Diez madereras altiplánicas decidieron cambiar su defensa legal tras el rechazo judicial a los recursos para paralizar la incineración de los 59 contenedores incautados en Arica. La controvertida apuesta recayó en el bufete compuesto por exfiscales del Ministerio Público, en momentos en que uno de sus abogados fundadores permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por secuestro extorsivo.
Un sorpresivo giro tomó la tramitación del denominado caso Narcomaderas tras confirmarse un ajuste estratégico en la representación legal de diez de las empresas madereras bolivianas afectadas por la incautación de 59 contenedores en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio. A pesar del complejo escenario reputacional que atraviesa la firma, los empresarios altiplánicos optaron por contratar los servicios del Estudio Jurídico PFV, integrado por los exfiscales Alejandro Peña, José Antonio Villalobos y hasta antes de caer en desgracia, desde 2015, por Vinko Fodich, este último actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público en una causa de asociación criminal y secuestro ligada a ataques contra ciudadanos chinos.
La decisión de los exportadores se adoptó luego de que la Corte de Apelaciones de Arica declarara inadmisible un recurso de protección presentado por el abogado Daniel Guevara Cortés, acción con la que se buscaba detener las quemas de los cargamentos iniciadas por el Servicio de Salud de Arica en la cancha de incineración de Pampa Ossa. Tras el portazo del tribunal de alzada, diez de las quince firmas originalmente representadas por Guevara, entre las que figuran Río Yata Madera Import Export, Multipando, Dekma Bolivia, Realwood y Maderera Zalles, resolvieron dar un vuelco en su estrategia penal y poner sus causas en manos de Alejandro Peña, tal como consignó El Mostrador. El exfiscal comparte oficina con sus colega José Antonio Villalobos. El también expersecutor, Vinko Fodich, sigue en la sigla de la firma, pero ya no aparece en las fotos ni en la nómina de abogados
Según trascendió en el foro, el desembarco del bufete de exfiscales se gestó tras una sugerencia efectuada a los empresarios por el exjefe de la DEA en Chile y exsubdirector regional para la Región Andina en Colombia, James Craig Kuykendall. El experto norteamericano, quien coincidió con Peña cuando este dirigió la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional en el año 2000, elaboró previamente un informe pericial que cuestionó las metodologías aplicadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) para detectar trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina en las maderas incautadas.
Respecto de la reestructuración del equipo legal, el propio abogado Daniel Guevara confirmó la delegación de poderes hacia el exfiscal Peña para activar acciones de control sobre el procedimiento de quema, argumentando que sus representados buscaron a un “especialista en la Ley 20.000 de sustancias ilícitas y especialista en narcotráfico”.
En paralelo a la reorganización de las defensas, en la Región de Arica y Parinacota continúan los procesos de destrucción de los 560 trozos de madera bajo custodia. Pese a las gestiones diplomáticas e institucionales encabezadas por la Comisión Investigadora del Senado de Bolivia, cuyo presidente, el senador Nicanor Cochi, fustigó que “al parecer quieren hacer desaparecer las pruebas suficientes”, el fiscal regional Mario Carrera ratificó que “el único que tiene la potestad de modificar lo que expresamente le señala la ley es un juez” y que los informes del ISP obligan a proceder con la incineración dentro de los plazos legales. Frente a este escenario, los madereros altiplánicos ya alistan la presentación de acciones ante tribunales internacionales para exigir indemnizaciones por los cuantiosos perjuicios económicos antes de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Bolivia.
