La exministra de la Corte Suprema abordó el informe policial que alude a la eliminación de antecedentes de su teléfono previo a ser detenida, tildando la prolongación de la indagatoria como una “etapa de rastrojeo”. El peritaje de Carabineros reveló un trasvasije de archivos a un tercero, agendas con coimputados y referencias a pagos en efectivo en sobres, en el marco de la causa que indaga eventuales cohechos ligados al consorcio Belaz Movitec.
En las afueras del Centro de Justicia de Santiago, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez salió al paso de los recientes antecedentes policiales incorporados a la carpeta de investigación en su contra, justificando la eliminación de contenidos de su teléfono celular y cuestionando la extensión de la causa que lidera el Ministerio Público. Ad portas de una audiencia fijada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para discutir el plazo de la investigación y abordar la solicitud de reformalización presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, la exmagistrada desestimó que las conversaciones borradas posean relevancia penal.
“Los mensajes borrados ya no pertenecen a la etapa de investigación, porque son muy posteriores a que yo saliera de mi cargo. Por lo tanto, ya corresponden a mi vida privada”, afirmó la exjueza al ser requerida por la prensa. En la misma línea, al ser consultada por las nuevas diligencias y la ampliación del expediente, Vivanco ironizó manifestando que “me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”, agregando que “creo que se ha extendido demasiado la investigación”. Actualmente, la abogada cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras haber permanecido 133 días en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, beneficio al que accedió el pasado 12 de junio.
El peritaje de Carabineros: “Trasvasije” de archivos y respaldo a un tercero
Las explicaciones de la exsuprema se dan tras conocerse el informe N° 2928 elaborado por Carabineros —documento de 449 páginas remitido el pasado 3 de septiembre a la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer—, el cual analizó el dispositivo móvil que le fue incautado el 25 de enero. De acuerdo con las conclusiones policiales, el 24 de enero, un día antes del procedimiento de incautación, la imputada inició un “verdadero trasvasije de información” vinculada al proceso penal hacia un contacto registrado como “Anvi Martínez”. Para los investigadores, dicha maniobra resulta compatible con la intención de “generar un respaldo externo de dicha información y, posteriormente, eliminar los antecedentes almacenados en su propio dispositivo telefónico”.
El reporte técnico sostiene además que la eliminación de datos constituiría una “conducta reiterada” detectada en diversos aparatos incautados durante el transcurso de la indagatoria. En ese contexto, el informe cita una conversación entre Vivanco y su exabogado defensor Carlos Mora, en la que la magistrada le solicita el reenvío de piezas procesales, querellas y resoluciones. Ante el requerimiento, la propia exjueza le escribió al jurista: “Así los tengo yo también porque ayer borré todo por si me quitaban el teléfono”. Al ser consultada sobre este diálogo, Vivanco sostuvo que el borrado de mensajes responde a motivos de privacidad, señalando que representa “el mínimo cuidado con la privacidad que cada ciudadano puede tener y más aún un abogado”.
Contactos con coimputados, pagos en efectivo y la arista Belaz Movitec
El análisis al dispositivo telefónico permitió establecer que la exjueza mantenía en su agenda los contactos de varios coimputados en la causa, entre ellos Carlos Eduardo Lagos Herrera, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, María Pía Peñaloza López, Mario Vargas Cociña, Sergio Yáber Lozano y Yamil Najle Alée, además de abogados vinculados a sus entornos defensivos. Si bien la pericia no halló el contenido de los chats con dichos personeros, Carabineros detectó indicios técnicos compatibles con interacciones vía WhatsApp, cuya ausencia atribuyeron a borrados manuales o configuraciones de seguridad.
A ello se suman hallazgos sobre coordinaciones con juristas argentinos que la representan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y referencias a pagos en dinero efectivo en dólares que se habrían entregado en sobres, así como la realización de una auditoría contable encargada para justificar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La causa penal persigue la presunta responsabilidad de Vivanco en delitos de cohecho en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, donde la fiscalía sostiene que los abogados Gabriel Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos —en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec— habrían realizado gestiones e ilícitos para beneficiarse de fallos dictados por la Tercera Sala de la Corte Suprema en un litigio contra Codelco. Respecto de los profesionales imputados, la exministra insistió en descartar vínculos de amistad, manifestando que “nunca he dicho que haya sido amiga de ellos, dije que los conocía”, acotando que con Silber solo sostuvo una reunión informal en su inmueble.
