Tras superar tensiones internas, las bancadas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista acordaron impugnar artículos específicos del proyecto de reconstrucción nacional. La coordinación jurídica, liderada por el abogado Tomás Jordán, se activará una vez que la iniciativa finalice su tramitación en el Senado.
Los partidos de oposición ratificaron este jueves su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto de reconstrucción nacional, también conocido como megarreforma tributaria. La determinación fue sellada tras una reunión entre presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas, quienes analizaron la viabilidad de los requerimientos que se presentarán una vez que la iniciativa sea despachada por el Senado.
El enfoque jurídico de la ofensiva se concentrará en las normas tributarias y medioambientales contenidas en el megaproyecto. Según la declaración conjunta emitida por el bloque, la decisión responde a un análisis técnico sobre la constitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo. Las colectividades manifestaron que “nos asiste la convicción después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, que artículos de este proyecto tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”.
Coordinación jurídica y estrategia procesal
La articulación de los argumentos legales estará a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien dirigirá la coordinación jurídica de los requerimientos que presentarán tanto diputados como senadores. Durante la cita, que tuvo una primera etapa técnica, la senadora Paulina Vodanovic explicó que se consultó la “visión de expertos” para fundamentar el líbelo, buscando asegurar que la presentación cumpla con los estándares exigidos por la magistratura constitucional.
Este acuerdo político-judicial surge en un contexto de fricción interna, marcada por el reciente pacto de los senadores del PPD con el Gobierno sobre la invariabilidad tributaria, la cual se fijó en 10 años bajo ciertas condiciones de inversión. Pese a este descuelgue parlamentario, la directiva del PPD y el resto del bloque opositor decidieron mantener la vía jurisdiccional.
En su cierre, los partidos enfatizaron que continuarán trabajando de forma conjunta, “valorando el diálogo y respetando la diversidad de nuestros partidos”, con el propósito de garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía frente a las disposiciones que consideran contrarias a la Carta Fundamental. Con esta resolución, la oposición busca zanjar las descoordinaciones previas y unificar su postura frente a uno de los proyectos pilares de la actual administración.
