Ni paredones ni deberes de condena: Debates populistas en tiempos de inseguridad. Por Agustín Walker

Jul 22, 2022 | Opinión

Por Agustín Walker Martínez. Abogado. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Abogado Vial & Asociados.

La vida en comunidad está siempre sujeta a reabrir discusiones que remueven la sensibilidad colectiva, especialmente cuando los paradigmas cambian y se exigen soluciones a problemas sociales complejos en contextos de elevados índices de temor ciudadano. Pero existen ciertas discusiones que debieran permanecer zanjadas, en particular cuando su superación obedece a inmutables buenas razones propias de un piso mínimo civilizatorio. El diputado Gaspar Rivas durante las últimas 2 semanas nos ha demostrado que las buenas razones se olvidan con facilidad, que toda propuesta, por violenta, arcaica o contra sistémica que sea, está siempre disponible para reaparecer si es que la necesidad de visibilidad, aprobación y votos así lo requiere.

Este diputado, acompañado de algunos/as pocos/as honorables, ha realizado dos propuestas en las últimas semanas: Primero, el 5 de julio, ingresó el boletín N° 15162-07, que modifica la Constitución Política para establecer el deber de los tribunales de “velar por los derechos de la víctima y castigar al delincuente” y establece una nueva prerrogativa de todo ciudadano, un derecho a “solicitar la destitución del juez cuando no cumpla con su deber de sancionar al delincuente”. Pocos días después, y ante la falta de visibilidad pública de este proyecto, el diputado optó por subir algunos escalones más, a través de un grandilocuente y ensayado punto de prensa en que aseguró que se debía reponer la pena de muerte, dando a cada delincuente 12 balazos contra un paredón.

Dichas “propuestas”, que en sí mismas lo hacen merecedor de al menos sanciones éticas internas, no buscan atender el interés general, no buscan dar con una persecución eficaz de la delincuencia, ni permiten avanzar en reducir esta última o el temor ciudadano a la misma. La primera de estas busca replicar un ya estudiado elemento propio del populismo punitivo: intentar desprenderse de las particularidades de los casos concretos, y reemplazarlas por un deber irrestricto de punición. Como lo que se combate discursivamente es la delincuencia, entonces poco importa si en un caso específico los hechos son o no delito, o si la persona tuvo o no participación en él, sino que lo relevante es el mensaje social asociado a la condena. Esto, que es evidentemente absurdo, es además nocivo y contraproducente, explicita la irrelevancia de los casos concretos y mediatiza a la persona imputada, a tal nivel que incluso amenaza al/a juez/a respectivo/a con la destitución inmediata en caso de no plegarse al mandamiento irrestricto de castigo. Una propuesta de este tipo además deslegitimaría el sistema de justicia penal, pues toda persona procesada puede tener la certeza de que será condenada y que de nada valen los hechos ni las particularidades de su caso.

Lo segundo es quizás menos novedoso, pues la pena de muerte suele resurgir en el debate público cada cierto tiempo -por ahora, afortunadamente, sin éxito-. Sobre esto ya está todo dicho, no sólo porque se prohíbe su uso expresamente por tratados internacionales suscritos por Chile y actualmente vigentes, sino porque no hay ninguna buena razón para reabrir esa discusión: la pena de muerte niega toda civilidad en el castigo, legitima la muerte y la violencia como un mecanismo válido (ejercido por el propio Estado) de resolución de conflictos, niega el carácter institucionalizado y democrático del castigo, y rechaza el valor absoluto de la vida humana como límite a la actuación del Estado. Pero, además (aunque no debiera entrarse siquiera a este nivel de análisis) la pena de muerte no cumple ningún fin socialmente atractivo ni es siquiera útil para la disminución de la delincuencia.

Existe una tendencia a quitarle relevancia a propuestas como estas, a evitar entrar en el fondo del asunto y debatirlas en su contenido. Pero lo cierto es que son propuestas que le hablan a un sentimiento colectivo que existe, y que provienen de parlamentarios/as en ejercicio de sus funciones, lo que no debe naturalizarse, sino llamar a la preocupación y al debate. El desafío, como en tantos otros ámbitos de la política pública nacional, es dar con políticas meditadas, fundadas en evidencia, y que tengan como punto de partida un respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Ser un “derecho humanista”, como despectivamente señaló Rivas en su punto de prensa, es un imperativo de todo ciudadano/a, y en particular de quienes desempeñan un cargo de representación pública.

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