Bancadas desde la DC hasta el PC ingresaron un requerimiento ante el organismo fiscalizador tras vencerse el plazo para que la secretaría de Estado entregara las 56 resoluciones que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores a la Defensoría de la Niñez. Los parlamentarios exigieron fijar un nuevo término de cinco días hábiles y advirtieron que la persistencia en la reserva acelerará la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
En un nuevo hito de la crisis política y judicial generada por la concesión de reducciones de penas a sentenciados por delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, un bloque transversal de parlamentarios de oposición acudió este martes 3 de noviembre ante la Contraloría General de la República (CGR). La acción colectiva, suscrita por dirigentes e integrantes de bancadas que van desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC), busca que el ente de control determine responsabilidades administrativas e instruya sumarios disciplinarios al interior del Ministerio de Justicia por la negativa a transparentar los actos administrativos expedidos.
El requerimiento se centró en la expiración del plazo otorgado por la Defensoría de la Niñez al ministerio encabezado por Fernando Rabat. Dicho organismo autónomo despachó un oficio formal el pasado 22 de octubre solicitando una base de datos anonimizada, los protocolos aplicados respecto del interés superior del niño y la copia íntegra de los decretos exentos dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, los cuales permitieron la excarcelación de los internos. Pese a que la institución fijó un término de cinco días corridos para la evacuación del informe (el cual venció el 29 de octubre), la repartición gubernamental rehusó proporcionar la documentación requerida.
Requerimiento formal
En el escrito presentado ante la CGR, los legisladores solicitaron formalmente que el organismo fiscalizador intervenga para hacer valer los principios de transparencia y publicidad de los actos estatales. Específicamente, el libelo pide ordenar la instrucción de un sumario administrativo o encomendar al propio Ministerio de Justicia su apertura para delimitar las responsabilidades de las jefaturas que intervinieron en la retención de la información.
De igual forma, la presentación insta a la Contraloría a fijar un nuevo plazo perentorio no superior a cinco días hábiles para que la secretaría de Estado entregue las copias de los 56 decretos de rebaja de condena, disponiendo los resguardos necesarios para proteger la identidad de las víctimas de los ilícitos.
Al fundamentar la presentación, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, recriminó la estrategia de reserva desplegada por la autoridad central. “El Gobierno le negó la información a la Defensoría de la Niñez, le ha negado la información a distintos parlamentarios y parlamentarias, y la pregunta que hoy día tenemos que hacernos es: ¿a quién protegen? ¿Qué ocultan?”, sostuvo el legislador, añadiendo que “existen algunos principios que obligan al ministro Rabat a entregar la información”.
En esa misma línea, la jefa de la bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, enfatizó la obligación legal del Ejecutivo de rendir cuentas ante los órganos fiscalizadores y la ciudadanía, señalando que “aquí el ministro Rabat no se manda solo, tiene una legislación y una norma que cumplir, y este Congreso tiene las facultades para solicitar la información como las tiene la Defensoría de la Niñez”.
El reproche parlamentario y la inminencia de la Acusación Constitucional
La falta de acceso a las resoluciones exentas también generó duras réplicas por parte de las dirigentas del Frente Amplio. La jefa de la bancada oficialista, Emilia Schneider, aseguró que “no vamos a descansar hasta que este gobierno, hasta que el Estado de Chile le dé una respuesta a esas víctimas”. A su vez, la presidenta del partido, Gael Yeomans, remarcó la importancia de transparentar las identidades de los favorecidos para resguardar la seguridad de la población: “para poder proteger a las víctimas, primero las víctimas tienen que saber que su acosador, que su agresor sexual anda dando vueltas por las calles, y esa es la información que estamos requiriendo una y otra vez y que lamentablemente el ministro se escuda, pero no se va a poder esconder para siempre, va a tener que transparentarla y por eso nosotros hacemos esta insistencia, esta vez a Contraloría”.
Desde el Partido Comunista, el subjefe del comité de diputados, Marcos Barraza, calificó de “estratégica, consciente, planificada y deliberada” la demora en la entrega de las carpetas, cuestionando la permanencia del titular de la cartera en las discusiones legislativas del Congreso: “la presencia del ministro Rabat en el Congreso es perturbadora para el sistema político y para la ciudadanía. Perturba que una persona que ha sido responsable de la liberación de 56 violadores sexuales siga intentando legislar como si nada hubiese pasado”.
Por su parte, el subjefe de la bancada del Partido Socialista, Nelson Venegas, planteó que ante el agotamiento de las vías de fiscalización ordinarias corresponde acelerar el libelo acusatorio contra el secretario de Estado. “Hemos agotado todas las instancias; lo lógico es que recurramos a una acusación constitucional. Y con ello, lo que estamos haciendo es recoger el reclamo de la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos que saben que lo que está ocurriendo es dramático porque sobrepasa la política tiene que ver con la humanidad”, aseveró.
Finalmente, el representante de la Bancada DC, Javier Muñoz, remarcó que el requerimiento busca encauzar la responsabilidad institucional del gabinete, acotando que “pareciera que el ministro de Justicia se manda solo y lo que aquí estamos reclamando, lo que estamos exigiendo con este oficio que estamos ingresando en esta jornada, con los antecedentes que se están expresando, es que el ministro se haga responsable de sus actos”.
