La bancada gremialista solicitó al Ejecutivo otorgar máxima urgencia al proyecto que fija en 13 años la responsabilidad penal adolescente. La propuesta también busca que los mayores de 16 años con antecedentes por delitos graves sean juzgados bajo el régimen de adultos, en medio de la conmoción por el homicidio de un niño de 12 años en la zona sur de la capital.
La bancada de diputados de la UDI intensificó este martes sus gestiones ante el Gobierno para acelerar la tramitación de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La solicitud, encabezada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, junto a los integrantes de la Comisión de Seguridad, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, surge como respuesta al asesinato de un niño de 12 años ocurrido la semana pasada en San Bernardo, hecho que ha reabierto el debate sobre la suficiencia de las herramientas legales para perseguir el delito juvenil.
El proyecto, cuya presentación original data de julio de 2018, propone dos cambios estructurales al sistema de justicia: en primer lugar, disminuir la edad de responsabilidad penal desde los 14 a los 13 años. Como segunda medida, se plantea que aquellos mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social puedan ser juzgados y sancionados como adultos.
Un diagnóstico basado en la evolución delictual
Los legisladores fundan su requerimiento en la creciente sofisticación de la delincuencia juvenil. Según cifras del Ministerio Público consignadas por los parlamentarios, existe una tendencia al alza en la vinculación de menores con bandas organizadas: de 4.158 casos registrados en 2022, la cifra escaló a 4.966 durante el año 2024. Al respecto, los diputados advirtieron que “la participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante”, señalando que las estructuras delictivas utilizan a adolescentes debido a que estos enfrentan consecuencias penales menores.
En su argumentación, los parlamentarios recalcaron que el país no puede seguir enfrentando la crisis de seguridad con mecanismos que “fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos”,. Según recalcaron en un comunicado oficial, “una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos”.
El impacto del caso San Bernardo
El detonante de este nuevo impulso legislativo fue el violento asalto registrado en San Bernardo, donde un niño de 12 años falleció tras ser arrastrado por el vehículo familiar durante una “encerrona”. El grupo de delincuentes, que incluía a menores de edad, huyó con el automóvil sin advertir que la víctima había quedado atrapada en el cinturón de seguridad, provocando su deceso tras ser desplazado por varias cuadras.
Frente a la gravedad de los hechos, la Cámara de Diputados ya dio una señal política al aprobar un proyecto de resolución —con 77 votos a favor— para que el Presidente José Antonio Kast agilice la discusión de la norma. En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se iniciaron conversaciones con la cartera de Justicia para analizar la viabilidad técnica de la rebaja de edad.
Finalmente, los parlamentarios también pidieron dar celeridad a una iniciativa que busca impedir que los antecedentes penales de menores sean eliminados al cumplir los 18 años. El objetivo es que el historial delictual sea considerado por los tribunales una vez que el sujeto alcanza la mayoría de edad, ya que la normativa actual, según los diputados, “dificulta establecer si una persona es reincidente al alcanzar la mayoría de edad”.
