Por Raúl A. Guzmán Uribe, Abogado, Universidad de Chile.Jefe Unidad de Corte FRM Sur (2005 a 2011)
Fiscal Regional Metropolitano Sur (2011 a 2019)
1. RESUMEN EJECUTIVO
Con el Mensaje del Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Penal se inició la implementación de la mayor política pública en materia de administración de justicia del siglo XX e inicios del XXI.
El presente documento revisa, a 25 años del inicio de la reforma, el avance en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales y el estado de algunos de los resultados, estadísticamente relevantes, alcanzados por el Ministerio Público, institución llamada a liderar la persecución penal bajo un modelo juicios orales, públicos y respetuosos de los derechos humanos, con una clara separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar.
El análisis considera la evolución normativa del sistema, la gestión institucional y la revisión de indicadores de desempeño de mayor interés entre 2014 y 2025, abarcando ingresos y salidas de causas, recursos presupuestarios y dotación.
Los resultados evidencian avances normativos significativos, pero también brechas persistentes en gestión, gobernanza, atención a víctimas, tecnología y capital humano.
Se proponen algunas medidas concretas para fortalecer la autonomía regional, modernizar la gestión digital, atender la gestión de su capital humano, mejorar la rendición de cuentas y recuperar la eficacia procesal y la confianza ciudadana en la justicia penal.
2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL
El presente apartado expone los principales objetivos formulados en el Mensaje del Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Penal, los problemas que se buscó superar respecto del sistema anterior, los déficits abordados por el Mensaje que crea el Ministerio Público, y finalmente, las propuestas concretas con que se intentó responder a tales desafíos institucionales y normativos.
2.1 Objetivos principales identificados en el Mensaje del Proyecto de Ley:
- Modernizar el Sistema de justicia penal.
- Armonizar el proceso penal con los derechos de las personas, consolidando un sistema democrático y garantizando derechos humanos.
- Mejorar la eficiencia y equidad del gasto público en justicia.
- Crear el Ministerio Público.
- Fortalecer los derechos y el rol de la víctima.
- Favorecer la reinserción social y evitar la marginalidad penal.
- Implantar la oralidad y la publicidad del juicio y del proceso penal en general.
- Simplificar y hacer más racional el procedimiento penal.
- Reforzar un adecuado control judicial y la transparencia institucional.
2.2 Problemas del sistema anterior (Código de Procedimiento Penal):
- Obsolescencia frente a cambios sociales, políticos y económicos.
- El sistema inquisitivo del Código de Procedimiento Penal, no respondía al debido proceso y la igualdad ante la ley.
- Abusos policiales y detenciones arbitrarias. Ello en el seno de un sistema lento, opaco y que marginaba a los más vulnerables.
- El gasto en justicia no era eficiente, más bien era altamente regresivo y los procesos poco efectivos en término de condenas.
- Ausencia de un órgano autónomo que dirigiera imparcialmente la persecución penal.
- La víctima estaba marginada del proceso y sin una protección adecuada.
- El sistema producía exclusión social, especialmente por el uso excesivo de prisión preventiva.
- El sistema escrito y secreto era lento, burocrático y opaco.
- Existía saturación judicial y lentitud procesal.
- Ausencia de un control efectivo sobre la labor investigativa de las policías.
- Excesiva jerarquía judicial, por el abuso en el uso de recursos procesales para impugnar las decisiones de los jueces del crimen.
2.3 Problemas abordados por el Mensaje que crea el Ministerio Público (coincidentes):
- Sistema obsoleto e ineficiente, heredado del siglo XIX.
- Un sistema inquisitivo, escrito y poco transparente.
- Concentración de la función de investigar, acusar y juzgar o fallar en un mismo órgano.
- Procesos lentos, burocráticos y con poca eficacia en la persecución penal.
- Desprotección de víctimas y falta de equilibrio procesal.
- Congestión judicial y exceso de causas sin resolución.
- Posible interferencia política o judicial en la persecución penal.
- Riesgo de abuso o falta de rendición de cuentas.
- Débil eficacia y legitimidad del sistema penal frente a la ciudadanía.
2.4 Cómo se buscó responder a esos problemas en el proyecto de ley. Con al menos las siguientes propuestas:
- Frente a la obsolescencia e ineficiencia, se plantea una reforma integral del sistema judicial, para adecuarlo al desarrollo político, social y económico del país.
- Frente al sistema inquisitivo escrito y poco transparente, se propone la implementación de un sistema de enjuiciamiento oral y público, basado en la inmediación, con un juez imparcial que no participa ni dirige la labor investigativa, con la publicidad de las audiencias y de sus resultados.
- Ante la concentración de las funciones investigar, acusar y juzgar o fallar, se establece la asignación de la investigación y la acusación al Ministerio Público, quedando el juzgamiento a cargo de los tribunales de justicia.
- Ante los procesos lentos burocráticos e ineficientes, se establece un órgano especializado (Ministerio Público) que, bajo el principio de la legalidad y objetividad, dirija de forma más expedita y eficiente la investigación y la actuación de las policías.
- La desprotección de las víctimas, se subsana con el establecimiento del mandato al Ministerio Público de promover derechos de las víctimas, debiendo además considerar en su labor, todos aquellos hechos que agraven, atenúen o eximan la responsabilidad del imputado.
- Para enfrentar la congestión judicial y la lentitud de los procesos, se propone la introducción de mecanismos de gestión jurídico/procesal, como la facultad de no inicio de la investigación, el archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios y la decisión de no perseverar.
- La posible interferencia política, se enfrentó con el establecimiento de la autonomía constitucional del órgano encargado de la dirección de la investigación, el Ministerio Público, estableciendo principios rectores, tales como el de la legalidad, el de objetividad y con una jerarquía, con Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos.
- Los abusos y la falta de rendición de cuentas, fueron abordados en el proyecto con la creación de responsabilidades civiles, penales y disciplinarias, y control judicial de sus actuaciones, más la obligación de rendición de Cuentas Públicas.
- La falta de legitimidad y eficacia del antiguo sistema, se enfrentó con la reforma estructural, orientada a consolidar el respeto de derechos de las personas (imputados, víctimas y testigos) y la transparencia en la justicia penal.
3. METODOLOGÍA
El presente análisis y documento, adopta un enfoque descriptivo y analítico, orientado a evaluar el grado de cumplimiento de alguno de los objetivos fundacionales del sistema procesal penal y la evolución de algunos de los aspectos más relevantes de la gestión institucional del Ministerio Público.
Se consideran cuatro dimensiones principales:
- objetivos y fundamentos normativos de la reforma;
- evolución legislativa y del marco jurídico aplicable;
- resultados empíricos de gestión (ingresos, salidas judiciales, presupuesto, dotación y costo por caso); y
- brechas y desafíos institucionales identificados.
El análisis abarca el período 2014–2025, definido por su relevancia estadística y por la promulgación de la Ley N°20.861 (2015), que fortaleció la estructura del Ministerio Público.
Las principales fuentes corresponden a los Boletines Estadísticos del Ministerio Público, los registros de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), las presentaciones ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, y el Informe de Evaluación del SACFI (2019) elaborado por la Universidad de Chile.
La información presupuestaria fue tratada en valores reales de 2025 y complementada con evidencia cualitativa proveniente de la revisión normativa y documental.
4. EVOLUCIÓN NORMATIVA (CONTEXTO LEGISLATIVO)
En lo que respecta al Ministerio Público, gran parte de los objetivos definidos por la reforma procesal penal se relacionan directamente con la gestión de la investigación y la persecución penal.
Con el propósito de fortalecer dicha gestión, durante los últimos veinticinco años se ha dictado un amplio cuerpo normativo orientado, principalmente, a dotar al sistema de nuevas herramientas procesales y a reforzar la respuesta penal mediante el endurecimiento de sanciones (aumento de penas y restricciones en el sistema de graduación de penas).
Desde la Ley N°19.762, de 13 de octubre de 2001 —que modificó la gradualidad de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal— hasta la Ley N°21.732, de 12 de febrero de 2025 —que determina conductas terroristas y fija su penalidad—, se han promulgado 50 leyes que modifican el Código Procesal Penal.
En el mismo período, 101 leyes han introducido modificaciones al Código Penal, desde la Ley N° 19.733, de 4 de junio de 2001, sobre libertades de opinión e información en el ejercicio del periodismo, hasta la Ley N° 21.746, de 24 de mayo de 2025, que modificó la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, y establecer las sanciones administrativas y penales que correspondan.
A lo anterior se suman 108 leyes adicionales que, en el mismo lapso, han incorporado tipos penales específicos no contenidos en el Código Penal.
Este conjunto de disposiciones configura un entramado normativo extenso y complejo, que debe ser considerado en la gestión de denuncias, en la planificación de las investigaciones y en la evaluación de los resultados del sistema penal.
En consecuencia, desde una perspectiva normativa, puede afirmarse que se ha dado respuesta a un número significativo de materias que, en su momento, fueron identificadas como debilidades del sistema de justicia penal y de las instituciones que lo integran.
Sin embargo, quizá ahora sea necesario avanzar hacia una regulación que agilice la gestión del Juicio Oral y de las audiencias de Juicios Simplificados y Abreviados, promoviendo su realización efectiva y en plazos breves, y evitando reagendamientos injustificados, con el consecuente desgaste de los intervinientes y de la prueba que deba rendirse. También se hace urgente contar con Tribunales de Cumplimiento de Sentencias.
5. RESULTADOS DE GESTIÓN (EVIDENCIA EMPÍRICA)
Respecto de los resultados obtenidos a la fecha, corresponde concentrar el análisis en los aspectos relativos a la gestión jurídico administrativa de la persecución penal y a la realización de las audiencias de juicio, en sus diversas modalidades que se contemplan en el Código Procesal Penal.
Entre los indicadores más relevantes para evaluar la gestión del Ministerio Público, están aquellos referidos a el número de ingresos de causas, a las salidas judiciales obtenidas y a los recursos financieros involucrados en dicha gestión.
5.1 Ingresos de causas (2014–2025):
El gráfico N°1, evidencia una tendencia general de crecimiento en el número de causas ingresadas al Ministerio Público durante el período 2014–2025, aunque con fluctuaciones significativas asociadas a coyunturas específicas.
Entre 2014 y 2018, los ingresos se mantienen relativamente estables, con cifras que oscilan en torno a 1,3 millones de causas anuales.
En 2019, se observa un aumento relevante, alcanzando cerca de 1,45 millones de ingresos.
Durante 2020 y 2021, se produce una brusca caída en los ingresos, llegando a su punto más bajo de la serie, en torno a 1,2 millones de causas. Este descenso se asociaría principalmente a los efectos de la pandemia por COVID-19, que redujo la movilidad social, la actividad delictual visible y la presentación de denuncias.
A partir de 2022, se registra una recuperación sostenida y acelerada, con un crecimiento anual promedio superior al 10%, alcanzando en 2024 el máximo histórico de 1,65 millones de ingresos. Para el avance de 2025, los registros del primer semestre suman 919 mil causas,[1] lo que proyecta una carga anual superior a la del año anterior.
Este crecimiento reciente se explica, en parte, por el aumento de delitos vinculados al uso indebido o fraudulento de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, que actualmente representan alrededor del 15% del total de ingresos. En contraste, los delitos violentos, como los robos con violencia o intimidación, han mostrado una tendencia a la baja, evidenciando un cambio en la composición del fenómeno delictual.
Gráfico N°1: Número de Ingresos Judiciales 2014–2025
El análisis de los ingresos considera el período comprendido entre 2014 y 2025, toda vez que el año 2015 se dictó la Ley N°20.861, de agosto de 2015, que fortaleció al Ministerio Público mediante la creación de 122 nuevos cargos de fiscales adjuntos, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos.
Dicha ley tuvo como objetivo el fortalecimiento de la persecución penal, incorporando estrategias de análisis e investigación orientadas a los mercados delictuales y otras estructuras de criminalidad reconocibles, con el fin de focalizar los esfuerzos investigativos para lograr condenas más efectivas en delitos de impacto social por su concentración o masividad.
En este contexto, la implementación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), se proyectaba como una herramienta central para la gestión institucional mediante la identificación, condena y desarticulación de mercados delictuales. Sin embargo, el Informe Final de Evaluación del SACFI (elaborado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y Microdatos, de la Universidad de Chile, el año 2019), identificó falencias estructurales y operativas en su diseño e implementación. Entre ellas destacan la falta de estandarización metodológica, debilidades en los sistemas de información y análisis de datos, capacitación insuficiente y heterogénea, limitada coordinación con las policías y actores externos, así como deficiencias en la gestión presupuestaria y de recursos humanos, y una escasa retroalimentación institucional.
Estas observaciones constituyen antecedentes relevantes para la implementación de la nueva Fiscalía Supraterritorial y para el proceso de fortalecimiento institucional, cuyo proyecto de ley se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
5.2 Salidas judiciales (2007–2025):
En cuanto al indicador asociado a las salidas judiciales, conforme a los datos publicados en los Boletines Estadísticos de la Fiscalía Nacional (2007 a la fecha), se observa una tendencia descendente en la proporción de causas que alcanzan una resolución judicial efectiva, como se presenta en el gráfico N°2.
Gráfico N°2: Evolución (%) de las Salidas Judiciales 2007–2025
Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio Público.
Años 2016 y 2018 elaborados con registro histórico, pues no se encontraron publicados.
En 2007, las salidas judiciales representaban el 37,9% del total, frente a un 62,1% de salidas no judiciales.
El año 2013 constituyó el punto más alto del período, con un 45,75% de salidas judiciales y 54,25% no judiciales.
En cambio, en 2025 (a la fecha) solo el 27,56% de las causas ha culminado con una salida judicial, mientras que las salidas no judiciales —tales como archivos provisionales, decisiones de no perseverar, principio de oportunidad e incompetencias — alcanzan el 72,44%, reflejando así una falta de resolución efectiva de los casos.
Esta tendencia, evidencia que una parte significativa de las investigaciones no concluye con resultados procesales sustantivos, siendo una muestra de que la institución no se está haciendo cargo de una parte significativa de las investigaciones, lo que genera un impacto directo en la confianza ciudadana y alimenta una percepción de impunidad.
Desde una perspectiva de eficiencia institucional, el fenómeno también implica un mayor costo financiero por cada caso resuelto, considerando el aumento sostenido del presupuesto del Ministerio Público en la última década.
Pese a ello, la institución cuenta con herramientas adecuadas de control y gestión jurídica, incluyendo sistemas de información que permiten al Fiscal Nacional evaluar objetivamente a los Fiscales Regionales, en base a indicadores de desempeño, metas y resultados de gestión investigativa en cada región.
Ejecutar efectivamente esta supervisión jerárquica y la consecuente evaluación de desempeño asociada, propia del cargo de Fiscal Regional, podría incidir de manera decisiva en la mejora de los indicadores de eficiencia investigativa y procesal, que se traducirá necesariamente en un aumento de las salidas judiciales.
5.3 Presupuesto y ejecución (2014–2025, moneda 2025):
En cuanto a la evolución de los recursos financieros destinados a la gestión de la persecución penal liderada por el Ministerio Público, y considerando los presupuestos iniciales y vigentes para cada año, tal como se presenta en el gráfico N°3, entre el año 2014 y el año 2024, se registra un incremento real de $116.151.028.000 ($116.151 millones), cifra que refleja el aumento del espacio presupuestario total respecto del marco original aprobado por el Congreso Nacional.[2]
Gráfico N°3: Variación del Presupuesto del Ministerio Público 2014 a 2025
(miles de $ de 2025)
En 2014, el costo de cada caso ingresado al Ministerio Público era de $158.924,6.-, con un 43,79% de salidas judiciales (571.309 casos), en tanto para el año 2024, el costo de cada caso ingresado al Ministerio Público fue de $184.250,4.-, con un 31,30% de salidas judiciales (518.087 casos).
Conforme a los antecedentes citados, podemos sostener que desde el año 2016 se ha contado con más dotación, con nuevas facultades de comparecencia a audiencias de Abogados Asistentes y Abogados Asesores, ello para que los Fiscales destinen más tiempo a la dirección de las investigaciones, a la atención de víctimas y testigos, liberándolos de comparecer a audiencias de mero trámite o menos complejas.
De este modo, se aprecia que se ha contado con recursos económicos crecientes, sin embargo, del punto de vista de la gestión, el resultado se traduce en que se está invirtiendo y gastando más, pero se están obteniendo menos resultados.
6. BRECHAS Y DESAFÍOS (DIAGNÓSTICO CUALITATIVO)
El análisis de resultados de gestión muestra que, a pesar del fortalecimiento institucional y presupuestario experimentado por el Ministerio Público en los últimos años, persisten brechas estructurales que limitan su capacidad para alcanzar los objetivos fundacionales del sistema procesal penal. A continuación, se identifican los principales ámbitos críticos detectados.
6.1 Gobernanza institucional y evaluación de desempeño
Los resultados de gestión del Ministerio Público reflejan la necesidad de fortalecer la gobernanza institucional, en particular los mecanismos de planificación, seguimiento y control jerárquico.
Si bien existen sistemas de información y evaluación a nivel nacional, su uso para la gestión estratégica y la rendición de cuentas regional sigue siendo limitado.
Una supervisión más efectiva por parte de la Fiscalía Nacional y por parte de los Fiscales Regionales como jefes de servicio en la región, acompañada de criterios objetivos de desempeño y retroalimentación continua, permitiría reducir las asimetrías entre fiscalías regionales y mejorar los indicadores de eficacia procesal identificados en el capítulo anterior.
6.2 Atención a víctimas y testigos
El actual modelo de atención del Ministerio Público mantiene un enfoque asistencial restringido, centrado en la víctima como medio de prueba más que como sujeto de derechos.
Este esquema presenta una doble ineficiencia:
- No satisface las expectativas ciudadanas, como evidencian los bajos niveles de evaluación pública.
- Ha propiciado la creación de instituciones paralelas —como el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas— que podrían, por un lado, duplicar funciones si no se coordinan adecuadamente, y por otro, la posibilidad de actuaciones contradictorias u opuestas.
Esta nueva institucionalidad – el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas -, entregará asistencia jurídica especializada, la ley establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
La coordinación interinstitucional con esta nueva estructura es un desafío inminente, que requiere definir protocolos de derivación y mecanismos de control de calidad en la atención.
6.3 Gestión tecnológica y modernización digital
En materia de gestión tecnológica, la institución continúa utilizando el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), plataforma desarrollada en 2004, que ha sido parcialmente ampliada bajo la denominación RUTA (Rumbo Unificado de Tramitación Avanzada).
El intento de reemplazo del SAF, mediante la Red de Gestión Penal (RGP), fracasó por deficiencias graves en su desarrollo, supervisión e implementación.
La falta de una política tecnológica moderna y unificada, limita la eficiencia y la interoperabilidad con otras instituciones del sistema de justicia, afectando la trazabilidad de los casos, la transparencia y la gestión basada en datos.
Avanzar hacia una infraestructura digital integrada, es una condición indispensable para una justicia penal más ágil y moderna.
6.4 Capital humano y estructura organizacional
En materia de equipos de trabajo, se pueden evidenciar 2 importantes realidades.
Por un lado, un problema estructural se ha producido por el natural envejecimiento del cuerpo de Fiscales. Una parte importante de la dotación de Fiscales ingresó tempranamente al Ministerio Público, sin otras experiencias laborales previas en otros servicios públicos, o en ejercicio profesional libre.
Sin duda el Ministerio Público fue, es y será una institución atractiva para el desempeño laboral, lo que conlleva una permanencia prolongada en la institución, debido al atractivo profesional de las materias propias de las que se hace cargo la institución, las condiciones remuneracionales satisfactorias y atractivas, y un sistema de evaluación de desempeño con baja exigencia.
Aquél es un escenario que dificulta la renovación generacional, la adaptación a nuevas demandas y la incorporación de nuevos talentos y nuevas competencias tecnológicas, de gestión y de liderazgo. Las altas barreras de salida y la ausencia de incentivos para la formación avanzada, agravan esta rigidez institucional.
Por otro lado, el atractivo salarial del Ministerio Público ha producido una distorsión en su composición de personal. Cargos administrativos, técnicos y auxiliares suelen ser ocupados por profesionales, quienes aspiran a desarrollar una carrera funcionaria que, por diseño institucional, no ofrece trayectorias de crecimiento acordes con sus capacidades ni en los tiempos esperados.
Esta sobrecalificación de los puestos, genera frustración laboral, desmotivación y, en consecuencia, un uso ineficiente de los recursos humanos.
El problema se agrava por la falta de políticas claras de desarrollo y movilidad interna, adaptadas a los perfiles profesionales existentes.
En consideración a lo señalado, de los objetivos inicialmente definidos para el sistema procesal penal en general, y para el Ministerio Público en particular, hay un cumplimiento por debajo de las expectativas, en donde la cifra asociada a salidas judiciales muestra un descenso del año 2022, el que debiera preocupar y que amerita sea rápidamente atendido.
Gráfico N°4: Dotación Ministerio Público 2014 a 2025
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Ministerio Público durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, disponible en https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php.
7. PROPUESTAS (ESTRATEGIAS DE MEJORA)
En función de las brechas detectadas, se proponen a continuación un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y mejorar la eficiencia y transparencia en la persecución penal.
7.1 Autonomía y gestión territorial
Otorgar mayor autonomía operativa y presupuestaria a las fiscalías regionales, permitiéndoles adaptar sus estrategias de persecución penal a las particularidades territoriales y fortalecer la coordinación con las policías y actores locales, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Institucional Anual.
7.2 Capital humano y desempeño
Implementar un plan integral de renovación generacional que considere:
- Identificación de áreas calificadas como Trabajos Pesados,
- Incentivos al retiro y movilidad interna,
- Programas de formación continua y actualización tecnológica,
- Revisión del sistema de evaluación de desempeño de fiscales y funcionarios.
Estas medidas deben asegurar que el capital humano del Ministerio Público esté alineado con las demandas actuales de persecución penal y con las capacidades tecnológicas de una institución moderna.
7.3 Indicadores de gestión y transparencia
Mejorar los sistemas de medición de resultados, incorporando indicadores de calidad de la investigación, desempeño de policías y organismos auxiliares, satisfacción de víctimas y efectos sociales de las decisiones judiciales.
Estos elementos deben integrarse a la evaluación de desempeño de fiscales y equipos operativos, e involucrar o incidir también a las evaluaciones de desempeño de las policías y de los demás auxiliares de la persecución penal y/o administración de justicia, favoreciendo una cultura de responsabilidad, de rendición de cuentas y de mejora continua.
7.4 Designación de Fiscales Regionales
Revisar el mecanismo de designación y nombramiento de Fiscales Regionales, estableciendo perfiles que consideren experiencia profesional y directiva tanto en el sector público o privado, formación especializada, competencias gerenciales y capacidad de liderazgo y conducción, con procesos más transparentes y competitivos.
7.5 Fiscalías especializadas
- Fiscalía de Asuntos Internos: encargada de auditar, revisar y controlar los actos administrativos, disciplinarios y penales que involucren a fiscales, funcionarios, como también de aquellos hechos ilícitos que involucren a los auxiliares de la administración de justicia (delitos funcionarios), fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
- Fiscalía Regional Metropolitana de Flagrancia y Primeras Diligencias: instancia especializada orientada a gestionar las investigaciones durante las primeras 72 horas posteriores a la denuncia, con el propósito de asegurar impartir instrucciones de forma expedita y oportuna, como dar respuestas rápidas y eficaces, reducir los tiempos de tramitación y aumentar las tasas de éxito judicial.
En caso de contar con imputado conocido, los Fiscales de dicha Fiscalía de Flagrancia y Primeras Diligencias, deberían controlar la detención y formalizar en su caso, para entregar a la Fiscalía Regional competente una investigación armada, ordenada, para proseguir con la investigación de la misma, y posterior acusación y juicio según sea el caso, incrementando así su posibilidad de éxito en la sentencia definitiva que se dicte.
En el caso de las denuncias con imputado desconocido, la Fiscalía Regional de Flagrancia y Primeras Diligencias, se encargará de impartir y gestionar las primeras diligencias y, luego de transcurridas las 72 horas, con los resultados obtenidos, derivar a la Fiscalía Regional competente para continuar con la investigación.
La Región Metropolitana concentra el mayor volumen de denuncias, causas e instrucciones fiscales del país, además de un número significativamente superior de audiencias de formalización, Procedimientos Simplificados y Abreviados, sobreseimientos, preparaciones de Juicio Oral y de Juicios Orales, entre otras.
En consecuencia, cualquier problema que afecte la gestión o los procesos en la Fiscalía Regional Metropolitana impacta directamente en el funcionamiento global de la institución, transformándose de inmediato en un asunto de alcance nacional que compromete la eficiencia del sistema de persecución penal.
7.6 Simplificación y transformación digital
Revisar y eliminar procesos administrativos redundantes que obstaculizan la gestión, promoviendo una reducción de la burocracia interna y una mayor agilidad operativa.
Aprovechar los avances digitales y el análisis de datos para mejorar la gestión de causas, la interoperabilidad con otras instituciones del sistema penal y la transparencia hacia la ciudadanía.
7.7 Coordinación interinstitucional para agilizar y simplificar procedimientos de detención.
En casos flagrantes, las actuaciones asociadas al procedimiento de detención y elaboración del Parte Policial, deben apuntar a su rapidez y eficiencia. En el caso de la Región Metropolitana, el Servicio Médico Legal debe proveer al Centro de Justicia de una Unidad del SML que permita constatar lesiones, tomar muestras de alcoholemia y otras sustancias ilícitas. Ello permitiría a la policía realizar la diligencia y entregar inmediatamente al detenido y que las policías no dediquen tiempo recorriendo diversos hospitales o centros médicos de la región para realizar dichas diligencias, a veces con horas de espera, liberando además los recursos médicos escasos de los hospitales para la atención médica de pacientes de urgencia o con horas agendadas.
La gestión del procedimiento de detención por Hurtos en Supermercados y Centros Comerciales, que a nivel nacional registraron 19.784 casos el año 2024, también debe ser abordado con mayor eficiencia en el uso del recurso policial escaso, evitando tiempos muertos de policías en actividades de entrega, espera de instrucciones y traslado de detenidos.
7.8 Establecimiento de metas que signifiquen un desafío.
Las metas asociadas a los Compromisos de Gestión Institucional (CGI), comprometidas con el Ministerio de Hacienda (de cuyo cumplimiento depende el pago de un bono institucional), deben ser establecidas con una perspectiva de desafío, con exigencias que importen un reto. La reiteración año a año de las mismas metas, hacen perder ese carácter, transformando su cumplimiento en procesos mecánicos que no conllevan un esfuerzo asociado, como ocurre con la “Respuesta SIAU” y la “Toma de Declaraciones”, que no han tenido variaciones en los últimos 4 o 5 años.
7.9 Desafío estratégico
El Ministerio Público forma parte de un sistema procesal penal consolidado, pero su estructura actual muestra signos de agotamiento.
El desafío de los próximos años será recuperar la confianza ciudadana, mejorar la eficacia en la persecución penal y garantizar que los recursos disponibles se orienten al fortalecimiento de las fiscalías locales, evitando la expansión de estructuras burocráticas.
En síntesis, se requiere retomar la mística institucional y el compromiso con la excelencia que inspiró los primeros años de la reforma procesal penal, para responder a las expectativas de justicia que demanda la sociedad.
8. CONCLUSIONES
A veinticinco años de la implementación del sistema procesal penal, el Ministerio Público constituye una institución esencial para el funcionamiento de la justicia penal chilena. No obstante, su desempeño evidencia signos de agotamiento estructural que amenazan la efectividad y legitimidad del modelo.
Pese al fortalecimiento normativo y presupuestario alcanzado, persisten brechas en gestión, coordinación, tecnología y capital humano, que reducen la capacidad del sistema para responder a las nuevas exigencias de criminalidad compleja y a las expectativas ciudadanas de justicia.
Superar estos desafíos requiere avanzar hacia un modelo de gobernanza moderna, descentralizada y basada en evidencia, que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia operativa.
En definitiva, la Fiscalía debe retomar la mística y el compromiso con la excelencia que inspiraron la reforma, consolidando un Ministerio Público moderno, confiable y eficaz, capaz de garantizar el acceso a una justicia penal pronta, equitativa y transparente.
9. ANEXOS
Tabla N°1: Crecimiento de Ingresos Judiciales 2014–2025
(números y %)
Tabla N°2: Presupuesto y ejecución Ministerio Público 2014 a 2025
(miles de $ de 2025 y %)
[1] Para mayor detalle consultar tabla “Crecimiento de Ingresos Judiciales 2014–2025”, dispuesta en el anexo N°1.
[2] Para mayor detalle consultar tabla “Crecimiento de Ingresos Judiciales 2014–2025”, dispuesta en el anexo N°2.
