Paola Tapia Salas. Profesora Derecho Administrativo Universidad Central de Chile. Abogada de la Pontifica Universidad Católica y Magíster en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso. Exministra de Transportes y Telecomunicaciones, actualmente se desempeña como jefa de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano.
“Construir y habitar. Ética para la ciudad”, es el título con que Richard Sennett, reconocido sociólogo, nos plantea interrogantes sobre ¿cómo deberían ser las ciudades del futuro? ¿Cómo afecta a nuestra vida el entorno urbano en el que vivimos?
Estas interrogantes adquieren aún más vigencia, cuando comienza a redactarse nuestra nueva Constitución y el mundo se estremece aún por los efectos de la pandemia.
Las ciudades reflejan hoy más que nunca nuestra fragilidad, nuestras diferencias y segregación y también aquellos espacios que nos unen y generan encuentros en lo colectivo.
No da lo mismo donde vivimos, estudiamos, trabajamos; incluso el aire que respiramos es distinto dependiendo de la comuna que habitamos y, son esas diferencias, las que nos obligan a plantearnos sobre el diagnóstico, pero también sobre la ciudad que queremos construir.
Nuestra arquitectura jurídica nos debe conducir a una planificación más acertada del país que queremos ser, de las brechas que queremos superar y los puntos de encuentro que buscamos consolidar.
El estudio “Santiago Como Vamos, 2020”, apoyado por nuestra casa de estudios, sobre la percepción de la gestión y calidad de vida, da cuenta de los extensos tiempos de traslado -con 59 minutos promedio- para quienes su destino es el trabajo y de 64 minutos para estudiantes. Adicionalmente, se concluye que la distancia habitual recorrida por las personas en Santiago, en promedio de los 11.9 km, siendo superior a los 120 minutos en comunas periféricas como Quilicura y La Pintana.
En este escenario complejo, precisamente el diagnóstico tampoco acompaña si vemos la incidencia de la pandemia en los sectores más vulnerables, en que la movilidad disminuyó en menor medida. Así por ejemplo, en investigación realizada por científicos de las universidades de Oxford, Harvard y Católica de Chile, se constató que la tasa de letalidad de las comunas vulnerables era tres veces mayor que la de las comunas de mayor nivel socioeconómico, como consecuencia de la pandemia.
Estas limitaciones en la movilidad generadas por la falta y uso del tiempo, así como de recursos económicos y su repercusión en la calidad de vida de las personas, están interrelacionadas con una serie de garantías constitucionales.
En Chile tenemos una oportunidad única de avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos, consagrando desde una perspectiva social y democrática el derecho a la ciudad, considerando, entre otros, la movilidad sustentable, el transporte y la vivienda digna y la participación de mujeres y hombres en el espacio público, destacando el deber del Estado de reconfigurar las relaciones sociales en dicho espacio como igualitarias e integradoras, con mayor autonomía e igualdad para mujeres, personas mayores y niñas, niños y adolescentes.
Si garantizamos con sentido ético el derecho a la ciudad y profundizamos la participación ciudadana, tendremos esa libertad y seguridad, que acompañada con mejores condiciones económicas y de accesibilidad, permitirá no sólo contar con ciudades más justas y equitativas sino el verdadero encuentro en ellas.
