Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Las tres municipalidades del sector Oriente –Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea– están siendo investigadas por diferentes irregularidades de corrupción y, al parecer, podrían descubrirse nuevas dimensiones hasta ahora en los casos conocidos.
La actual alcaldesa de Vitacura (Evópoli) presentó una querella en contra del exalcalde Torrealba (RN) por el delito de malversación de caudales públicos durante su ejercicio como edil entre 1996 y 2021. Entre otros antecedentes se lo acusa de haber recibido dinero en efectivo de parte del representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Deportes y, Vita Emprende, Domingo Prieto, también imputado en el caso.
Sumado a lo anterior, se agregan denuncias en la Dirección de Sustentabilidad e Innovación de la misma municipalidad donde el ministerio público y la PDI indagan el período desde 2014 hasta 2021, por supuestas contrataciones de servicios inexistentes pero cuyos dineros eran solicitados de vuelta en efectivo por funcionarios del municipio. El mismo método se habría utilizado con servicios efectivamente prestados, pero con precios abultados, donde la diferencia debía ser entregada.
La municipalidad de Las Condes se encuentra complicada tras la denuncia de América Transparente entidad que asegura que, entre los años 2019 y 2020, se pagaron más de dos mil millones de pesos a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos con la UDI y RN al interior de la Corporación Cultural de Las Condes. Asimismo, se habrían transferido para gastos de seguridad cerca de 35 millones de pesos.
Sin quedarse atrás, la municipalidad de Lo Barnechea supuestamente transfirió 12 mil millones de pesos, también para gastos de seguridad y el alcalde Cristóbal Lira (UDI) le pidió a la Contraloría que audite a la administración anterior por eventuales delitos.
¿Qué está sucediendo en las comunas VIP? ¿Pasan por un momento de full integridad?
Independientemente de las razones por las cuales hemos visto sucederse una denuncia tras otra -convicción de hacer las cosas bien o no querer cargar con muertos ajenos– las irregularidades investigadas tienen un denominador común: las tres administraciones controladas por años por la derecha utilizaron y/o abusaron de un mecanismo que no permite la fiscalización de la Contraloría puesto que se gestionaron en la opacidad de entidades privadas que no están obligadas a informar sus operaciones ni sus contrataciones –programas Vita (Vitacura); Lo Barnechea Seguridad (Lo Barnechea); y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (Las Condes)– respectivamente.
Estos mecanismos de gestión según el director de América Transparente han sido ampliamente utilizados por las tres municipalidades más ricas del país, surgiendo estas organizaciones comunitarias como extensiones del rol que debe asumir cada municipio, pero que por su carácter privado no pueden ser revisadas para examinar en qué se utilizaron esos dineros fiscales. Y si bien son financiadas por sus respectivos municipios, actúan como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas.
Todo lo anterior provocó que diputados DC pidieran urgencia legislativa para el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de auditorías en los municipios cada vez que termine el periodo de una administración.
Es indudable que la normativa es un paso importante, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿esto es sólo un problema de normas? Pareciera ser que no. Aunque nuestros parlamentarios suelen legislar de manera sistemáticamente reactiva, es decir, ex post a los hechos del problema a solucionar, en materia de corrupción hace falta mucho más que normativa. Es necesario que las autoridades que manejan recursos públicos de todos los chilenos entiendan la importancia de transparentar y rendir cuentas en aquellos programas que se diseñan pensando en favorecer a la comunidad y que muchas veces termina favoreciendo y enriqueciendo a las autoridades que fueron electas por los mismos ciudadanos a los que después defraudan.
La opacidad, la falta de transparencia en la rendición de cuentas, la discrecionalidad, el nepotismo y los conflictos de intereses nos terminarán de pasar más temprano que tarde una cuenta imposible de dimensionar: la democracia y el Estado de derecho, la confianza cada vez más resquebrajada en las instituciones y el nivel mediocre en el Índice de Percepción de Corrupción que ya tenemos en América Latina.
Por convicción de integridad o por no cargar muertos ajenos, esperemos que se investiguen estos casos y todos los que vayan apareciendo en el futuro con el máximo de rigor para no pasar esa barrera tenue que nos diferencia del resto de Latinoamérica como país serio que decimos ser.
