José Antonio Henríquez Muñiz. Abogado, Defensor Penal Público Licitado y Director Ejecutivo de Asociación Pensamiento Penal Chile.
La Constitución de 1980 establece en su artículo 3º que Chile es un Estado unitario, indicando principios tales como la descentralización, la desconcentración y el fortalecimiento de las regiones para que exista un desarrollo equitativo y solidario entre aquellas. Lamentablemente este ideal constitucional no ha rendido frutos en nuestro país, sino que, por el contrario, el crecimiento del país ha sido desequilibrado e inequitativo en los últimos 40 años.
En el año 2019, el Instituto Chileno de Estudios Municipales entregó los resultados del Tercer índice de Desarrollo Regional. Dicho estudio mostró que, considerando 32 variables que consideraban temáticas sobre educación, medioambiente, bienestar, actividad económica, entre otras materias, las regiones de Chile tienen indicadores de crecimiento extremadamente disímiles. Mientras las regiones de Magallanes, Metropolitana y Valparaíso lideraban el ranking con los mejores índices, las regiones de Araucanía, Maule y O´Higgins se encuentran en los 3 últimos peldaños. Las diferencias son profundas y evidentes. Asimismo, si hablamos de pobreza multimensional (indicador que mide las carencias de la población en derechos básicos como salud, habitación, alimento, entre otros factores) de acuerdo con las cifras que entregan los indicadores Habits de AIS GROUP, la Araucanía se enmarca como la región con mayor pobreza con un 22,3%, seguida por Los Lagos con un 20,7% y Los Ríos con un 19,5%. A su vez, Santiago tiene una cifra de pobreza multidimensional de 14,2%.
A su vez, existen una gran cantidad de estudios que muestran el mayor problema de nuestro sistema unitario de nación: el centralismo. Comparto el punto de vista que los profesores Patricio Aroca y Pedro Fierro señalan en su columna “Concentración y centralismo: una mirada territorial a nuestra crisis” en donde explican los motivos del centralismo, siendo el principal uno de índole económico: el mercado genera competencia entre las diversas regiones y, como resulta obvio, en esa competencia gana aquella región que tiene mayores niveles de desarrollo, a saber, la Región Metropolitana. En esa misma columna de opinión, publicada en Ciper, Aroca y Fierro dan un dato demoledor: En la base para el 2017, el SII reporta que el 80,3% de las ventas realizadas en Chile pertenece a empresas de la Región Metropolitana, mientras que solo el 19,7% se reparte en el resto del territorio. Este nivel de distribución se repite, en la base del SII, durante los últimos 14 años, implicando que de cada $1000 que se venden en cualquier región del país, las ganancias asociadas a $800 se van a Santiago y las de los otros $200 se quedan en las regiones.
Este centralismo no sólo es económico, sino también institucional. El incentivo a la generación de empresas privadas es prácticamente nulo. La conectividad terrestre en algunas regiones, especialmente las del extremo sur, es deficiente. Por su parte, en lo político, las autoridades regionales, salvo alcaldes y concejales, son elegidos desde la capital y gran parte de los Diputados y Senadores que hoy legislan en el Congreso, si bien representan distritos o circunscripciones regionales, residen habitualmente en Santiago, lo que evidencia que no han tenido ni tienen vinculación con la región a la que representan. Para dar el último ejemplo, en lo educativo, de las 59 universidades existentes en Chile, 32 tienen sede en Santiago.
Como nuevo antecedente que aporta a la discusión, cabe señalar los resultados del reciente Plebiscito Constitucional celebrado el Domingo 25 de octubre. La opción “Apruebo” resultó ampliamente vencedora con un porcentaje nacional cercano al 80% de apoyo. Pero si vamos al detalle región por región, podremos ver, en primer lugar, que en todas las regiones ganó dicha opción y, en segundo lugar, que las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo superan holgadamente el promedio nacional de apoyo a la opción “Apruebo”.
El punto que quiero mostrar es que la actual división política y administrativa de Chile ha fracasado y la ciudadanía da muestras evidentes de que, como país, requerimos una discusión profunda en cuanto a cómo queremos organizarnos hacia el futuro. La promesa constitucional de Pinochet y sus ideólogos respecto a que el Estado Unitario velará por el equilibrio y la solidaridad entre las diversas regiones ha resultado ser, en la práctica, una declaración vacía. Lo cierto es que pareciera ser que el camino efectivo para lograr una mejor redistribución del ingreso e iniciar un camino de equilibrio y desarrollo armónico entre las diversas regiones no pasa por mantener la figura del Estado Unitario en la próxima Constitución, sino que es atingente discutir la posibilidad de establecer en Chile un Estado Federal, que entregue autonomía política y económica a cada región y a su población, en donde cada Estado federado tenga la posibilidad de generar políticas de desarrollo social, económico y político que se ajuste no sólo a sus necesidades, sino también a su idiosincrasia e historia local. Cabe recordar que los levantamientos de Magallanes (2011), Antofagasta (2009) y Aysén (2012) surgieron fundamentalmente por las políticas arancelarias impuestas desde Santiago a dichas regiones, las carencias estructurales en el área salud y por la inexistente planificación en la generación de empleo para las zonas.
La generación de una estructura federal como la ya indicada tiene aspectos relevantes que deben ser considerados en el próximo proceso constituyente: a) permite restarle poder al gobierno central; b) permite distribuir los ingresos obtenidos por la región en el ámbito local, eliminando la discrecionalidad del gobierno central; c) se robustece un sentimiento de pertenencia al área local que permite una fiscalización cercana de su autoridad; d) se produce un efecto virtuoso en donde cada Estado busca generar las mejores condiciones de tributarias, financieras, educacionales, de habitación, entre otras, todas ellas destinadas a convencer a las personas de que vivir en un específico Estado se adecúa mejor a sus necesidades y proyecto de vida respecto de otro Estado que puede ofrecer estándares distintos.
Así, el federalismo se erige como una real opción para un nuevo Chile, uno que genere mejores condiciones de desarrollo y equilibrio entre las diversas realidades locales y que genere en la población la conciencia de que son parte de una nación pero, asimismo, también son parte de una comunidad (su comunidad), la que dejará de depender de un gobierno central, logrando con ello establecer los cimientos de un sistema político que fomenta la responsabilidad individual y colectiva.
