En una diligencia realizada en Santiago, el magistrado comunicó que los exámenes de ADN acreditaron con una probabilidad superior al 99,9999% que la mujer detectada en Argentina corresponde a la militante del MIR. El caso, que figuraba en el Informe Rettig y en el Museo de la Memoria como una ejecución en 1973, se mantiene bajo estricto secreto de sumario.
El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, encabezó este lunes 27 de julio una diligencia clave en el marco de la causa 114.129-J. En la oportunidad, el magistrado se reunió con los familiares de Bernarda Rosalba Vera Contardo para notificarles formalmente el resultado del informe pericial de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML). El documento técnico confirmó que la mujer detectada viviendo en Argentina es efectivamente la profesora que figuraba como detenida desaparecida desde 1973, al comienzo de la dictadura.
Según informó el portal del Poder Judicial, los antecedentes científicos contenidos en el informe 13-SCL-ADN-412-26 arrojaron una probabilidad de identificación “superior al 99,9999%”. La pericia fue contrastada con los perfiles genéticos disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML.
La historia de “Anita”
Bernarda Vera Contardo, conocida en la época por su apodo político “Anita”, tenía 27 años al momento de su desaparición en 1973. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se desempeñaba como profesora de educación básica en la localidad de Neltume. Los registros históricos, incluyendo el Informe Rettig y los archivos del Museo de la Memoria, consignaban que había sido vista por última vez en octubre de ese año, presuntamente tras ser ejecutada por efectivos militares en el Puente Toltén, en la comuna de Panguipulli.
Su nombre formaba parte del listado oficial de 1.469 personas detenidas desaparecidas en Chile. No obstante, un reportaje periodístico previo reveló que la mujer, hoy de 79 años, se encontraba residiendo en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, antecedente que activó las diligencias judiciales para verificar su identidad mediante pruebas biológicas.
Protección de datos sensibles
Pese a la confirmación de la noticia, el ministro Álvaro Mesa fue enfático en señalar que la causa se mantiene bajo “estricto secreto de la investigación”, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. El tribunal prohibió de manera categórica la divulgación o difusión del contenido íntegro del informe pericial a terceros ajenos al proceso o a medios de comunicación.
La resolución judicial fundamenta este resguardo en que los datos de la pericia genética son considerados “datos personales sensibles” bajo la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. El magistrado instruyó que el informe se entrega con el fin exclusivo de que sea conocido por el grupo familiar directo en su ámbito interno, protegiendo la garantía constitucional de la honra y la vida privada de los involucrados.
