Dr. Jörg Alfred Stippel, académico Doctorado en Derecho Universidad Central.
La legislación chilena conoce varias prohibiciones de militancia política. Como si la política fuese algo peligroso o subversivo para la institucionalidad estatal. La Constitución de 1980 consagra que: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes” (art. 101 párr. 3). Lo que implica ese postulado se concretiza en las respectivas Leyes Orgánicas Constitucionales. En ellas se determina que el personal que integra las Fuerzas Armadas y de Orden no podrá pertenecer a partidos políticos u organismos sindicales (art. 2 párr. 2, Ley 18.948 y art. 2 párr. 2, Ley 18.961).
Hasta normas más recientes, como es la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (1999), contemplan una prohibición similar. Prohíben que en elecciones populares o en los actos que las preceden los fiscales tomen “más parte que la de emitir su voto personal”. Tampoco pueden “participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público” (Art. 63 letra h., Ley 19.640). En el caso de los funcionarios judiciales existe una prohibición similar (art. 323 núm. 2, Ley 7421). Curiosamente los Defensores Públicos no están sujetos a esas limitaciones.
Hoy en día parece importante reconocer que todos los funcionarios, trátese de militares, policías, fiscales o jueces puedan tener una vida más allá de la función que cumplen. Cuando termina su jornada laboral, comienza su vida privada. En esa parte de su existencia deberían tener el derecho a mostrar su interés a promover el bien común. Los partidos políticos no son una fuente de división al interior del país o un simple instrumento de representación de intereses. La propia legislación chilena dispone que la finalidad de los partidos políticos es “contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional” (art. 1 DFL 4 Ley 18.603). Si ese es el rol que cumplen los partidos políticos, ¿por qué se les quiere prohibir a determinados funcionarios a contribuir, incluso en su tiempo libre, al bien común y al interés nacional? Sería importante reconocer su derecho a la participación activa en la política y generar esa transparencia. Partidos que hoy no tienen la pericia necesaria para hacer propuestas de reforma, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, podrían recurrir al conocimiento de sus militantes para elaborar propuestas.
A nivel comparado vemos que, en el caso de las fuerzas armadas de Alemania, el proceso de cambio se dio bajo la idea de los “ciudadanos de uniforme”. En tiempos del Káiser, de la república de Weimar o del nacismo, los soldados tenían prohibidos pertenecer a partidos políticos y participar en reuniones políticas. Hoy, cualquier militar puede inscribirse en un partido político. Incluso se le permite ser activo para su partido, mientras que no lo sea durante sus horas laborales. El Ministerio de Defensa alemán explica que, como ciudadano de uniforme, el soldado se ve a sí mismo como miembro de las fuerzas armadas y como parte de la sociedad. Entiende que cualquier acción social y cívica requiere de una formación histórica y política. Por ello, el ministerio estima, que como ciudadanos de uniforme, los soldados están obligados a educarse políticamente. (https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigung/innere-fuehrung/staatsbuerger-in-uniform)
Desde esa perspectiva es lamentable que la Convención Constitucional haya mantenido la prohibición de participación política para integrantes de instituciones militares. El artículo correspondiente estipula que los integrantes “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular.” (Numeral 86, at. 16 del consolidado del 11.05.2022).
Hoy lo preocupante no es tener supuestamente un ejército de “marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas” (así criticó Pinochet el ejército alemán en 1990). Lo que amenaza a la democracia son funcionarios que no se identifican con los valores de la constitución. Pareciera que especialmente aquellos que, en su tiempo libre y con su militancia política quieren contribuir al funcionamiento del sistema democrático para alcanzar el bien común y servir al interés nacional, no son los peligrosos. Al contrario, la historia chilena ha mostrado que los peligrosos son aquellos que aparentan ser leales con los valores democráticos y no lo son.
