Luego de que la Segunda Sala del TC declarara admisible la acción de la Asociación de Magistrados que busca detener los cuadernos de remoción abiertos por la Corte Suprema, el Pleno fijará fecha para escuchar los alegatos de fondo. Mientras el gremio acusa un vacío legal y falta de garantías de debido proceso, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que la facultad de remoción emana directamente de la Constitución y no del Código Orgánico de Tribunales.
La controversia generada por la remoción de magistrados que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas tendrá definiciones importantes en el Tribunal Constitucional. Tras el vencimiento del plazo para que las partes presentaran sus observaciones de fondo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) deberá fijar una fecha para escuchar los alegatos orales y pronunciarse sobre el requerimiento presentado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.
El proceso ante el tribunal de alzada constitucional busca impugnar los cuadernos de remoción y procedimientos disciplinarios iniciados por la Corte Suprema. Esta arista se conecta directamente con la inédita decisión del máximo tribunal que, aplicando el artículo 80 de la Carta Fundamental por faltas al deber de buen comportamiento, acordó la expulsión de 18 miembros del Poder Judicial, entre ellos el exjuez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
La pugna doctrinal
La acción impulsada por el gremio judicial, según consignó El Mercurio, solicita declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 332 N° 3, 96 N° 4 y 540 del Código Orgánico de Tribunales (COT) en el marco de la causa laboral que mantienen contra la institución. En su libelo, los magistrados argumentan que “aun cuando el acto de apertura (de los cuadernos de remoción) haya invocado el artículo 80 de la Constitución, los preceptos legales impugnados siguen siendo el vehículo necesario para concretar, regular y hacer eficaces las consecuencias de esa potestad. Su aplicación en la gestión pendiente es decisiva, y su déficit de densidad normativa es constitucionalmente relevante”. Paralelamente, añaden que “una decisión de remoción o de apertura de cuaderno de remoción no puede sostenerse en una lectura aislada del artículo 80 de la Constitución, sin atravesar el estatuto legal del cargo judicial y las otras garantías constitucionales que se aplican”.
En su escrito más reciente de observaciones, la entidad gremial calificó como “insostenible” pretender “tal como lo hace el CDE, que la sola existencia de una competencia constitucional permite omitir el respeto del resto de las garantías constitucionales. El debido proceso, la tipicidad, la legalidad y, en especial, la inamovilidad e independencia judicial son pilares del Estado de Derecho y requieren del máximo resguardo”. La presentación enfatiza que la postura del fisco “parte de un presupuesto errado, el cual es pretender que la facultad de remoción puede prescindir de la ley. Lo cierto es que la facultad de remoción no puede ser ejercida si no es por aplicación de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Corte Suprema”, concluyendo que “los cuadernos de remoción se tramitan sobre la base de un vacío institucional, puesto que no hay normas que aseguren el debido proceso, el resguardo del principio de legalidad, de tipicidad y otras materias y garantías establecidas en la Constitución, como por ejemplo, la inamovilidad y la independencia judicial”.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Corte Suprema, hizo llegar sus descargos solicitando desestimar en forma íntegra las pretensiones del gremio. El organismo fiscal sostiene que la impugnación descansa sobre una premisa jurídicamente equivocada al afirmar que “Los artículos 332 N°3; 96 N°4; y 540 del Código Orgánico de Tribunales constituyen el estatuto legal de la potestad de remoción de la Corte Suprema olvidando y omitiendo que la fuente de la potestad es la Constitución Política de la República y no la ley”.
En esa línea, el CDE subrayó ante el estrado que “el acuerdo del Pleno de la Corte Suprema se adoptó expresamente conforme al artículo 80 de la Constitución Política de la República por lo que, aunque se declaren inaplicables los artículos del Código Orgánico de Tribunales (COT) objeto del requerimiento, la potestad de remoción subsiste”. El órgano de defensa del Estado agregó que la tesis de los jueces “es incorrecta si tenemos presente que la facultad para declarar que un juez no ha tenido buen comportamiento y acordar su remoción no nace de los artículos 332 N°3; 96 N°4; y 540, del COT. No es creada por esos preceptos legales, no es ampliada por esas normas, no depende de su vigencia y no se encuentra condicionada por su aplicación”.
La jurisprudencia previa
A pesar de la arremetida del gremio judicial, en los pasillos de la sede del TC en la calle Huérfanos se proyecta que el Pleno de la magistratura se inclinaría por respaldar la postura de la Corte Suprema. Este análisis se fundamenta en la línea jurisprudencial trazada por el tribunal al resolver requerimientos individuales presentados con anterioridad por magistrados afectados a título personal.
En el fallo referente al exjuez Jorge Saavedra, por ejemplo, cuya acción fue rechazada, el tribunal dejó asentado que “El reclamo de falta de garantías procesales se traslada del auto acordado a la Constitución, ni siquiera a la ley, pues el Código Orgánico de Tribunales no regula en absoluto el procedimiento para la remoción, y con toda evidencia no puede predicarse que una norma de la Constitución sea a su vez inconstitucional”.
Siguiendo dicha doctrina, en el organismo recuerdan que “el artículo 80 inciso tercero de la Constitución establece solo tres reglas procedimentales: el deber de pedir informe al inculpado, el de pedir informe a la Corte de Apelaciones respectiva y el de alcanzar un quorum de remoción de mayoría del total de sus componentes”. Esta delimitación procedimental reforzará el debate en el Pleno cuando se fije la fecha para escuchar las alegaciones de las partes antes del dictamen definitivo.




