El pleno del tribunal de alzada porteño declaró admisibles solo a seis de los once postulantes tras aplicar un estricto filtro formal y rechazar la opción de otorgar un plazo para subsanar errores documentales. La determinación desencadenó una doble ofensiva judicial: mientras cuatro aspirantes impugnaron el criterio ante la misma magistratura de Valparaíso, la fiscal Greta Fuchslocher acudió a la Corte de Apelaciones de La Serena solicitando congelar el proceso a pocos días de la audiencia pública para elaborar la terna.
La competencia para suceder a Claudia Perivancich al mando de la Fiscalía Regional de Valparaíso ingresó a una fase de alta tensión. La controversia se profundizó luego de que se conocieran los detalles del pleno extraordinario realizado el pasado 6 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En esa instancia, la sala presidida por la ministra Silvana Donoso e integrada por las magistradas Eliana Quezada, Carolina Figueroa, Rosario Lavín, Nancy Bluck, Maricruz Fierro, Cecilia Sagredo, Ingrid Alvial (s), y los ministros Rafael Corvalán y Pedro García, resolvió por mayoría dejar fuera de carrera a casi la mitad de los aspirantes debido a observaciones de carácter administrativo.
Tras el examen de los antecedentes, la magistratura porteña declaró aptos únicamente a seis postulantes: el fiscal de Villa Alemana, Osvaldo Basso; la asesora María José Lecaros; el jefe de la Unidad de Atención a Víctimas, Gonzalo Marks; el fiscal Metropolitano Sur, Víctor Núñez; el fiscal jefe de Valparaíso, Miguel Tapia; y el coordinador ECOH, José Antonio Uribe.
En contraste, el tribunal resolvió marginar del concurso a cinco candidatos con amplia trayectoria: los fiscales Pablo Bravo (Quintero) y Fred Silva, por adjuntar un certificado de antecedentes “para particulares” en lugar de uno “para fines especiales”; el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, por no explicitar en su declaración jurada la ausencia de parentesco con el Presidente de la República o con José Antonio Kast; la fiscal de Valparaíso, Greta Fuchslocher, por mantener vínculo matrimonial con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez; y el fiscal jefe de San Antonio, Samuel Núñez, por certificar su título profesional con un documento emitido por el Registro Civil y no por la Corte Suprema.
La doble vía de impugnación
Durante la deliberación del pleno, las ministras Maricruz Fierro e Ingrid Alvial votaron a favor de conceder un plazo extraordinario de tres días para subsanar los reparos formales, criterio habitual en los concursos de otros tribunales de alzada del país. No obstante, la mayoría de la sala desestimó la alternativa, cerrando la nómina de habilitados.
Frente a la negativa, los cinco afectados articularon distintas acciones procesales. Por un lado, los fiscales Bravo, Silva, Carrera y Núñez interpusieron recursos de reposición ante el propio pleno de la Corte de Valparaíso con el propósito de revertir la inadmisión antes de la jornada del próximo lunes 16 de noviembre, fecha agendada para oír las exposiciones orales de la nómina.
Por otro lado, la fiscal Greta Fuchslocher tomó una ruta alternativa al judicializar el conflicto fuera de la Quinta Región. Con el patrocinio del abogado Gonzalo Yuseff, la persecutora ingresó una acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Serena, cuestionando que la incompatibilidad por parentesco se aplique al momento de la postulación y no al asumir el cargo. En el libelo consignado por T13, se sostuvo que “el vínculo matrimonial no debió ser considerado, por sí solo, un impedimento definitivo para participar en el concurso, sin examinar si la situación funcional que la norma procura evitar llegaría efectivamente a producirse, y si podía ser removida oportunamente mediante una medida jurídicamente procedente”
El escrito ante el tribunal serenense subrayó que “La prohibición de un determinado desempeño simultáneo no puede transformarse, sin una fundamentación legal suficiente, en una prohibición de postular, ser oída o integrar la terna”. Además, la defensa citó los precedentes de las fiscales Lorena Parra y Solange Huerta, quienes postularon a las jefaturas regionales estando casadas con otros persecutores, añadiendo que el cónyuge de Fuchslocher ya solicitó su traslado a otra jurisdicción en caso de que ella sea nombrada. Para evitar que el proceso avance sin su participación, la acción incluyó un pedido urgente de Orden de No Innovar (ONI) para lograr la “orden de no innovar paralizado el proceso hasta que se resuelva el recurso por sentencia de término”.
Disparidad de criterios
La rigurosidad empleada por el tribunal de alzada generó discrepancias al interior del foro judicial. Desde la Corte de Valparaíso recalcaron que “el análisis del pleno solo estuvo centrado en exigir lo que la ley y el acta establecen, nada más ni nada menos”. Sin embargo, los reclamos ingresados por los concursantes advierten un estándar desigual en la revisión de las carpetas. En esa línea, fuentes ligadas al proceso cuestionaron que “En el caso del fiscal Basso se le permitió postular, pese a que su declaración jurada trae un ‘error de transcripción'”.
La contienda por la titularidad regional se desarrolla en un clima cruzado por suspicacias debido a las indagatorias que lleva la propia Fiscalía Regional de Valparaíso respecto al abogado Samuel Donoso por presuntos delitos vinculados al nombramiento de jueces, profesional que es hermano de la presidenta del tribunal de alzada, Silvana Donoso. Pese a las lecturas políticas que sugieren un posible intento de blindaje o interferencia en dicha investigación, fuentes del Ministerio Público descartaron la efectividad de una maniobra de esa índole, recordando que “Si quiere, el fiscal nacional la puede sacar de Valparaíso e incluso dársela al fiscal Mario Carrera para que la lleve desde Arica”, según publicó La Tercera
El pleno de la Corte de Valparaíso deberá resolver los recursos de reposición pendientes en las próximas horas para definir si ratifica la exclusión masiva o si rectifica la nómina que se presentará en la audiencia pública de este lunes.
