Con la apertura del juicio oral contra Maickel Villegas ,para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel, el tribunal comenzó las audiencias para determinar la participación de terceros en el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano. El torpe error en una bencinera que destruyó su coartada, el rol de la célula “Los Piratas” y el calendario de las audiencias para el resto de los imputados.
El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio inicio al primer juicio oral por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, perpetrado en febrero de 2024. En la jornada inaugural, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, representada por el fiscal regional Héctor Barros, solicitó una pena de 20 años de presidio efectivo en contra del único acusado en este juzgamiento, Maickel David Villegas Rodríguez. Dicha pretensión punitiva se encuentra delimitada por los topes fijados en el acuerdo de extradición concedido por Costa Rica, país donde el sujeto de 27 años fue capturado en julio de 2024 en el paso fronterizo de Paso Canoas antes de ser entregado a Chile en noviembre de ese mismo año.
La reconstrucción del Ministerio Público sitúa a Villegas como un engranaje operativo crucial en la logística de la célula “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua a la que se adjudica la ejecución del crimen. La madrugada del 21 de febrero de 2024, a bordo de un Chevrolet Sail blanco y acompañado por un menor de iniciales A.D.C.R. ,quien ya fue condenado en un proceso penal previo por estos mismos hechos, Villegas se apostó en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para labores de vigilancia y cobertura. Mientras cinco falsos funcionarios de la PDI irrumpieron en el departamento y extrajeron a Ojeda, Villegas grabó con su teléfono celular el momento de la captura del exmilitar para enviarlo como prueba a los mandos superiores de la banda. Posterior a ello, prestó auxilio en la Costanera Norte a los ejecutores tras fallar el vehículo Nissan Versa en el que trasladaban a la víctima, trasladando a parte del grupo hacia una casa de seguridad en San Bernardo.
La identificación de Villegas se facilitó a partir de una serie de notorias torpezas procedimentales cometidas por el propio imputado apenas una hora después de concretado el rapto. El sujeto acudió a cargar combustible a un servicentro Copec en la avenida Santa Rosa, en La Granja, donde pagó con su tarjeta de débito personal e ingresó su propio RUT para el programa de puntos de la bencinera, lo que permitió a la PDI obtener sus datos filiatorios, teléfono y correo electrónico, sumado a que el vehículo Chevrolet Sail estaba registrado a nombre de su cuñado. Pese a que su defensa sostuvo que Villegas actuó bajo amenaza de muerte del menor y alegó que el profesional “estaba en su mejor momento” como jefe de bodega con intenciones de ascender laboralmente, el tribunal desestimó de plano su coartada y ordenó su prisión preventiva. En el recinto penitenciario de alta seguridad, Villegas protagonizó posteriormente una reñida riña a golpes de puño y con un arma blanca artesanal contra el coimputado y exconserje Julio Iglesias Pereira.
El arranque del juicio contra Villegas constituye solo la primera pieza de un engranaje procesal de mayor envergadura, ya que el tribunal fijó para el próximo 20 de octubre de 2026 el inicio del juicio oral contra el resto de los integrantes imputados de la organización delictiva. En la causa figuran como acusados y prófugos figuras clave como Walter Rodríguez Pérez —excolaborador del exgobernador venezolano Tareck El Aissami que integró el grupo que irrumpió en el departamento—, el exconserje Julio Iglesias Pereira ,acusado de participar en la fase de inhumación del cadáver bajo una losa de cemento en la toma Santa Marta de Maipú, además de los cabecillas Adrián Gámez Finol (“El Turko”), Carlos Gómez (“Carlos Bobby”) y Dayonis Orozco (“El Botija”).
El expediente penal contiene además sólidas declaraciones testimoniales de integrantes de la propia banda criminal que refuerzan la tesis de un crimen por encargo político. De acuerdo con las confesiones de hombres de confianza de “El Turko”, la orden de ejecutar a Ojeda por “traicionar a su patria” vino desde Venezuela tras una instrucción atribuida al dirigente Diosdado Cabello, la cual fue canalizada mediante Héctor “Niño Guerrero” Flores y transmitida en Chile por “Carlos Bobby”. En paralelo al avance del juicio en Santiago, el máximo tribunal de Venezuela tramitó expedientes de extradición activa contra otros jefes de la misma red criminal, como Carlos Francisco Gómez Moreno (“El Boby”), acusándolos bajo su propio fuero por delitos de homicidio, secuestro y terrorismo internacional.
