El debate judicial y político sobre las consecuencias del estallido social de 2019 sumó este viernes un nuevo capítulo en el Congreso. El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció la presentación de un proyecto de ley de indulto general diseñado para beneficiar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones que enfrentan procesos judiciales o condenas efectivas por su actuación durante las movilizaciones.
La propuesta, encabezada por el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, surge como una respuesta política a lo que consideran una “deuda que tiene nuestra institucionalidad con sus uniformados”. El argumento central de los libertarios es que los agentes del Estado no actuaron por voluntad propia, sino que cumplieron órdenes para “reprimir al lumpen desatado” y proteger la democracia frente a grupos que buscaban destruir la institucionalidad.
Críticas a la objetividad de la Fiscalía
Uno de los pilares del proyecto es el cuestionamiento directo a la labor del Ministerio Público. El PNL sostiene que los uniformados han sido víctimas de una “persecución implacable por parte de una Fiscalía que evidentemente ha violado el principio de objetividad al que estaba sometida”. En este sentido, Kaiser enfatizó que, mientras el gobierno anterior otorgó pensiones de gracia e indultos a manifestantes, los efectivos policiales han quedado desprotegidos por el sistema legal.
La iniciativa busca separar nítidamente a los manifestantes pacíficos de quienes cometieron actos delictivos, argumentando que el Estado tiene la responsabilidad moral de exculpar a quienes fueron mandatados para restablecer el orden público. Según el texto, la responsabilidad de estas acciones no debe recaer solo en el Presidente de la República, sino que el país completo debe hacerse cargo de las consecuencias legales de haber invocado el uso de la fuerza en 2019.
El caso del capitán Carvajal como detonante
El anuncio de este indulto general coincidió con la entrega del oficial de Carabineros Pablo Carvajal Díaz, quien este jueves comenzó a cumplir una pena de 7 años de cárcel tras ser condenado como autor del delito de apremios ilegítimos calificados. Carvajal, quien fue despedido entre aplausos por adherentes, fue sentenciado por el uso de su escopeta antidisturbios durante los incidentes posteriores al 18 de octubre.
Al respecto, Johannes Kaiser cuestionó la calificación jurídica de los hechos, señalando que la figura de tortura es utilizada de manera arbitraria contra los uniformados cuando estos actúan frente a protestas violentas. “Es hora de avanzar con la ley de indulto general para los uniformados que salvaron nuestra democracia”, afirmó el líder del PNL, haciendo un llamado transversal a los senadores de todas las bancadas para patrocinar la moción que actualmente promueve la senadora Vanessa Kaiser.
La viabilidad del proyecto dependerá ahora de la capacidad del partido para recolectar las firmas necesarias en la Cámara Alta y de la disposición del Ejecutivo, encabezado por el presidente José Antonio Kast, quien previamente se había comprometido a estudiar medidas de esta naturaleza para el sector.
