M. Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Desde el año 2017, distintos medios de comunicación vienen denunciando supuestas conexiones del alcalde de San Ramón con redes de narcotráfico. Hace poco la Fiscalía Metropolitana Sur decidió formalizarlo por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La audiencia de formalización de la investigación se ha fijado para el 27 de septiembre, dos años después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara contra él mismo y otras seis personas más por fraude al Fisco.
A lo anterior, se suma la denuncia del concejal y candidato a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro (DC) acusando haber sufrido amenazas de muerte, encerronas e incluso disparos al aire, eventos que se habrían desencadenado luego de que el candidato acusara a Aguilera (ex PS) por posibles vínculos con grupos criminales dedicados al narcotráfico. Toro, además, realizó una denuncia en contra del Director Jurídico de la Municipalidad de San Ramón por incumplimiento de la jornada laboral y desempeño paralelo a su cargo de funciones como abogado particular en numerosas causas civiles y penales, cuestión que está investigando la Contraloría General de la República, instruyendo sumario administrativo por irregularidades y faltas graves en su función pública.
Además, se activó en contra del alcalde otra investigación judicial, de una exfuncionaria de San Ramón quien interpuso una querella y confirmó que trabajaba en el Call Center de campaña que era operado por empleados municipales. La denunciante mostró evidencias de que la municipalidad habría adulterado un documento para ocultar que ella trabajó en el centro de llamados y dejó constancia en la PDI por amenazas, lo que se habría realizado para evitar sanciones de la Contraloría por haber utilizado funcionarios municipales, en horario laboral, en la campaña de Aguilera.
Lo preocupante es que –analistas y políticos- estiman que con todas estas investigaciones y flancos abiertos, la probabilidad de que resulte reelecto es alta, pues su popularidad es un factor que facilita su reelección. Esto se explica por las fuertes redes que ha construido por años que funcionan en base al clientelismo con un fuerte control territorial en la comuna a través de dirigentes vecinales y operadores políticos. Aguilera ha diseñado un esquema asistencialista, donde ha entregado desde empleos en la municipalidad, viajes a la playa y cenas para la comunidad previas a las campañas.
Además, le ha sacado provecho a la pandemia repartiendo cajas de mascarillas y vales para canjear balones de gas, entregas que muchas veces ha hecho personalmente, pese a estar suspendido en sus funciones, como sucede cuando los alcaldes parten la campaña.
Esta gestión es valorada por la comunidad de San Ramón, puesto que desde que llegó al cargo aumentó fuertemente la inversión pública en la comuna y sus presuntas redes con el narcotráfico no afectan a su electorado, porque los vecinos estiman que la comuna funciona y los beneficios llegan.
Así las cosas, aunque esta vez se enfrenta con adversarios dispuestos a arrebatarle la alcaldía, no son lo suficientemente fuertes pues los caudales electorales de Aguilera datan de años de manejo de redes y clientelismo y, aunque, el partido no lo apoya, las bases PS de la comuna siguen con él.
Dado que la formalización del Ministerio Público, no es un impedimento legal para que Aguilera resulte electo alcalde -no puede ser suspendido como candidato- ya que opera en su favor la presunción de inocencia hasta que el órgano persecutor formule la acusación en su contra.
Las elecciones están muy próximas –15 y 16 de mayo– por lo que a esa fecha la vía electoral de Aguilera estará despejada, y si sale electo se fortalecerán sus redes hasta que sea condenado si se comprueban las graves imputaciones en su contra.
Lamentablemente en nuestro país se está haciendo cada día más evidente que allí donde el Estado fracasa o llega tarde, surgen las organizaciones criminales que buscan controlar el poder en la sombra constituyéndose en una fuente de corrupción de funcionarios públicos con las graves consecuencias para la legitimidad de las instituciones estatales.
Será la crónica de una muerte anunciada tantas veces, y mientras nos demoramos en reaccionar y en perseguir con firmeza los actos de corrupción funcionarial, los tentáculos silenciosos del flagelo de la corrupción estarán ganando espacio en la oscuridad para socavar nuestra ya debilitada democracia.
