En Estrado.
Con el objetivo de estandarizar el manejo de osamentas, asegurar una adecuado resguardo y tratamiento de la evidencia, las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, PDI y Carabineros de Chile, firmaron este viernes un protocolo de acción que busca fortalecer el respeto por las y los familiares y seres queridos de las víctimas de desaparición forzada cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
“Esta importante iniciativa establecerá la coordinación institucional a través de una mesa intersectorial para auxiliar la administración de justicia en la búsqueda de víctimas de violaciones de los derechos humanos, lo que significará un avance relevante en ese tipo de procedimiento, reafirmando el compromiso del Estado de Chile ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006”, señala un comunicado del Poder Judicial.
El protocolo fue firmado por presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional (S), Xavier Armendáriz; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yañez y el Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. En la caremonia estuvo -en forma virtual- el ministro coordinador de Derechos Humanos de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
El Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo que “apoyamos los esfuerzos que realizan los funcionarios de las distintas instituciones del Estado y particularmente los judiciales que se comprometen al esclarecimiento de los hechos que terminaron con la desaparición o ejecución de personas cuyos cuerpos aun no son encontrados. El protocolo que se suscribe hoy y las medidas complementarias adoptadas por esta Corte Suprema, proporcionan nuevas y mejores herramientas para un actuar coordinado de las entidades del Estado que colaboran, desde sus propias competencias, en la investigación de casos de desapariciones forzadas. Sin este esfuerzo mancomunado, cualquier paso individual de cada institución será estéril en este trascendental desafío que seguimos teniendo presente”.
La autoridad anunció que “el Pleno de la Corte Suprema dispuso que fuera, en definitiva, una entidad del propio Poder Judicial la que se abocara al proceso de diseño y construcción de un registro automatizado, con el objeto de contar con una base de datos común que facilite captar y compartir información útil para las demás investigaciones y dar respuesta oportuna a solicitudes de información que se formulen a cada una de las entidades participantes de la Mesa Interinstitucional y a los Ministros en Visita Extraordinaria que tramitan este tipo de vulneraciones a los Derechos Humanos
Esta iniciativa permitirá que las instituciones comprometidas emplearán el procedimiento más adecuado para fijar el lugar del hallazgo de una osamenta e identificar sus características, buscando recuperar de manera minuciosa los restos humanos encontrados, junto con las demás evidencias. El hallazgo de un lugar de inhumación no sólo puede contribuir a la posible localización de una persona desaparecida, sino que también a determinar si se ha cometido un delito y, eventualmente, la identidad de los responsables.
La firma de este protocolo se concreta producto de la coordinación de una mesa de trabajo que contó con representantes de otras instituciones como el Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo específico fue establecer un estándar básico de manejo y resguardo del sitio del hallazgo de osamentas.
