El Ministerio Público insiste en que una errónea valoración de la prueba impidió un veredicto condenatorio contra Patricio Contesse y los demás absueltos. Tras el término de los alegatos, el tribunal de alzada fijó un plazo máximo de 30 días de estudio para resolver si anula el proceso o ratifica la absolución de los imputados.
Tras cuatro jornadas de alegatos ante la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la arremetida del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para anular la sentencia absolutoria del caso SQM ingresó a su etapa de definición. Con el cierre de las réplicas de las defensas este viernes, los ministros del tribunal de alzada establecieron un plazo máximo de 30 días para estudiar los antecedentes y fijar la fecha en que darán a conocer su resolución, la que determinará si se realiza un nuevo juicio oral o si queda firme la absolución de todos los acusados.
El diseño estratégico de la Fiscalía, encabezado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, apunta a demostrar que las juezas del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago incurrieron en errores graves, sesgo e imparcialidad al ponderar la prueba producida a lo largo de las 560 sesiones que duró el juicio. En su argumentación, la persecutora sostuvo que el tribunal de primera instancia omitió y analizó de manera aislada testimonios de funcionarios policiales, fiscalizadores e informes documentales que resultaban fundamentales para configurar los delitos de cohecho y delitos tributarios. Según el planteamiento del organismo persecutor, el análisis adecuado y conjunto de esa evidencia “hubiese conducido al resultado condenatorio”. Asimismo, la Fiscalía descartó que la dilación del proceso o la vulneración del derecho a un juzgamiento en un plazo razonable constituyan motivos válidos para fundamentar una absolución.
Por su parte, las defensas salieron al paso del intento por reabrir la causa y acusaron al Ministerio Público de desnaturalizar el recurso de nulidad, pretendiendo utilizarlo como si fuera un recurso de apelación para reexaminar la prueba. El abogado Samuel Donoso, representante del exgerente general de SQM, Patricio Contesse, fustigó la postura del ente fiscalizador señalando que “Lo que hay es un cuestionamiento a la valoración de la prueba y eso es un recurso de apelación, no de nulidad”. Junto con recordar que su representado de 74 años lleva 11 años y medio enfrentando el caso, Donoso cuestionó la ausencia de evidencias concretas sobre las imputaciones de cohecho. “No hay en el recurso una sola referencia a una prueba de que nuestro representado ofreciera o consintiera en dar un beneficio con la finalidad de obtener un acto funcionario determinado”, remarcó el jurista, añadiendo que “esta sentencia no es una mesa de una pata”, en alusión a la multiplicidad de razonamientos jurídicos y fácticos que sostienen la absolución dictada en octubre de 2025.
A las objeciones a la estrategia fiscal se sumaron las defensas del exministro Pablo Longueira y del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, lideradas por los abogados Ignacio Sotomayor y Ciro Colombara, quienes recalcaron que las supuestas fallas probatorias no alteran el fondo del fallo ni justifican someter nuevamente a los imputados a un juicio. En paralelo, la resolución de este recurso coincide con el frente judicial que enfrenta el propio Donoso, quien tiene fijada para el próximo 11 de diciembre una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la que solicitará su sobreseimiento definitivo en la arista por presuntas irregularidades en nombramientos judiciales que instruye la fiscal Perivancich. Así, la definición sobre el futuro del caso SQM quedó radicada en la decisión que adopte la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 30 días fijado para su estudio.
