“Es importante que estas situaciones no se salgan de control y en eso tiene que haber una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema. Nosotros, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, somos el último eslabón de la lista desde el punto de vista de las medidas que se deben tomar, porque los tribunales no son los que fijan políticas públicas respecto al tema delictivo, son los que aplican la ley”, dijo.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, informó que Chile será el país anfitrión de la Asamblea de la Asociación de Altas Cortes Administrativas para el año 2025.
“Para nosotros es muy importante. Es la primera vez que un país sudamericano va a ser sede y la propuesta que nosotros hicimos de temática para esa asamblea va a ser la discusión del papel del Estado como parte en proceso jurisdiccional. Cuando el Estado actúa como parte o a veces actúan distintos órganos del Estado, a veces con diversos intereses que pasa con los derechos de los administrados y cómo podemos visualizar ahí el interés público”, explicó.
La autoridad participó la semana recién pasada en el encuentro anual que se realizó en Bélgica, junto a la ministra Adelita Ravanales.
En temas de contingencia, se le consultó a la vocera sobre los recientes casos de ataques aparentemente por encargo y la situación particular de una enfermera este fin de semana.
“El tema del sicariato, desde el punto de vista penal, tiene tres variantes o tres aspectos que es bueno considerar. Primero, que muchas veces esto permite establecer autores del delito, que no son solamente autores materiales, sino autores intelectuales, aquellos que encargan el delito. Por otra parte, el hacer uso de terceros para cometer un delito como este, que claramente, es un intento de asesinato. Estamos en presencia de una persona que recibió 11 puñaladas, puede figurar dentro del proceso penal como una agravante de la conducta y, en tercer lugar, que evidentemente el punto de vista de la política criminal, estas situaciones es bueno revisarlas porque significa de alguna manera, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicio delictivo de esta manera incluso se ha llegado a hablar hasta cuánto cobra este tipo de personas por cometer delitos, lo cual implica una diferencia del punto de vista del universo delictual y la forma en que este se está comportando”, señaló.
Destacó que no es rol de los tribunales perseguir estos delitos, pero que sí es posible agravar las penas cuando el Ministerio Público presenta pruebas contundentes de la forma en que se originó un ataque.
Sobre la existencia en Chile de bandas extranjeras criminales y el rol del Estado en su desarticulación, resaltó: “Es importante que estas situaciones no se salgan de control y en eso tiene que haber una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema. Nosotros, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, somos el último eslabón de la lista desde el punto de vista de las medidas que se deben tomar, porque los tribunales no son los que fijan políticas públicas respecto al tema delictivo, son los que aplican la ley respecto de aquellos casos en que se configuran delitos. Pero hay otras instancias previas que tiene que ver con la normativa vigente, con la investigación, con las políticas de seguridad, con el desbaratamiento de bandas delictivas, etcétera, que es una tarea que no le compete a los tribunales, pero que por supuesto, somos todos eslabones de una misma cadena que debe ser virtuosa justamente para evitar y para controlar esa delictualidad que va variando, porque del mismo modo que el derecho vigente evoluciona y que se van tomando una serie de políticas y posturas sobre una serie de temas, aquellos que trabajan fuera del derecho y que trabajan en contra del derecho también se abastecen de experiencias internacionales o de modos de que ellos piensan no es cierto, que pueden ejercer más efectivamente sus actividades delictuales”.
“Entonces, hay que actualizarse y proceder constantemente teniendo esa realidad también a la vista. Pero es un trabajo conjunto. Es un trabajo fino, que se tiene que hacer por todos los entes que participan en esta materia y por supuesto en los tribunales somos los destinatarios finalmente de esas decisiones y procuramos brindar en la mayor medida de lo posible toda la normativa que se nos brinde justamente para condenar aquello que resulten culpable de delitos tan deleznables como el que estamos refiriendo”, reflexionó.
Teletrabajo
La ministra vocera fue consultada por la implementación de audiencias y el porcentaje de funcionarios judiciales trabajando en forma presencial. “El tema de la presencialidad, por supuesto que tiene que ver con la eficiencia de la función. Hay funciones que es indispensable que se realizan presencialmente y otras se pueden realizar con bastante éxito de manera telemática”.
“En el caso del Poder Judicial hay varios elementos que mencionarle, primero se dictó una ley efectivamente para permitir el trabajo telemático respecto de las audiencias judiciales. En consecuencia, hay una normativa, esa ley tuvo su vigencia, tiene una serie de normas transitorias que permiten seguir operando telemáticamente, porque no nos olvidemos que el tema de las audiencias no solo tiene que ver con la presencia del juez, sino con la posibilidad de asistir en tiempos de pandemia, con una serie de restricciones de aforo tanto a abogados como a las partes, testigos, etcétera y participar en un proceso que muchas veces esto puede ser un tema complejo, sobre todo en espacio reducido por asunto de aforo. En consecuencia, esa ley permitió operar de esa manera justamente buscando un objetivo que el Poder Judicial tuvo siempre y que sigue teniendo fuertemente, que es que pandemia o no pandemia los procesos continuaran y podía haber alguna ralentización o sea una demora, pero no se podía suspender la actividad de los tribunales y afortunadamente así fue. Nosotros desde marzo del año 2020 implementamos un sistema telemático en todo el Poder Judicial y ese sistema ha funcionado y permitió seguir administrando justicia, pese a la problemática gigantesca que el tema de la pandemia significó restricciones, limitaciones y todo lo que ustedes conocen Entonces, en primer término, hay una ley que permite esa operación telemática”, detalló.
En este sentido, la ministra Vivanco explicó que para el buen funcionamiento de los tribunales la Corte Suprema ha dictado diferentes regulaciones internas, “evitando entonces las problemáticas de aforo y tratando de favorecer en la máxima medida posible la eficiencia de las audiencias, porque muchas veces son solicitadas telemáticamente por las partes y los abogados, no es solo interés del tribunal. Desde ese punto de vista lo que se está aplicando hoy es la etapa a posteriori del término del estado de excepción, pero existiendo todavía una alerta sanitaria dentro de esa franja de temática, dentro de la normativa interna nuestra, el tope del aforo dentro de los tribunales es de un 50%, pero siempre considerando que hay personas que tienen mayores dificultades o posibilidades de contagio, personas que están a cargo de niños pequeños, personas que tienen deprivaciones de salud y por eso cada tribunal va modulando su integración con esas características que yo estoy mencionando y buscando que se esté operando con eficiencia”.
“Desde ese punto de vista, creo que hemos ido superando esos problemas y que esperamos en un breve plazo y terminando con ese sistema de funcionamiento y ya dejar el funcionamiento telemático más bien a la etapa ordinaria que implica facilitarle a las partes a los abogados la intervención y ya no estar pensando en términos de pandemia, sino más bien en términos de eficiencia jurisdiccional, sobre todo en regiones apartadas que tienen grandes dificultades para comparecer”, concluyó la vocera Vivanco.
