El Ministerio Público asumió el esclarecimiento de la adulteración del documento utilizado para dar por finalizados los permisos constitucionales de senadores ausentes. La indagatoria penal busca determinar la autoría del escrito y si existió un propósito deliberado de manipular los quórums de votación durante el debate sobre el endeudamiento fiscal en el Presupuesto 2027.
La Fiscalía Regional de Valparaíso acordó el inicio de una investigación penal de oficio para esclarecer los hechos en torno a la eventual falsificación de firma ocurrida al interior del Senado. La decisión del organismo persecutor se produjo tras constatar la existencia de maniobras irregulares en la tramitación de permisos parlamentarios, acción que amenazó con alterar la validez y las exigencias de quórum en votaciones legislativas clave.
El foco de la causa penal asumida por el Ministerio Público apunta a determinar cómo se confeccionó el documento que daba por finalizado el permiso de la senadora Ximena Órdenes (PPD), quien se encontraba fuera del país en comisión oficial acompañando al Presidente de la República en su gira por Asia. A través de una misiva remitida a la mesa directiva de la Cámara Alta, la legisladora aseveró que jamás firmó, solicitó ni autorizó a terceros para gestionar el término de su ausencia legal.
El impacto en los quórums
Entre los antecedentes que deberán ser ponderados por la fiscalía figuran dos versiones sobre el procedimiento empleado para materializar la presunta falsificación. Una de las líneas investigativas apunta al uso indebido y no autorizado de la firma digital o electrónica de la parlamentaria. En tanto, la segunda hipótesis sugiere que la rúbrica manuscrita habría sido extraída o recortada desde un escrito anterior para ser adosada digitalmente en la solicitud de retiro presentada ante la secretaría corporativa.
Desde la perspectiva del ente penal, un aspecto central de la pesquisa consistirá en establecer si la maniobra buscó alterar de manera artificial las mayorías necesarias en la Sala. El ordenamiento reglamentario establece que la vigencia de los permisos constitucionales descuenta a los parlamentarios del total de integrantes en ejercicio, disminuyendo el quórum requerido. En ese contexto, la persecución penal indagará si el ingreso del documento adulterado tuvo por finalidad elevar el cálculo de senadores presentes para hacer caer la aprobación del endeudamiento fiscal debatido en el marco de la Ley de Presupuestos 2027.
La querella paralela
La apertura del expediente de oficio por parte de la fiscalía se articuló con la presentación de una querella criminal interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. La acción persigue la responsabilidad penal del jefe de bancada del Socialismo Democrático, senador Juan Luis Castro, quien gestionó la presentación de los retiros de permiso ante la mesa, así como de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.
Para alimentar el expediente a cargo de la fiscalía, la acción admitida a tramitación solicitó la concurrencia de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) a la sede del Congreso Nacional. Entre las diligencias requeridas figuran el empadronamiento y retiro de los documentos originales, la incautación de correos electrónicos y archivos digitales, la revisión de los servidores de envío y recepción, junto con el análisis pericial de las grabaciones de las sesiones del pleno desarrolladas los días 17 y 18 de noviembre.
A pesar de que la Mesa del Senado restituyó la vigencia de los permisos tras la aclaración de la senadora afectada, la causa proseguirá en la sede penal. Corresponderá a la Fiscalía de Valparaíso tomar declaraciones a los involucrados, encargar peritajes documentalistas y resolver si los antecedentes reunidos justifican solicitar eventualmente el antejuicio de desafuero respecto de las autoridades parlamentarias involucradas en el episodio.




