El Ministerio Público sumó complejos antecedentes a la investigación por fraude al Fisco contra la senadora de Renovación Nacional. Entre los hallazgos destacan un sorpresivo cambio de postura en la Comisión Mixta que revisó la reforma notarial, el envío de un oficio parlamentario para agilizar la inscripción de una propiedad de su madre y un descalce financiero reportado al Servicio de Impuestos Internos.
La investigación penal que enfrenta la senadora de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, por presunto fraude al Fisco dio un giro decisivo tras la incorporación de nuevos antecedentes que amplían el espectro de los delitos indagados. El expediente, radicado inicialmente en la Fiscalía Regional de Valparaíso, sumó diligencias enfocadas en el rol que desempeñó la parlamentaria —en su antiguo periodo como diputada— durante la tramitación de la reforma a la Ley de Notarios.
Las alarmas del ente persecutor se encendieron a raíz de la declaración prestada por el asesor jurídico de la Cámara de Diputados, Jorge Mera, quien advirtió un drástico e injustificado cambio de actitud de la legisladora en el debate parlamentario. Según el testimonio acumulado en la carpeta, Flores pasó de una posición pasiva a intervenir activamente en la Comisión Mixta, formulando reservas de constitucionalidad, realizando propuestas directas y participando en la totalidad de las votaciones.
Esta conducta cobró relevancia penal luego de que el exasesor de la senadora, Julio Lillo, declarara ante los fiscales sobre presuntos pagos ilícitos de miembros del gremio notarial a congresistas, mencionando la entrega de un sobre a la entonces diputada por parte del conservador de Bienes Raíces de Concón, Carlos Swett.
Un oficio parlamentario en beneficio del terreno de su madre
En paralelo a la arista notarial, el Ministerio Público puso el foco en el uso de las facultades fiscalizadoras de la Cámara para fines de índole estrictamente personal. La fiscalía detectó la emisión de un oficio oficial despachado por la exdiputada con destino a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Los Ríos, exigiendo destrabar la tramitación e inscripción de un inmueble perteneciente a su madre, Verónica Oporto.
El requerimiento causó extrañeza entre los funcionarios de la repartición regional, quienes declararon ante los investigadores que las consultas provenientes del Congreso suelen abordar materias generales de políticas públicas y no casos particulares de particulares. La diligencia derivó en la toma de declaración del prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, y del exasesor legislativo de la bancada de RN, Benjamín Rodríguez, quien admitió haber redactado el documento por instrucción del gabinete de Flores. El propio redactor calificó la gestión ante los fiscales como una conducta éticamente reprochable, cuestionando el uso de herramientas institucionales para resolver asuntos patrimoniales familiares.
Facturas por $228 millones y chats sobre rendiciones de campaña
La tercera arista que complica la posición de la parlamentaria apunta al ámbito tributario y patrimonial. Un informe analítico enviado al Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó al descubierto una inconsistencia de proporciones: durante el ejercicio 2025, Flores registró un monto de $228.319.963 en facturas recibidas y de compra, guarismo que supera holgadamente los ingresos formales declarados por la senadora en dicho periodo.
A este descalce contable se suman conversaciones telefónicas extraídas de la causa donde la legisladora aborda el flujo de dineros para sus rendiciones de campaña. En uno de los diálogos sostenidos con su asesora Heidi Serrat, la parlamentaria manifiesta su preocupación por cobros de proveedores señalando: “Si tenemos 160, estoy perdiendo como $80 millones”, lo que mantiene a los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) revisando la veracidad de los rendimientos presentados ante el Servicio Electoral.
El origen de la causa: El esquema de la “Cuota Flores”
Las nuevas pesquisas se insertan en el marco de la causa abierta formalmente en abril de 2026 por la Fiscalía de Valparaíso, la cual tuvo su origen en una denuncia anónima ingresada a fines de 2025 por presuntos delitos funcionarios. La hipótesis central del Ministerio Público sostiene la existencia de una práctica sistemática denominada por los propios colaboradores como la “Cuota Flores”.
De acuerdo con los testimonios reunidos en el proceso, el mecanismo consistía en exigir a los profesionales y asesores contratados con asignaciones parlamentarias la devolución obligatoria y en dinero efectivo de una fracción significativa de sus remuneraciones mensuales. Con la acumulación de las tres nuevas aristas —el lobby notarial, la gestión familiar ante Bienes Nacionales y la inconsistencia de $228 millones—, el ente persecutor prepara una reformalización de cargos mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa ampliar sus acciones judiciales.
