El director general de la policía civil objetó formalmente que los tres exfuncionarios imputados por secuestro extorsivo cumplan la medida cautelar en instalaciones de la institución. Pese a los reparos planteados por la jefatura y la invocación del artículo 23 de su Ley Orgánica, el Séptimo Juzgado de Garantía resolvió mantener el ingreso de los imputados en dependencias policiales.
La controversia por la custodia penitenciaria de los funcionarios policiales dados de baja en el marco de la investigación por secuestros extorsivos escaló al plano institucional. El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, hizo público su categórico rechazo a que los tres exdetectives formalizados por su presunta participación en la red criminal cumplan la medida cautelar de prisión preventiva al interior de los cuarteles de la policía civil. No obstante, la máxima autoridad policial confirmó que acatará las determinaciones emitidas por los tribunales de garantía.
En el marco de sus declaraciones tras el comité policial desarrollado este lunes 14 de septiembre, la jefatura de la PDI abordó la complejidad procedimental generada por la resolución judicial. Al respecto, Cerna aseveró que “hechos como los descritos no los vamos a tolerar”, remarcando que “no pueden estar en un recinto policial cuidándolos nosotros y desviando personal, tiempo y recursos a personas que usaron la institución para delinquir”. En esa línea, el jefe policial enfatizó la distinción operativa sobre su solicitud: “Yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que no estén en un cuartel”, agregando que “no quiero que estén en un cuartel. Pero debo respetar las órdenes judiciales y se acatan. El magistrado dijo lo contrario”.
El origen del desacuerdo procesal radica en la aplicación del artículo 23 del Decreto Ley N° 2.460 —Ley Orgánica de la PDI—, precepto que faculta la permanencia en recintos policiales de aquellos funcionarios procesados por hechos derivados del ejercicio propio de sus funciones. Sin embargo, la norma establece que en el caso de ilícitos no vinculados al servicio, se requiere de una petición expresa del director general para autorizar su ingreso a dichos recintos. Sobre este punto, Cerna reiteró que “las personas que están vinculadas en procesos judiciales por hechos ajenos al cumplimiento del deber y a obligaciones propias del servicio, no pueden ni deberán estar en un cuartel”. Pese a la presentación de un oficio institucional solicitando que los imputados fueran derivados a recintos de Gendarmería, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, desestimó el planteamiento manifestando en la audiencia que “absolutamente no ha lugar a cualquier opinión, consejo, sugerencia de cualquier autoridad -de cualquier naturaleza- que hay en Chile respecto a las decisiones jurisdiccionales que aún ni siquiera se han tomado. Es decir, no corresponde”.
La causa penal, sustanciada por el Ministerio Público con un plazo de investigación fijado en 150 días, atribuye a la agrupación delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas. En el expediente figuran bajo la medida de prisión preventiva el inspector Rodrigo Navarrete Umaña, el subcomisario Pablo Gajardo Romo y el agente Sebastián Gajardo Rojas, además del exfiscal Vinko Fodich Andrade, el ciudadano Luis Moraga Parisi y otros civiles indagados por la Fiscalía Supraterritorial.
Finalmente, la jefatura institucional expuso que la situación de los tres exefectivos no constituye un caso aislado en la gestión de la custodia interna, revelando que actualmente existen 16 exfuncionarios en prisión preventiva al interior de cuarteles de la PDI por diversas causas judiciales. Ante dicho escenario, la dirección general confirmó que iniciará gestiones formales ante el Poder Judicial para solicitar que este grupo sea trasladado progresivamente a establecimientos penales bajo la administración de Gendarmería de Chile, conforme a la disponibilidad informada por dicha repartición.
