El Ministerio Público elaboró un informe sobre la estructura de financiamiento que permitió el desembarco del abogado José Ramón Correa como segundo máximo accionista de la concesionaria que rige a Universidad de Chile. De acuerdo con la información revelada por CIPER, la operación de 7,5 millones de dólares fue costeada mediante un crédito otorgado por Sportscap Credit Fund LLC, un fondo de inversión privado constituido en Delaware, Estados Unidos.
La indagatoria, liderada por el fiscal Juan Pablo Araya en el marco del denominado “Caso Sartor”, estableció que dicho fondo es administrado por Patricio Kiblisky, exdueño de Ñublense, y Jacques Gliksberg, socio del excontrolador de Huachipato, Victoriano Cerda. La revelación judicial se produjo luego de que el Ministerio Público apelara a una resolución del tribunal de alzada que había calificado como “ilegal” el allanamiento a las oficinas de Correa, ordenando la restitución de sus dispositivos electrónicos.
Prendas y alertas de la UAF
En el plano estrictamente jurídico, el fiscal Araya detalló que las acciones compradas por Correa a la familia Schapira mediante su sociedad Romántico Viajero SpA quedaron prendadas como garantía del préstamo. El contrato de crédito, suscrito el 22 de diciembre de 2025, estipuló que el monto final, incluyendo intereses, ascendió a los 7,9 millones de dólares.
Asimismo, el escrito judicial incorporó un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertó sobre una “operación sospechosa” en las cuentas de Bulla SpA, sociedad ligada al actual presidente de Azul Azul, Michael Clark. Según el informe citado por el persecutor, existirían abonos por más de 18 millones de dólares provenientes del mismo fondo estadounidense —Sportscap Credit Fund LLC—, los cuales estarían “relacionados con el financiamiento para la adquisición de Azul Azul S.A.”.
Tesis de la concertación y defensa
La información expuesta ante la Corte de Santiago busca sustentar la tesis de la fiscalía sobre una presunta concertación entre actores del rubro. En la carpeta investigativa figura la declaración del exdirector del club, Juan Pablo Pavez, quien acusó un vínculo “obsceno” y conflictos de interés entre Clark, Cerda y Kiblisky para influir en la gestión de la concesionaria laica. Cabe destacar que el fondo en cuestión es el mismo que en 2024 financió la compraventa de Huachipato.
Por su parte, José Ramón Correa confirmó el financiamiento y explicó que contactó personalmente a Kiblisky debido a la experiencia de su fondo en el ámbito deportivo. El abogado descartó que Michael Clark hubiese intervenido en su ingreso a la propiedad y defendió la legitimidad de su sociedad para ejercer el control accionario.
Con esta apelación, el Ministerio Público pretende que el tribunal valide la pertinencia de la evidencia incautada a Correa, argumentando que los flujos financieros detectados resultan críticos para esclarecer la real composición del control de Azul Azul y posibles infracciones a la normativa de mercado de valores.
