la mano con mayores niveles de responsabilidad y control institucional”, indicó.
La ley entrará en vigencia de manera gradual, de acuerdo con los plazos establecidos en sus disposiciones transitorias, y su implementación será acompañada por la dictación de los reglamentos correspondientes.
