Por Luis A. Vergara Cisterna. Doctorando en Derecho UCEN, investiga la línea de Derecho Penal y Criminología. Abogado, Universidad de La República. Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal, Universidad de Chile.
Enfrentamos con esperanza el futuro, sabiendo que mediante el voto hemos sido capaces de declarar públicamente nuestra adherencia a una sociedad más justa, pluralista y democrática. Es un tiempo para reflexionar acerca de lo que hemos construido como comunidad. Un espacio para evaluar lo realizado y mirar al futuro. El momento preciso para ocuparnos de los grandes problemas del presente: la cárcel -sin duda- está dentro de ellos. Su incomprensible crueldad incita un debate poco deseado, ajeno incluso, pero no menos urgente. Si queremos construir una sociedad de todos, tenemos que incluir a los presos. No podemos seguir alimentando la enfermiza alteridad del presente. Tenemos que romper el círculo vicioso e integrarlos y reconocerlos como parte de la comunidad.
Uno de los aspectos más ingratos en esta materia, durante los treinta años de democracia, ha sido la incapacidad de dictar una ley que regule la actividad de ejecución penal. Se han sucedido innúmeros reclamos, denuncias y quejas que dan cuenta del estado de infra legalidad en el que nos encontramos. Han ocurrido dantescas tragedias (como el incendio en la cárcel de San Miguel) y a pesar de todo, no hemos podido mover a los gobiernos y parlamentarios que, amparados en un estado de cómoda sordera, se inhiben de involucrarse. Comprenden en privado, pero reniegan en público, presos del miedo atroz a la impopularidad y a la perdida de su preciado “capital político”. Ni la constatada inhumanidad de la cárcel los ha sensibilizado.
En uno de los últimos intentos, el Presidente Piñera, al inicio de su mandato, prometió promover una ley de ejecución penal. Lo hizo a través de su Ministro de Justicia quien, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados el 28 de marzo de 2018, expresó que trabajaría en un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, a pesar de la mezquina promesa (pues solo era trabajar en un proyecto), no cumplió y en el proceso menospreció el apoyo que muchos expertos le ofrecieron. Así la promesa se diluyó. El entramado de la burocracia logró disolver el anhelo y nos quedamos sin ley nuevamente. El gobierno se va impune de asumir la responsabilidad por el daño democrático provocado.
La ley penitenciaria no es un capricho de algunos sino una necesidad de todos que impone el Estado de derecho. El problema carcelario requiere atención real y comprometida, pues necesitamos que los derechos fundamentales de las personas encarceladas sean respetados. El entramado político no puede quedar ajeno a tan imperioso llamado. La solución de los problemas penitenciarios en Chile no se logrará con la construcción de nuevas cárceles. Eso solo amplificará el problema. La realidad carcelaria reclama promover sólidas políticas sociales, bajar las tasas de encarcelamiento y erradicar la visión bélica del “delincuente como enemigo”, a quien tenemos que vencer a cualquier costo.
Sr. Presidente Electo, sus palabras de prescindir de la guerra contra el pueblo, como método de gobierno, constituyen un aliciente para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Los privados de libertad son también parte de ese pueblo. No se les debe combatir como enemigos. Es tiempo de trabajar con ellos y que cese la política estatal de venganza, en que el sufrimiento conforma la base esencial de un método espurio de administrar pobreza.
Estamos consientes que la ley no solucionará todos los problemas de la cárcel, pero sin duda constituirá el punto de partida del diálogo democrático que en este tema debemos dar. No se buscan soluciones mágicas del gobierno, sino espacios de participación conjunta en que sumemos los esfuerzos necesarios para buscar vías de solución. La ley penitenciaria no puede esperar.
