La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi —operada por Anglo American y Glencore— presentó un recurso de aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental, tras la sentencia dictada el pasado 14 de mayo que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su proyecto de expansión. El arbitrio judicial tiene como objetivo que la instancia especializada se pronuncie sobre los alcances de la ejecución del fallo, específicamente respecto de la continuidad de aquellos aspectos del permiso que no fueron objeto de controversia.
La empresa sostiene que la resolución judicial acogió solo parcialmente las reclamaciones, circunscribiendo las objeciones a sectores específicos como el Puerto Collahuasi y los componentes asociados al medio humano y marino. Por ello, la minera argumenta que el resto de las materias evaluadas y aprobadas deberían permanecer vigentes para evitar “efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos”.
Las razones del revés judicial
En su sentencia original (causa rol R-430-2023), el tribunal integrado por los ministros Marcela Godoy, Cristián López y Cristián Delpiano determinó que la RCA favorable “carece de una debida fundamentación”. La magistratura ambiental estableció que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no ponderó adecuadamente las observaciones de comunidades indígenas de Caleta Chanavaya, lo que derivó en una incorrecta caracterización del medio humano.
Asimismo, el fallo identificó deficiencias técnicas en la evaluación del medio marino relacionadas con la planta desaladora, tales como la velocidad de succión de agua de mar y el impacto de la descarga hipersalina en el fondo marino. Debido a estas falencias, el tribunal ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación hasta la etapa de elaboración de un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).
Cumplimiento y advertencias de la minera
Pese a la solicitud de aclaración, Collahuasi confirmó que ya dio cumplimiento a lo ordenado mediante la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, la cual se encontraba en fase de pruebas. No obstante, la compañía advirtió que una paralización total del proyecto comprometería medidas de mitigación y monitoreo ambiental que ya están en ejecución, además de acuerdos con organizaciones regionales.
La firma defendió que la tramitación se ajustó en todo momento a la normativa vigente, recordando que el Comité de Ministros había ratificado la validez del proyecto en agosto de 2023. Con este nuevo recurso, la minera busca mitigar la incertidumbre jurídica que, según gremios como el Consejo Minero, afecta a proyectos estratégicos de gran envergadura en el país.
