En medio del vendaval político provocado por los beneficios otorgados a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, el titular de la cartera reconoció haber firmado los decretos exentos para dos internos del penal de Til Til sentenciados por violaciones a los derechos humanos. El secretario de Estado defendió la legalidad de la medida argumentando que se trata de la aplicación de la ley vigente y que responde a una práctica reiterada durante las últimas dos décadas.
La controversia sobre los criterios de concesión de beneficios penitenciarios en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sumó un nuevo y complejo frente institucional. En medio del intenso debate provocado por la entrega de 56 reducciones de pena a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el ministro Fernando Rabat confirmó haber firmado decretos exentos que otorgaron el mismo beneficio a dos reclusos del Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, quienes cumplen sentencias por crímenes de lesa humanidad.
Concretamente, los decretos ministeriales beneficiaron a dos ex uniformados condenados en causas de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar: uno por el delito de secuestro calificado y otro por tortura. La confirmación por parte del Ejecutivo se produjo luego de que investigaciones periodísticas revelaran la existencia de estas resoluciones firmadas en el marco de la calificación anual de conducta que procesa la cartera.
La defensa del titular de Justicia y la apelación a gobiernos anteriores
Consultado en T13 Radio sobre la veracidad de los decretos exentos suscritos por su repartición, el ministro Rabat fue categórico al responder: “Es cierto”. De inmediato, el secretario de Estado respaldó la legalidad de la actuación administrativa, sosteniendo que “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distintos signos políticos, porque se aplica la ley”.
En su argumentación, el titular de Justicia diferenció la gestión actual de la administración previa respecto a la tramitación de estas solicitudes. “Si mi memoria no me falla, creo que solo en el gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencias de la Corte Suprema en al menos cuatro casos”, sostuvo Rabat. El ministro añadió que “en los demás gobiernos, en los últimos 20 años, se otorgaron beneficios a militares porque así lo establece la ley”, enfatizando que “estas son cuestiones que no benefician o que no pueden analizarse o excluirse a grupos de personas”.
El mecanismo legal utilizado se rige por la Ley N° 19.856, estatuto que regula la reducción de condenas por buena conducta mediante la evaluación que realiza la Comisión de Reducción de Condenas de Gendarmería de Chile y su posterior visación en la División de Reinserción Social del ministerio. Desde el punto de vista dogmático y procesal, la rebaja de condena difiere sustancialmente de la figura del indulto presidencial, facultad potestativa sobre la cual el Presidente José Antonio Kast ha señalado que abordará mediante revisiones individuales caso a caso.
Tensión parlamentaria y anuncios de reforma legal
La revelación sobre los decretos de Punta Peuco agudizó el escenario de presión política sobre La Moneda, conectándose de forma directa con la fiscalización parlamentaria en curso por las 56 rebajas concedidas a abusadores y violadores de menores entre marzo y septiembre de este año (27 por abuso sexual y 29 por violación). Diversas bancadas de la oposición, incluyendo a parlamentarios del PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio, han anunciado la evaluación de instrumentos de control político, entre los que se cuentan citaciones a interpelación y la eventual presentación de una acusación constitucional contra el ministro Rabat.
Frente a los cuestionamientos transversales por el costo político y los efectos de estas resoluciones, el titular de Justicia descartó haber incurrido en faltas administrativas o vacíos de fiscalización. “Yo creo que lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley y eso es lo que nos corresponde a nosotros como funcionarios públicos. Lo que yo juré el 11 de marzo fue respetar la Constitución y la ley y a eso me he ajustado”, aseveró la autoridad.
Para hacer frente a la controversia, el Ejecutivo anunció que le otorgará urgencia legislativa a mociones parlamentarias e impulsará un proyecto de ley propio con el fin de modificar las exigencias del sistema de beneficios penitenciarios. La propuesta del Gobierno busca establecer que los requisitos para acceder a reducciones de pena deban analizarse al momento en que el interno efectúa la solicitud formal, evitando así interpretaciones sobre la irretroactividad de la ley penal más favorable respecto de condenados por delitos de alta gravedad.
