Créditos Imagen : Asociación Nacional de Fiscales.
En Estrado.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, entregó el pasado jueves su postura y sus proyecciones sobre el gremio en una entrevista al programa Vía Pública del canal 24 Horas de TVN.
La próxima Convención Constitucional, los delitos por violaciones a los derechos humanos y la reciente decisión de revisar los casos archivados, las cargas de trabajo y enfoques del nuevo directorio fueron los temas analizados.
Respecto de la discusión constitucional que viene este año, Bravo anunció que el gremio prepara la realización de consultas entre sus asociados para elaborar un documentos con las posturas discutidas.
“Nosotros hemos planteado la necesidad de que el Ministerio Público y el gremio de los fiscales participe activamente en la Convención Constitucional, en lo que a nuestro trabajo respecta. Nosotros creemos que es necesario robustecer la autonomía del Ministerio Público, robustecer al Ministerio Público en sí mismo. Creo que en un Estado de Derecho es importante tener una fiscalía que le dé garantías a todos en orden a poder investigar con profundidad, con acuciosidad y con objetividad los hechos constitutivos de delito”, manifestó.
Agregó que “la idea es plantear nuestro punto de vista y en ese sentido ya está decidido un camino que vamos a seguir. Vamos a llamar a una asamblea extraordinaria a todos los asociados. Nosotros somos 755 fiscales de los cuales, cerca de 700 están asociados. Tenemos un alto nivel de asociatividad. Vamos a hacer una convocatoria amplia para que participe todo aquel que quiera participar y generaremos subcomisiones guiadas por un constitucionalista y un profesor de Derecho Procesal Penal del más alto nivel que van a guiar las discusiones de las subcomisiones, luego esto va a ir a un plenario que va a aprobar estas conclusiones o reflexiones que hagan los fiscales y de ahí se va a emitir un documento redactado por estos profesores a fin de que tengamos una presentación seria y de alto nivel académico para luego entregarlo a los convencionales que sean elegidos”.
Casos de DD.HH.
Francisco Bravo también explicó la razón por la cual se archivaron proceso relacionados con violencia institucional vinculada al estallido social.
“Los fiscales tenemos la mejor voluntad de investigar este tipo de causas y otro tipo de proceso. Pero aquí nos encontramos con un fenómeno nuevo. Muchas de estas causas que ingresaban al MP eran caratuladas como’ lesiones’. Cuando uno preguntaba cuántas causas hay en relación con violencia institucional producto del Estallido Social, no había mucha claridad. Porque como no estábamos preparados para recibir ni catalogar ese tipo de causas y tipificarlas adecuadamente, ingresaban con el delito común: lesiones, amenazas, etc. Entonces, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tuvo que hacer un trabajo prácticamente a mano, caso a caso, para ir viendo y levantando la información y ahí se llega a la cifra de 8 mil 500 causas”, indicó.
“Después que la Unidad de DD.HH. levanta toda esta información y efectivamente vemos que estos delitos están vinculados con violencia institucional, se prenden las alarmas y se dice ‘mira, estos no son casos comunes, son casos que tienen que ver con casos de DD.HH.’ y, por lo tanto, aquí viene la voluntad del Fiscal Nacional expresada en su cuenta pública días atrás de crear, por ejemplo, una fiscalía especializada en Derechos Humanos”, dijo el fiscal Bravo.
Finalmente planteó que “ese tipo de delito debe ser investigado, no solamente por mandato constitucional y legal, sino que también por un compromiso del Fiscal Nacional. En consecuencia, lo que hace el Fiscal Nacional es naturalmente hacerse cargo de esas obligaciones. Hay que investigar con la debida diligencia ese tipo de casos. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos personal especializado. Se aplican metodologías especiales en ese tipo de investigaciones”.
Congestión del sistema
El presidente de la ANF indicó que actualmente “hay un déficit importante desde el punto de vista desde el personal y la capacidad instalada en el Ministerio Público hoy no da abasto porque el sistema está congestionado, está viviendo una situación de estrés. Hay un dato que aportó la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que relevó la Asociación de y que el sistema procesal penal para ponerse al día con lo que ocurrió, además de la pandemia, es de aproximadamente dos años, con esfuerzos obviamente, logísticos y de personal”.
“El año 2000 se inició la Reforma Procesal Penal y se han dictado sucesivas leyes y voy a mencionar sólo dos. La ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. Esa ley aumentó importantemente los ingresos a la fiscalía, pero no estuvo aparejada de una mayor dotación de fiscales ni funcionarios. Un segundo ejemplo, la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente que entregó a la fiscalía, la persecución de los delitos de adolescentes rebajando la edad a los 14 años. Eso significó también un tremendo aumento y solamente hubo unos fiscales más”, planteó.
