A casi dos años del violento asalto que afectó a la empresa de valores Brinks en Rancagua, el Ministerio Público ha puesto el foco en la responsabilidad administrativa y penal de las jefaturas de la Policía de Investigaciones (PDI). La arista judicial, que indaga la omisión de denuncia y la obstrucción a la justicia, tomó un nuevo impulso tras conocerse testimonios de exdetectives que aseguran que los antecedentes delictivos fueron retenidos deliberadamente por sus superiores, impidiendo una acción preventiva por parte de la fiscalía,,.
De acuerdo con los antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa, el 27 de julio de 2024 un informante alertó a la institución sobre la planificación de un robo de gran envergadura. Los datos entregados, que fueron plasmados en una minuta interna, incluían el número de atacantes, el uso de miguelitos y la quema de vehículos para bloquear el paso de Carabineros,. Sin embargo, dicho documento nunca fue remitido oportunamente al Ministerio Público, permaneciendo guardado en una carpeta en la oficina de un prefecto hasta que la propia fiscalía constató su existencia tras la consumación del delito,.
La tesis de la “decisión de quedarse callados”
Las declaraciones de los actuales imputados complican la posición del mando regional de la época. Uno de los exoficiales, procesado por no haber denunciado el hecho, reveló ante los investigadores que tras el robo existió una reunión masiva donde se habría instruido una postura de hermetismo frente a las autoridades judiciales. Según el testimonio recogido por T13, en dicha instancia un superior habría señalado que “desde ahora los fiscales eran nuestros enemigos”.
Esta versión es reforzada por el excomisario Rodrigo Muñoz, quien también figura como imputado en la causa. El exdetective declaró que integrantes de la cúpula institucional habrían resuelto no transparentar la alerta previa. “Los jefes superiores habían tomado la determinación de quedarse callados con la información existente en la minuta y negar esto a la prensa como a la Fiscalía”, sostuvo Muñoz ante los persecutores, añadiendo que la orden directa fue “bajarle el perfil” al asunto.
Alcances de la formalización y críticas a la jerarquía
Pese a que la investigación del Ministerio Público ha tomado declaración a diez oficiales, incluidos miembros del Alto Mando, el proceso judicial ha decantado, hasta el momento, en la formalización de solo tres detectives. Esta situación ha generado suspicacias dentro de las defensas de los funcionarios de menor rango, quienes acusan un blindaje hacia las jefaturas superiores.
Para uno de los exfuncionarios involucrados, la estrategia procesal ha consistido en “cortar por lo más sano”, protegiendo a los oficiales de mayor antigüedad y cargando la responsabilidad penal en quienes tenían menos grado al momento de los hechos. Actualmente, mientras el proceso avanza para determinar si hubo un concierto previo para ocultar evidencia crítica al fiscal del caso, se confirmó que figuras mencionadas en las declaraciones, como el exjefe regional Julio Caro, mantienen su posición dentro de la estructura superior de la policía civil,.
