Créditos Imagen : El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda.
Andrés López Vergara, En Estrado.
El Ministerio Público de Atacama formalizó ayer al ex intendente de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, a raíz de una causa comenzada por una querella de la empresa minera Atacama Kozan. De acuerdo con la investigación, el monto de la defraudación a la empresa denunciante fue fijado en $303 millones.
A través de un comunicado, la fiscalía explicó que las diligencias realizadas con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, establecieron cuatro hechos relacionados con posibles defraudaciones “partir de actos irregulares de Sánchez Barrera, en su condición de subgerente general de la empresa y un segundo imputado, Rodrigo Albornoz, que ocupaba un cargo similar en la entidad minera. Según los detalles de la formalización, entre los años 2011 y 2018, ambos imputados generaron relaciones de confianza con los representantes y ejecutivos de la Compañía, a partir de lo cual actuaron de manera fraudulenta con objetivos e intereses propios, perjudicando así a la Sociedad Atacama Kozan”.
Antecedentes
El primer hecho apunta, según la fiscalía, a que ambos imputados, haciendo ya uso de sus cargos, adquirieron servicios a la empresa de comunicaciones Atacama Viva, de propiedad de Sánchez Barrera, los que resultaron inexistentes, pero que fueron pagados por la empresa afectada por un monto superior a los $ 10 millones. “Cuyos depósitos se hicieron en cuentas contables falsas utilizadas para disfrazar el valor de los contratos y evitar además la trazabilidad por parte de auditores y dueños de la empresa minera”, indica el comunicado.
El segundo hecho investigado es la contratación de servicios de comida, aseo y mantenciones menores a la empresa “Eklipse”. “Los antecedentes dan cuenta que ambos imputados realizaron actos conducentes a lograr un aumento en el valor del contrato con clara desventaja para Atacama Kozan, pero que favorecían a los investigados. De esta manera, Sánchez Barrera, coordinó con la empresa contratada, para que, tanto en su periodo de subgerente como de intendente regional, incorporara gastos personales a costos de operaciones de ‘Eklipse’. Dentro de ello, fueron identificados servicios de jardinería, gastos comunes de departamentos, gastos arquitectónicos y obras civiles para su casa en el sector de Chamonate en Copiapó y compra de mercadería, cuyo monto superó los 270 millones de pesos”, explican.
El tercer y cuarto hecho investigado indica la fiscalía que “se realizaron bajo las mismas modalidades entre ambos imputados, esta vez aumentado el precio de contratos de Atacama Kozan con una empresa de transportes y otra de mantenciones menores, consiguiendo Sánchez que parte de sus gastos personales fueran incluidos en cobros operacionales de ambos contratos. Todo ello en conocimiento de Albornoz”.
Al respecto, el fiscal Luis Miranda señaló en la audiencia que los hechos investigados se enmarcan en el delito reiterado de estafa, cabiéndole a ambos imputados la calidad de autores consumados. Agregando que, en el caso de Albornoz, su formalización se realizará en una segunda audiencia por estos hechos.
En la instancia judicial de ayer, la Fiscalía no solicitó medidas cautelares en contra de Sánchez, cuestión en lo que estuvieron de acuerdo los abogados querellantes de esta causa, solicitando el fiscal Luis Miranda un plazo de siete meses para el desarrollo de esta investigación.
