El imputado, arrestado en la Región de Coquimbo, fue formalizado por acceso ilícito y receptación de datos de entidades públicas como el Servel, Sernac, Fonasa y la Tesorería General. Debido a su condición de adolescente al momento de cometer los hechos, quedó sujeto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, decretándose en su contra las medidas de arraigo nacional y vigilancia.
Una investigación desarrollada por la Fiscalía Supraterritorial y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la desarticulación de una estructura criminal dedicada a la obtención, sistematización y comercialización masiva de datos personales en el país. Las pesquisas, denominadas “Operación Rutify”, permitieron la detención en la Región de Coquimbo de un joven de 18 años sindicado como el líder y administrador de la plataforma informática homónima. El arresto se concretó tras una indagatoria de cuatro meses que se inició formalmente en mayo de 2026, a propósito de las sucesivas filtraciones masivas de datos y registros que comenzaron a hacerse públicas en la discusión nacional.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público y la policía civil, el grupo delictivo operaba mediante una estructura por fases que comenzaba con el uso de programas maliciosos para sustraer credenciales de acceso de funcionarios, tomar el control de cuentas institucionales y exfiltrar bases de datos de manera masiva. Posteriormente, la información sustraída era consolidada, organizada y puesta a la venta a través de diversos canales digitales o utilizada para extorsionar a las víctimas. El listado de entidades afectadas por estos ciberataques de carácter sistemático incluye al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Municipalidad de Las Condes ,particularmente Seguridad Las Condes, la Tesorería General de la República, el Instituto de Previsión Social (IPS), Fonasa y la Secretaría de Gobierno Digital, además de diversas compañías privadas.
Uno de los hitos técnicos de la indagatoria apunta al compromiso detectado en el Servicio Electoral (Servel). Según estableció el Cibercrimen de la PDI, los intrusos vulneraron específicamente el portal “CDOMEX” de dicho servicio, donde instalaron una herramienta de persistencia digital orientada a permitir un acceso remoto encubierto y continuo al sistema intervenido. El fiscal jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, explicó que la plataforma “Rutify” servía precisamente para reunir, ordenar y disponibilizar a terceros todos estos datos reservados correspondientes a ciudadanos chilenos.
Durante la audiencia de formalización de cargos celebrada este miércoles, la fiscalía imputó al adolescente la autoría en los delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos e interceptación ilícita de datos, además de la receptación de datos informáticos, figuras penales contempladas en la Ley N.º 21.459. No obstante, debido a que el imputado ejecutó la mayor parte de las acciones delictivas siendo menor de edad, su situación procesal quedó estrictamente supeditada a las normas de la Ley N.° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Por esta razón, el tribunal decretó en su contra las medidas cautelares de arraigo nacional y la sujeción a la vigilancia del Centro de Reinserción, descartándose la solicitud de internación provisoria. El fiscal Orellana precisó que el marco de penalidad atenuado de la legislación adolescente impedía técnicamente solicitar una privación de libertad preventiva de mayor intensidad.
Por su parte, el jefe nacional del Cibercrimen de la PDI, subprefecto Marcelo Wong, destacó el apoyo prestado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y las propias entidades afectadas durante la fase indagatoria. Tras la realización de allanamientos que permitieron incautar diversos dispositivos tecnológicos y soportes digitales en el domicilio del sospechoso, los peritos informáticos se concentrarán ahora en realizar análisis forenses a los equipos incautados. Estas pericias buscan establecer la correlación de los eventos digitales, dimensionar qué cantidad de información sensible de los organismos públicos quedó efectivamente expuesta y determinar la participación de otros eventuales involucrados en la red delictiva.
