Claudio Gálvez Giordano es el defensor regional de la Región de Arica y Parinacota.
Un mínimo razonable de exigir a cualquier sistema de justicia, es que la privación de libertad sea una medida que se aplique sólo a personas que han participado efectivamente en crímenes graves. Cada vez que una persona inocente está privada de libertad por un delito que no cometió, se está evidenciando un error del sistema que exige ser reparado.
Durante el año 2021, más de 1500 personas estuvieron injusta e indebidamente privadas de libertad en nuestro país, por períodos que variaban entre un día y más de 6 meses, pudiendo llegar incluso a dos años. Sólo en nuestra región de Arica y Parinacota fueron 59 personas quienes se vieron en esa situación, a todas luces inaceptable.
Las cifras anteriores resultan intolerables para un Estado de Derecho, y denotan una cada vez más frecuente práctica de la utilización de la prisión preventiva como si fuera una pena anticipada, en circunstancias que se trata de personas imputadas que están siendo investigadas, pero respecto de quienes aún no hay certeza de participación a través de una sentencia judicial definitiva, y a quienes, en teoría la ley presume inocentes.
Las causas de error del sistema deben ser estudiadas, para identificar los espacios de mejora y actuar sobre ellos. La Defensoría mantiene en la página web www.proyectoinocentes.cl identificación y estudios sobre las causas más comunes de privaciones de libertad erróneas, entre las que se cuentan las identificaciones erróneas, confesiones falsas, errores periciales, malas prácticas de agentes estatales, e incluso malas conductas de los propios abogados defensores. También en dicho sitio se pueden encontrar historias de personas comunes y corrientes, que se vieron envueltas en una persecución penal y una privación de libertad indebida, demostrando que es un riesgo que a cualquiera puede ocurrirle, y que por lo mismo requiere pronta y decidida acción correctiva sobre sus causas.
