Presidente de la Corte Suprema: “Las negociaciones y acuerdos, sin la asesoría que brindan los profesionales del derecho, pueden ser un mal remedo de justicia y solo producirán malestar”

Andrés López Vergara, En Estrado

“Nuestra profesión no goza siempre de ‘buena fama’ ante el público y, de hecho, para la mayoría de las personas, los abogados son seres distantes, que parecen dispuestos a cobrar cuantiosos honorarios gracias al dominio de un lenguaje alambicado y opaco para la gente común. En contraste con el médico, que puede aliviar dolores o curar patologías; o en contraste con el ingeniero, que construye puentes o edificios que la gente utiliza todos los días, los beneficios de la profesión legal son mucho más silenciosos, probablemente menos apreciables y poco visibles”.

Así comienza el discurso realizado ayer por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, titulado “La Justicia Negociada” que realizó en la ceremonia de juramento de nuevos abogados.

Agregó que “esto se debe a que la abogacía es una profesión que se enfoca en situaciones poco gratas, básicamente, en los conflictos. Y entonces, se percibe que las y los abogados solo aparecen cuando hay problemas. De ahí que en el imaginario se vincula a los abogados con las disputas y las malas noticias. Pero, sin embargo, dada la condición humana, los conflictos son inevitables, son un aspecto inherente a la vida social tal como la conocemos, particularmente en ambientes democráticos y de libertad”.

Negociación

Silva apuntó que los abogados en muchas ocasiones deberán llegar acuerdos con las partes, sobre todo en casos como término de vínculos matrimoniales, del despido de un trabajador incumplimiento de contratos, las discusiones en una sucesión hereditaria testada o intestada; y los casos de imputación de conductas que revisten caracteres de delito.

“De este modo, parece previsible que al prestar servicios legales deberán destinar importantes energías y horas al estudio de ofertas de su contraparte y proponer concesiones recíprocas, que sean aceptables para ambas partes, con el fin de alcanzar una solución cooperativa del conflicto que, como es sabido, puede canalizarse en múltiples formas, como sucede en una transacción, un avenimiento o un acta de conciliación. La justicia, entonces, muchas veces es una justicia negociada, vale decir, es el fruto o resultado de la negociación y el acuerdo logrado por las propias partes que integran lo debatido, evitando así recurrir a la jurisdicción o al menos prescindiendo de la sentencia firme de un tribunal”, señala.

Indica que “sin embargo, según un importante sector de la doctrina, estos mecanismos de justicia negociada adolecen de numerosos defectos. En primer lugar, tienen un enorme potencial coactivo, ya que puede suceder que el imputado acepte los hechos y renuncie al juicio oral, únicamente por la amenaza de que en el juicio se le pueda imponer una pena mucho más gravosa. Lo anterior podría conllevar a prácticas estratégicas por parte de los persecutores, en que agraven o aminoren discrecionalmente los cargos, para forzar la aceptación de la propuesta; y también por parte de los defensores, que pueden tender a instar al cliente a la renuncia del juicio, si es que el esquema de honorarios pactado les beneficia”.

Riesgos

“Estos riesgos propios de la justicia negociada no son exclusivos del ámbito penal, pues cualquiera sea el tipo de conflicto, mientras las personas tengan poca o mala información acerca de qué derechos les asisten o de lo más o menos probable que puedan ser ellos probados en juicio, están más expuestas a aceptar condiciones desventajosas producto de la asimetría de recursos o información que tuvieren con su contraparte. Sabemos que las soluciones alternativas no se guían necesariamente por el derecho, y pueden dar lugar a respuestas distintas, y eso no hay que desconocerlo”, manifiesta.

El presidente de la Corte Suprema plantea que “es en este punto en que quiero centrar ahora la atención. Los mecanismos negociados no son una medicina bien administrada si las personas que intervienen no cuentan con la asesoría técnica especializada. Las negociaciones y acuerdos, sin la asesoría o consejos pertinentes, desde ya la que brindan los profesionales del derecho, pueden ser un mal remedo de justicia y solo producirán malestar y desconformidad en las personas que verán sus derechos reducidos a la capacidad individual de negociación”.