Ángela Vivanco abordó los criterios de actuación frente a extranjeros sin documentos chilenos de identificación oficiales ordenados por el fiscal nacional y que incluye la solicitud de prisión preventiva. “Cada una de estas causas tiene una resolución individual, en consecuencia, en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no”, dijo la ministra.
La ministra vocera de la Corte Suprema se refirió este miércoles a la medida ordenada la semana pasada por el fiscal nacional Ángel Valencia, que apunta a solicitar la medida de prisión preventiva a todos los extranjeros que sean detenidos sin documentos de identificación.
“No es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público y eso implica tres cosas: Primero, que cada una de las causas tiene una resolución individual y, en consecuencia, en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias, por ejemplo, el tipo de delitos y su eventual peligrosidad, etc. Un primer criterio es que estos son soluciones de caso a caso”, dijo.
En la misma línea, agregó que “efectivamente hay una diferencia importante, cuando un criterio, un lineamiento de esta especie es establecido legalmente. Entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir, cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso”.
Asimismo, aseveró que “eso justifica o explica que puede haber obviamente diferencias, como lo dijimos al principio caso a caso, porque se trata de situaciones distintas entre sí. Obviamente, si después hay una legislación al respecto, se tenderá a uniformar la decisión en esa situación o circunstancia”.
Por último, la vocera del máximo tribunal aclaró que “nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión. Nosotros, afortunadamente como Poder Judicial, tenemos buenas, cordiales y respetuosos relaciones con los demás órganos del Estado que se vinculan con nuestro quehacer y parte de ello -por supuesto- es el Ministerio Público”.
“El fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos. El punto es que como es un lineamiento interno -como lo decía al principio- y no es una ley, eso genera la posibilidad de que haya decisiones diversas, según cada tipo de caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito”, concluyó Vivanco.
