La investigación por el multimillonario esquema de lavado de activos del Tren de Aragua en Chile sumó este martes una diligencia clave en el casco histórico de Santiago. Cerca de las 9:00 horas, tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) arribaron hasta la sucursal de BancoEstado ubicada en la intersección de Huérfanos con Morandé para dar cumplimiento a una orden de entrada e incautación en el marco de la denominada “Operación Tokio”.
El operativo, que se extendió por aproximadamente 40 minutos, se centró en la recopilación de material que pudiese ligar el desempeño laboral de la imputada Rossana Blanco Blanco con las actividades ilícitas de la organización criminal. A diferencia de lo ocurrido la semana pasada en una sucursal de Banco Santander, en esta oportunidad la policía civil se retiró de las oficinas con una caja de cartón con documentos y un bolso de cuero, sin que se reportara de manera preliminar la incautación de equipos computacionales.
Coordinación judicial y peritajes
El trabajo, liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur en conjunto con la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, apunta a desentrañar la red de apoyo que el brazo financiero del Tren de Aragua logró infiltrar en la banca formal. El fiscal regional, Héctor Barros, confirmó que la diligencia se activó luego de que la propia defensa de la mujer revelara, durante la audiencia de formalización de 17 imputados, que esta cumplía funciones de apoyo para BancoEstado a través de un proveedor externo entre enero de 2023 y junio de 2026.
Desde el punto de vista judicial, el retiro de estos elementos busca establecer si existió un aprovechamiento de la posición de Blanco en la entidad financiera para facilitar el movimiento de fondos, o si su rol se limitaba a las acciones de campo de la banda. Por ahora, los antecedentes serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de sus comunicaciones y posibles nexos adicionales dentro del sistema bancario.
Contexto: El rol de la ejecutiva y la caída de la red
Rossana Blanco Blanco, ciudadana venezolana de 45 años, es descrita por los investigadores como una pieza operativa dedicada principalmente a la extorsión y trata de personas. Según la indagatoria, su función dentro de la facción consistía en el cobro de la denominada “vacuna” a comerciantes y en presionar a mujeres para ejercer el comercio sexual bajo amenazas de secuestro.
La imputada se vinculaba a la organización a través de su pareja, Joel David Díaz, quien participaba en las extorsiones a locales nocturnos. Blanco se suma a José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo de Banco Santander también formalizado por colaborar en el blanqueo de capitales.
La “Operación Tokio” ha permitido hasta ahora desarticular un entramado que lavó más de $75 mil millones a través de la conversión de dinero ilícito en criptomonedas y giros hacia Colombia y Venezuela. El origen de este golpe judicial se remonta al hallazgo de un teléfono celular perteneciente a una integrante del grupo apodada “Barbie”, extraviado durante el tiroteo en una parcela de Lampa que dejó cinco fallecidos, dispositivo que contenía toda la evidencia de la estructura financiera hoy bajo proceso judicial.
