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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Que, vengo en solicitar a VS., según lo estatuido en el artículo 10 del Código Procesal Penal, se sirva fijar de manera urgente audiencia de cautela de garantías, con el fin de poner remedio, a una eventual infracción del artículo 1 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 159 y siguientes del Código Procesal Penal”.
Así comienza el escrito presentado por el defensor penal público, Octavio Sufán, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que busca terminar con la investigación por presunta prevaricación que involucra a un grupo de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una magistrada del Máximo Tribunal.
El caso partió por una querella presentada a raíz de una decisión que tomó el Pleno del tribunal de alzada capitalino de revocar por vía administrativa el fallo del magistrado Daniel Urrutia en que decretaba el arresto domiciliario y revertía la prisión preventiva de 13 imputados de la “Primera Línea” por razones humanitarias a raíz del Covid-19.
En el escrito, Sufán también solicita que “en la misma audiencia que se fije para discutir la cautela de garantías, se permita discutir el sobreseimiento definitivo de la presente causa, en virtud, de lo estipulado, en el artículo 250 del Código Procesal Penal, en relación a lo estatuido en el artículo 93 letra f) del mismo cuerpo legal ya citado”.
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