En una acción coordinada, las bancadas de izquierda y centro-izquierda confirmaron el ingreso de tres requerimientos ante el TC para frenar apartados clave del proyecto de Reconstrucción Nacional. La controversia jurídica apunta a la invariabilidad impositiva y la flexibilización de las normas medioambientales, mientras la Cámara de Diputados se apresta a votar el texto este martes en medio de la incertidumbre por la postura del Partido de la Gente (PDG).
La tramitación de la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast entró en su fase de definiciones, incluido el ámbito judicial. Tras una reunión sostenida este lunes en la sede del Partido Socialista, presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas zanjaron la presentación de tres escritos ante el Tribunal Constitucional (TC). La estrategia busca impugnar la constitucionalidad de la norma antes de su despacho definitivo, bajo la premisa de que el proyecto vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico chileno.
De acuerdo con lo detallado por los parlamentarios, se ingresará un escrito por parte de los diputados y dos por parte de los senadores. Estas acciones son complementarias y se centran en dos ejes principales: la invariabilidad tributaria, que otorga certezas fiscales prolongadas a grandes inversionistas, y las modificaciones a las normas medioambientales, específicamente en lo que respecta a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Los puntos de quiebre constitucional
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la oposición sostiene que la reforma no cumple con los estándares exigidos por la carta fundamental. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, explicó que los escritos buscan hacer presente que “esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional” y que la acción no responde a una valoración política, sino al “cumplimiento de nuestra Constitución”.
Por su parte, el oficialismo ha intentado desestimar la potencia del requerimiento. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), argumentó que los cambios introducidos en el Senado dificultan la impugnación de la invariabilidad tributaria, ya que ahora se incorporó un “peaje” o costo asociado para acceder a dicho beneficio, lo que a su juicio desmorona la tesis de un privilegio arbitrario. Sin embargo, la oposición mantiene su postura, señalando que el objetivo final de la presentación ante el TC es “proteger a las familias trabajadoras” frente a lo que consideran una vulneración de derechos.
El escenario en la Cámara y el factor PDG
Mientras se afinan los detalles de los requerimientos, la sala de la Cámara de Diputados se prepara para votar el proyecto en su tercer trámite legislativo este martes al mediodía. En el oficialismo existe confianza, pero todas las miradas están puestas en los 14 diputados del Partido de la Gente (PDG), quienes tienen la llave para la aprobación final o el paso a una comisión mixta.
El PDG ha manifestado reparos técnicos en puntos sensibles que no contarían con su respaldo unánime, tales como el fin de la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y la propuesta de indemnización estatal a aquellas inversiones que sean rechazadas por razones ambientales. De no alcanzar un acuerdo, el proyecto podría derivar en una comisión mixta, lo que, en palabras del diputado Raúl Leiva (PS), otorgaría plazos adicionales para promover los requerimientos ante el TC antes de la promulgación de la norma.
Por ahora, el gobierno cuenta con la opinión de expertos como la expresidenta del TC, Marisol Peña, quien ha declarado que el proyecto de reconstrucción “no corre peligro en el Tribunal Constitucional”. No obstante, el bloque opositor, liderado por figuras como el presidente del PPD, Raúl Soto, y la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, reafirmó que actuarán “absolutamente unidos” para agotar las instancias legales que aseguren el ajuste de la megarreforma al marco constitucional.
