La investigación denominada “Operación Tokio”, considerada uno de los mayores golpes al patrimonio del Tren de Aragua en el país, sumó un nuevo antecedente de alta complejidad institucional. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló que entre los imputados formalizados este domingo se encuentra una ejecutiva de BancoEstado, quien cumplía funciones dentro de la estructura orientada al eventual lavado de activos de origen ilícito.
La vinculación de la funcionaria estatal salió a la luz durante el desarrollo de la audiencia en el 10° Juzgado de Garantía de Santiago. Según explicó el persecutor, la propia imputada y su defensa vertieron los antecedentes que confirmaban su cargo dentro de la entidad bancaria. Este hallazgo se suma a la participación ya conocida de José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo en una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago y que, según la fiscalía, facilitaba el movimiento de dineros a través de múltiples cuentas para su posterior conversión en criptomonedas.
El mecanismo de blanqueo y el “tributo” a las fiestas
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el equipo de investigadores de la Fiscalía ECOH, la organización —apodada como “Los Shelby”— logró lavar un monto estimado de $75.500 millones entre los años 2022 y 2025. Los recursos provenían de un amplio abanico de delitos, incluyendo extorsiones, secuestros, explotación sexual y el control territorial de fiestas clandestinas, como la ocurrida en Lampa que terminó con cinco homicidios y que sirvió como punto de partida para esta indagatoria.
La red contaba con una estructura jerarquizada donde los funcionarios bancarios habrían operado en el nivel de los “prestacuentas”, facilitando el ingreso de los capitales al sistema financiero formal para luego ser enviados al extranjero. El destino final de gran parte de estos fondos era Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, uno de los líderes de la banda que se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Colombia.
Resultados de la formalización
Tras la audiencia de cargos por asociación criminal, lavado de activos y extorsión, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para 14 de los 17 imputados, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
En cuanto a los tres detenidos restantes que no ingresaron a un recinto penal, la magistratura dispuso medidas cautelares de arresto domiciliario total para dos de ellos, mientras que una mujer de 80 años quedó sujeta a arresto domiciliario nocturno. El tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días, periodo en el que la fiscalía buscará precisar el alcance de las gestiones realizadas por la ejecutiva de BancoEstado y si existieron otros colaboradores dentro de la banca que permitieron la salida de más de 84 millones de dólares fuera de las fronteras chilenas.
