Andrés López Vergara, En Estrado.
“Me tocó una presidencia muy difícil, muy complicada. Siempre pensé que iba a ser así, pero con motivo del Estallido Social. Nunca me imaginé la existencia de esta pandemia. Y eso alteró todos mis planes, mis proyectos de Presidencia se terminaron y tuve que preocuparme de otras cosas que nunca imaginé, como el teletrabajo, ver los tribunales y la Corte Suprema vacía”, reflexiona Guillermo Silva en su despacho.
Una barrera en el borde del mueble marca el límite. Las medidas sanitarias se aplican en todo el Palacio de Tribunales. El presidente de la Corte Suprema mira hacia la ventana y reflexiona: “Afortunadamente, con la Ley de Tramitación Electrónica y el sistema de teletrabajo, ya habíamos ensayado y eso nos facilitó mucho las cosas. Me tocó una presidencia anormal, pero hemos sobrevivido y con los medios que contamos, hemos hecho mucho”.
En diciembre termina su mandato de dos años que asumió en 2020 y los últimos meses de su gestión no han sido tranquilas. Desde hace más de un año que el Poder Judicial viene alertando del colapso que se generará tras el término del estado de excepción, provocado por las miles de causas acumuladas que mantienen extensos retrasos a raíz de la pandemia. Una fecha límite que se acerca. Todo esto marcado por las elecciones presidenciales en noviembre, y de la nueva autoridad del Poder Judicial, en diciembre.
La semana pasada el Pleno del Máximo Tribunal le manifestó su molestia a los ministros de Justicia y Hacienda. La razón: no hay acuerdo sobre la forma en que se nombrarán los jueces transitorios que se necesitan designar para lograr sacar adelante los procesos. Silva dio una entrevista a En Estrado en que relató ese tira y afloja con el gobierno, así como el impacto de las críticas realizadas por el juez Daniel Urrutia en la Convención Constitucional al rol de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones durante la dictadura y el Estallido Social, en referencia a que no habrían paralizado el uso de balines por parte de Carabineros. También planteó la idea de la refundación del Poder Judicial.
-¿Cómo ve el horizonte con una ola de casos que se acumularon durante más de un año?.
-El horizonte se viene muy complejo. Por ejemplo, en los tribunales orales penales, la Defensoría se resistió mucho en un comienzo a llevar a cabo la audiencia de los juicios. Se dictó una ley que paralizó los plazos y los avances en las causas civiles. Se nos vinieron los retiros del 10%, que no sé hasta cuándo van a seguir, y eso aumentó la tarea de los juzgados de familia en forma extraordinaria. Entonces, cuando vuelva a una normalidad relativa se nos va a venir un tremendo problema encima, porque se tendrá que reanudar la tramitación de una serie de causas.
-Cuando se termine el estado de excepción, todo tendrá que volver a funcionar más rápido
-Hay muchas causas judiciales estancadas que se nos vienen encima, no sabemos si vamos a ser capaces. Tendremos que serlo no sé a qué costo, porque no podemos trabajar las 24 horas del día, no es humano.
-Si se aprueba un cuarto retiro de los fondos de las AFP y se termina el estado de excepción ¿En ese escenario no habría forma de sacar adelante la tramitación de procesos materia de familia, penal y civil?
-La verdad que con el retiro del 10% debimos que recurrir a medios extraordinarios y logramos salir adelante, pero con un gran esfuerzo de los jueces y funcionarios. Tuvimos que traspasar muchos jueces penales, porque había juicios paralizados, a los tribunales de familia para lograr salir del impacto que nos significó los retiros del 10%. Los parlamentarios no piensan en las consecuencias, piensan en otras cosas…
-¿En reelegirse?
-No sé, usted sabe lo que pienso. Pero sobrevivimos a costa de un esfuerzo muy grande, con mucho sacrificio.
-¿Es una tormenta perfecta si es que se dan esas condiciones?
-Nos estamos preparando para eso. Tenemos una idea, el Ejecutivo tiene otra. Ahí tenemos que consensuar las cosas. En eso tiene que ver mucho Hacienda, porque se necesita un presupuesto.
-En la resolución del Pleno de la semana pasada se evidencia la molestia con el Ejecutivo sobre el nombramiento de jueces para evitar el colapso. El Poder Judicial tiene el mandato de la administración de justicia y, por un tema de fondos o sistema de elección de nuevos magistrados, se puede lesionar el acceso a la justicia de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ustedes están planteando el Gobierno y cuál es la respuesta? ¿Cómo ha avanzado este diálogo?
-Creemos que una cosa es importante. Tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial buscan la misma finalidad: enfrentar bien y superar la etapa que se nos va a venir encima con esta avalancha de causas. Y ahora ¿cómo solucionar eso? Nosotros pensamos que con jueces y funcionarios transitorios, pero sin que sea necesario recurrir a mecanismos legales, porque eso demora y en estos tiempos que estamos con elecciones importantes, no se van a preocupar mucho los otros poderes del Estado de un problema del Poder Judicial. Tenemos que ser francos y realistas. Entonces, le dijimos al Ejecutivo ‘busquemos una forma sin recurrir al mecanismo legal’. El Ejecutivo insistió en su posición, pero todos los problemas se solucionan conversando.
-¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Es la cantidad de jueces o la forma?
-Ellos dicen que si se necesitan jueces y funcionarios transitorios, deben estudiarlo. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos son? Veamos el presupuesto que hay, porque eso es materia de ley. Nosotros le decimos que estamos en tiempos anormales, extraordinarios. Veamos cómo salimos de esto sin recurrir a un proyecto de ley que puede demorar o no salir. Por qué no solucionamos esto con el artículo 47, que establece que cuando se supera un número determinado de causas, el secretario pasa a desempeñar la tarea del juez en los juzgados civiles. Entonces, ahí vamos a tener dos jueces por juzgado, se aumenta al doble la dotación. En materia penal veamos los magistrados destinados, preparemos funcionarios judiciales que tengan ciertos requisitos, que ya lo hicimos una vez, y que se habiliten por la Academia Judicial para que se les designen juicios transitorios por dos años, tres años y salir de este atochamiento que se va a producir.
Agregó: “Entonces el Ejecutivo insiste, y tiene el apoyo de muchos, que eso tiene que hacerse por ley. Esto motivó un intercambio epistolar, pero ya está solucionado. El Ejecutivo tiene buena voluntad para solucionar esto. Incluso, el martes tenemos una reunión de la Comisión creada en la Corte Suprema (que la integra el Presidente del Máximo Tribunal, la ministra Gloria Ana Chevesich y los magistrados Sergio Muñoz y Manuel Valderrama), con el ministro de Justicia para solucionar este y ver cómo van a enfrentar lo que se viene”.
-O sea es un tema de forma, no de cantidad de jueces.
-Claro, pero es un problema trascendente. No es que estemos peleados con el Ejecutivo, ni mucho menos.
-Bueno, pero le mandaron a decir al ministro de Hacienda que estaban molestos porque los dejó plantados. No es una buena señal que no llegue a las reuniones.
-En ese caso nosotros lo que hicimos fue representar eso al ministro de Hacienda, pero ¿qué más podemos hacer?
-¿Qué va a pasar si esto no llega a buen puerto, se levanta el estado de excepción y llega este tsunami de causas?
-Mire, yo le puedo asegurar que el Poder Judicial a costa de muchos sacrificios va a salir adelante. Me he visto enfrentado a problemas peores que estos. Si no nos quieren prestar ayuda y nadie nos copera, sólo nos arreglamos, estamos acostumbrados a hacerlo y lo vamos a hacer, aunque tengamos que estar todo el día en los tribunales.
-¿Pero eso es justo?
-No es justo. Pero ¿qué quiere que hagamos? También nos interesa que la gente sepa que no es culpa exclusiva del Poder Judicial.
-Hay una relación entre poderes del Estado, pero también esto tiene una consecuencia en los ciudadanos porque son sus causas las que se retrasan.
-Hay mucha gente que está incómoda y molesta con esta situación. Tiene el caso de los arrendadores que dicen que los arrendatarios no han pagado la renta, no tienen cómo cobrársela y más encima tengo que pagar las cuentas morosas. O causas penales que no avanzan. Pero para la situación que enfrentamos, estamos saliendo bien, no como debiera ser, pero para las condiciones actuales, lo hemos hecho bien.
“Los jueces tenemos que ser prudentes”
-¿Cómo ha visto este revuelo interno provocado por los dichos del juez Daniel Urrutia?
-Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que opinaba el juez Urrutia, pero no me quiero referir al magistrado porque si algún día llega un proceso disciplinario a la Corte Suprema de él o hay que calificarlo, cualquier opinión que dé podría no quedar en condiciones de intervenir en esos asuntos, pero no comparto su juicio. Yo adhiero plenamente a la opinión que dio sobre el tema de la ministra Chevesich. Los jueces tenemos que ser prudentes, ponderados, no es bueno que un juez ataque a otros magistrados, menos si son superiores jerárquicos, porque eso no corresponde.
-¿Qué opina de que se esté dando esa imagen, una sensación de mucho conflicto interno, todo en medio de la Convención Constitucional?
-Usted vea la opinión de los jueces en las redes sociales. No sé si ha visto la opinión de algún juez que apoye al magistrado Urrutia. Para serle franco, a él no conozco, no lo he visto en mi vida.
-¿La idea de refundar el Poder Judicial les preocupa? Porque eso implica más que una modificación.
-Es indudable que si hay una nueva Constitución, el Poder Judicial va a ser tocado y quizás sea bueno. Tanto es así que nosotros planteamos como material de insumo para la Convención, porque tampoco vamos a intervenir en lo que decidan, que los jueces se aboquen exclusivamente en la materia jurisdiccional, de conocer y resolver litigios, y que todas las tareas de administración y gestión que tenemos actualmente, que nos incomodan, pasen a otro órgano. Eso ya está decidido por la Corte Suprema.
-¿De qué manera se elaboró esa propuesta?
-Costó mucho llegar a eso. Siempre se ha pensado, ya ha pasado en otros países, que estos consejos de la magistratura politizan mucho el Poder Judicial. Nosotros planteamos que eso es fácil evitarlo a través de la integración que tengan en sus órganos. Porque si en éstos van a estar un representante del Senado, de los diputados, del Ejecutivo, indudablemente se va a politizar. Pero ese Consejo puede estar formado por alguien del Poder Judicial, decanos de escuelas de Derecho, representantes del Colegio de Abogados o rectores de universidades. Nosotros queremos que nos saquen todas las actividades de administración y gestión, no tener que ver con los nombramientos ni materias disciplinarias. Es esencial que se mantenga la independencia del Poder Judicial, si no va a ser independiente, se acabó el Estado de Derecho y la democracia.
Coyhaique
-¿Cómo toman el caso de la jueza de Coyhaique, que es indagada por la fiscalía en un caso de presunta violación de secreto y prevaricación vinculado a una causa de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas?
-Nos preocupa que jueces se vean involucrados, sea cierto o no, en este tipo de situaciones.Ese hecho se está investigando. Me habló el ministro de la Corte de esa ciudad para ponerme al día de los antecedentes. Estamos pendientes de la investigación, pero opinión no podemos dar.
-¿Cree que los tentáculos del narcotráfico están tratando de entrar al Poder Judicial?
–Esa es una de las tendencia, una de las cosas que busca el narcotráfico. Tenemos lo que se vivió en Colombia. Es decir, el juez aceptaba una coima o a los días aparecía muerto en las calles. No creo que en Chile lleguemos a eso. Son casos muy aislados. En el Poder Judicial hay muy pocos casos de corrupción y los que se han registrado han sido severamente castigados, como lo que ocurrió en Rancagua. No se toleramos la corrupción.
