Veinticinco años de vigencia tiene la reforma procesal penal y la realidad delictual, capacidad de fuego, poder económico y sofisticación del crimen nacional y transnacional que hoy enfrentan el sistema de justicia, la persecución criminal, el régimen penitenciario y los auxiliares técnicos de apoyo a su gestión (PDI, Carabineros, SML, SRC, GENCHI, etc.) no están en posición de enfrentarla manteniendo el régimen jurídico – procesal penal y penitenciario desperdigado y muchas veces inorgánico y disfuncional que nos regla.
Un centro de estudios ha publicado la segunda versión de su Indicador Nacional de Crimen Organizado 2022-2024, destacando que ingresaron al Ministerio Público 86.323 hechos delictivos relacionados con crimen organizado, un 21,6% más que en 2023. Los delitos con mayor presencia en 2024 son los de corrupción (mayor alza de casos ingresados, con un aumento de 690% respecto de 2023), seguido por la ciberdelincuencia (+92,5%) y por los delitos asociados a armas (+79,7%).
Y en paralelo, los delitos más comunes -pero no menos violentos- como robos con fuerza, “turbazos”, hurtos, “encerronas” o “abordazos” que sufre el ciudadano de a pie y que pasan por el sistema, terminan con un aumento en más de un 20% de “imputado desconocido” respecto de 2023, según decía a principios de año una alta funcionaria de la división de estudios de la Fiscalía Nacional, agregando que “mayoritariamente, en un 75% ello se debería al nuevo tipo penal de uso malicioso de tarjetas de crédito y estafas”.
Otras voces dicen que podría deberse al incremento de la criminalidad foránea. Súmese las más de 23 bandas extranjeras con presencia en las cárceles de Chile, esparcidas por todo el país, y el semi control de facto que desde allí ejercen, en un entorno seguro, sobre algunas calles y otros grupos delictivos más débiles, conforme estudios recientes de expertos en inteligencia recogidos en prensa. Para qué hablar de las devastadoras cifras de menores delincuentes violentos reclutados día a día como carne de cañón de las bandas que a diario no trepidan drogados en golpear ancianos, embarazadas, niños o secuestrar -con uso de armas- como forma de validación.
En este contexto, que en un juicio oral un fiscal entrenado, como recurso fiscal caro y escaso que es, permanezca largos días leyendo prueba documental al final de la audiencia, que todos conocemos desde la preparación, estirando -artificialmente- los plazos del juzgamiento; que los actores públicos o privados no usen las convenciones probatorias; que los tribunales de garantía no excluyan “prueba” impertinente o de contexto que suele ser relleno; que el exceso de carga administrativa y las murallas chinas entre policías; la falta de uso intensivo de la inteligencia digital y de las leyes sobre crimen organizado y de delitos económicos de una manera sistemáticamente integrada, y que la aplicación de las reglas de procedimiento deje de ser -en la mayoría de los casos- una cinta transportadora o una “justicia de microondas” tibia por fuera y fría por dentro, como le pasa a quienes esperan años un informe de lesiones del SML o una orden de investigar de las policías en los casos anónimos, no habrá un poder de respuesta real contra el nuevo crimen y sus capacidades, ni explicaciones serias para la sociedad y -menos- para las víctimas.
En dictar leyes de urgencia, sépanlo los candidatos a la Presidencia, o en llenar plantas de uno u otro Ministerio que actúe desarticulado, recuérdenlo las autoridades salientes, y sin una eficiente cooperación internacional con las agencias con mayor cobertura global, se puede ir un tiempo que no se recobrará.
Hay que modificar holísticamente el sistema penal y carcelario con gente que tenga conocimiento real y probado. No se puede seguir con el esquema de hace 25 años, porque -sencillamente- quedará más superado todavía y, lo que es peor, convertido en un gran archivo de fracasos.
Juan Carlos Manríquez Rosales.
Abogado, socio de MBCIA
