En una operación que combinó inteligencia policial y triangulación de datos desde Iquique hasta Puerto Varas, la justicia determinó la medida cautelar más gravosa para la mujer acusada de defraudar a unas 200 familias. El perjuicio económico, que supera los $400 millones, se basó en el cobro de cupos para viviendas sociales que nunca existieron.
El Juzgado de Garantía de Iquique dictó la medida cautelar de prisión preventiva para una mujer de iniciales reservadas, imputada por liderar una de las estafas inmobiliarias más extensas registradas en el último tiempo en la Región de Tarapacá,. La mujer fue formalizada por los delitos de estafa reiterada y uso malicioso de instrumento público, tras ser capturada en el sur del país luego de meses de una compleja investigación liderada por el Ministerio Público y la PDI,.
La magistrada a cargo del control de detención consideró que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 120 días,. El caso estalló el pasado 30 de abril, cuando una denuncia masiva en Iquique alertó sobre una supuesta trabajadora estatal que exigía millonarios depósitos para agilizar la entrega de departamentos sociales en Alto Hospicio,.
La caída en el sur: Inteligencia y triangulación
El éxito de la captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Iquique y sus pares de la Región de Los Lagos,. Según detalló el subprefecto Gustavo Sáez, jefe de la Bridec Iquique, la imputada se encontraba en el sector rural de Ensenada, Puerto Varas, donde arrendaba una parcela junto a su grupo familiar intentando pasar desapercibida,.
La labor de la PDI incluyó “labores de inteligencia, análisis de información y triangulación de teléfonos celulares”, lo que permitió rastrear sus movimientos a más de 2.500 kilómetros de donde operaba el fraude,. Para el fiscal Juan Zepeda, la detención fue clave para frenar un esquema que se aprovechaba de personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
El “modus operandi” del engaño masivo
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre 2023 y mayo de 2026, la mujer se presentaba como funcionaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) o como presidenta de comités habitacionales,. Utilizando la estructura de estos comités para infundir confianza, solicitaba transferencias constantes bajo la promesa de cupos en proyectos que resultaron ser falsos,.
El perjuicio económico es cuantioso: se estima que el monto defraudado supera los $400 millones de pesos,. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia:
- Las víctimas pagaban montos que fluctuaban entre los $300 mil y los $12 millones,,.
- La imputada habría cobrado sumas mayores a ciudadanos extranjeros, utilizando como argumento que el cambio de Gobierno dificultaría el acceso a beneficios estatales si no se “agilizaban” los trámites mediante pagos directos.
Un patrón delictivo bajo la lupa
El trabajo de la Fiscalía de Iquique no se detiene con esta formalización. Las autoridades detectaron que el patrón de estafa coincide con el de una banda que operó hace un par de años en la zona, cuyo líder ya se encuentra cumpliendo condena,. No se descarta que la imputada haya contado con la colaboración de terceros, arista que hoy forma parte de las diligencias reservadas del Ministerio Público,.
“La investigación sigue en desarrollo y no se descarta la aparición de nuevas víctimas”, advirtió el subprefecto Sáez, señalando que la trazabilidad del dinero será fundamental para intentar recuperar parte de los ahorros de las familias afectadas,. Por ahora, la falsa funcionaria permanecerá recluida en un recinto penal mientras se agotan los peritajes de los dispositivos incautados en su refugio del sur,.
