Lo que para la opinión pública fue una tragedia sangrienta en una parcela de Lampa el 16 de julio de 2024, para el Ministerio Público se transformó en la hebra que permitió desmantelar el engranaje económico más sofisticado del Tren de Aragua en Chile. La denominada “Operación Tokio” (bautizada así en referencia a la discoteca de lujo que el líder de la banda, “Niño Guerrero”, mantenía en el penal venezolano de Tocorón) culminó este martes con la detención de 19 personas y el golpe más contundente al patrimonio de la organización criminal.
La génesis en el sitio del suceso
El desbaratamiento de esta célula no fue fortuito. Según consignan los antecedentes judiciales, tras el quíntuple homicidio en Lampa, la PDI logró incautar un teléfono celular y recoger declaraciones de asistentes que revelaron un dato clave: el crimen estuvo motivado porque el evento no contaba con la “autorización” de la cúpula de la banda. El análisis de estos dispositivos permitió establecer una estructura piramidal liderada desde Bogotá por Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, quien coordinaba desde la cárcel a jefes de plaza, brazos operativos y, lo más relevante, una red de testaferros dedicados al ocultamiento de activos.
En el barrio Bellavista de Santiago, la banda operaba bajo un régimen de terror sobre los locatarios, a quienes les imponían el pago de la denominada “vacuna” para permitirles funcionar. Cuando las víctimas se resistían, la violencia escalaba desde hostigamientos y visitas intimidatorias hasta disparos contra los locales e inmuebles.
Infiltración en la banca y blanqueo masivo
El ingrediente más crítico de esta investigación penal es la captura de José Carlos Pérez Asencio (33), ejecutivo venezolano que se desempeñaba desde hace seis años en la casa matriz del Banco Santander. Su rol, lejos de ser secundario, era “fundamental” para la viabilidad del esquema: Pérez era el encargado de abrir y operar “cuentas puente” donde se depositaba el dinero de extorsiones y el tráfico de drogas, moviendo los fondos rápidamente hacia el extranjero o convirtiéndolos en criptomonedas.
El subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, detalló que el ejecutivo actuaba conforme a las instrucciones del mando operativo, sin que existan antecedentes de que lo hiciera contra su voluntad. A través de este mecanismo, que incluía una productora de eventos como fachada, la célula habría logrado lavar montos que oscilan entre los $78 mil millones y los 85 millones de dólares.
Resultados y formalización
El fiscal regional Héctor Barros valoró el éxito del procedimiento, señalando que “es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo resienten que, en el fondo, es en el patrimonio”. Durante los allanamientos, que incluyeron la sucursal bancaria en calle Agustinas y domicilios de lujo donde los imputados solían exhibir sus ganancias en redes sociales, se logró congelar 140 cuentas y decomisar US$ 370 mil en billeteras virtuales.
Los 19 detenidos —varios de los cuales mantenían residencia legal en Chile— enfrentarán su audiencia de formalización este domingo 7 de junio. El Ministerio Público les imputará cargos por lavado de activos, asociación ilícita, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de drogas, en una causa que pone en jaque los protocolos de cumplimiento de las instituciones financieras frente a la penetración del crimen organizado transnacional.
