Andrés López Vergara, En Estrado.
Han pasado dos meses y medio desde que se inició la investigación por presunta prevaricación que involucra a un grupo de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una magistrada del Máximo Tribunal.
El caso partió por una querella presentada a raíz de una decisión que tomó el Pleno del tribunal de alzada capitalino de revocar por vía administrativa el fallo del magistrado Daniel Urrutia en que decretaba el arresto domiciliario y revertía la prisión preventiva de 13 imputados de la “Primera Línea” por razones humanitarias a raíz del Covid-19.
De acuerdo al sistema, de un total de 14 magistrados que integran el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, 7 de ellos se han declarado inhabilitados para tramitar el proceso judicial que es indagado por el Ministerio Público.
Se trata de Mario Cayul, Carolina Gajardo, Darwin Bratti, Marcia Figueroa, Jaime Fuica, Freddy Cubillos y Carla Cappello.
Al ver esta situación, el defensor público de los magistrados del tribunal de alzada capitalino, Octavio Sufán, solicitó al tribunal que “se ponga en inmediato conocimiento del presente escrito y su proveído a todos los jueces de vuestro tribunal 2. Que de conformidad con el artículo 199 del COT, ‘tan pronto como tengan noticia’, hagan constar en el proceso si concurre causal de inhabilidad, sea del artículo 196 Nª 9 o por cualquier otra causal”.
“Como puede apreciarse, tres jueces (posteriormente se sumaron otros 5) de vuestro tribunal han manifestado su inhabilidad para conocer la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 N° 9 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone: artículo 196 N° 9: Haber el juez declarado como testigo en la cuestión actualmente sometida a su conocimiento. Por su parte, el artículo 199 del COT dispone que los jueces que se consideren comprendidos en alguna de las causas legales de implicancia o recusación, deberán tan pronto como tengan noticia de ello, hacerlo constar en el proceso, declarándose inhabilitados para continuar funcionando. Como es de conocimiento, además de esta sede penal, existe un procedimiento sumarial ROL I-3-2020, donde se ventilan buena parte de la cuestión sometida al conocimiento de este tribunal en estos antecedentes”, indica.
defensoria inhabilita
