Francisca Vargas, Directora de la Clínica jurídica de migrantes y refugiados UDP.
En los últimos días hemos visto cómo el asunto migratorio ha vuelto a estar entre las noticias y la política, una vez más ligado a discursos criminalizantes y a medidas que sitúan a las personas migrantes como enemigas.
Primero fue el Presidente de la República, quien señaló respecto a las personas migrantes que “o bien se regularizan o se van”. El problema de esta tan inapropiada frase es que la misma denota una completa ignorancia del fenómeno migratorio, de su regulación en Chile y de las políticas públicas que se han aplicado al respecto, lo que nos lleva a pensar que la Autoridad no está visualizando adecuadamente las herramientas para tener una migración ordenada, segura y regular. Es que las personas no están en situación migratoria irregular porque quieren, sino porque el propio actuar de los gobiernos lo ha fomentado, y quiero ahondar en esto, pues son varios los factores que lo explican.
Por una parte, la ley migratoria actual, impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, supone que la migración es siempre un proceso voluntario y planificado de una persona, cuestión que en general en el mundo y muy particularmente en nuestra región, no es tal dadas las crisis de derechos humanos y la pobreza existente en varios países del continente, como Venezuela y Haití. En razón de que la ley (mal) supone aquello, establece un sistema de visados extraterritoriales que no contempla entre sus opciones una visa para venir a Chile a buscar un trabajo, cuestión que resulta ser el fuerte de los motivos migratorios entre personas de países latinoamericanos. A esto se suma la imposibilidad de cambio de categoría migratoria dentro del país, lo que deja a las personas migrantes que salen de sus países -normalmente por motivos forzados asociados a la precariedad, pobreza y vulneración masiva a sus derechos humanos- en búsqueda de una vida digna, sin posibilidades de acceso a un visado. Ello conlleva la posibilidad cierta de acudir a vías irregulares de ingreso con el solo objetivo se entrar al país, trabajar y vivir dignamente. El problema es que estas vías son controladas por delincuentes, quienes se enriquecen ante la demanda de servicios en razón de lo recién explicado.
Si a esta ecuación agregamos las nefastas políticas migratorias del gobierno pasado, que impuso visados consulares a nacionales de países en crisis con altos flujos migratorios hacia Chile y cuyas solicitudes, en la mayoría de ellos, fueron rechazadas en una tasa superior al 80% lo que llevó a un aumento exponencial de los ingresos por pasos no habilitados -especialmente en la lógica del cierre de fronteras por la pandemia- obtenemos como resultado un número importante de personas cuyo sueño es la migración regular, pero que no pueden cumplirlo por motivos ajenos a su voluntad.
Por otro lado, la administración anterior dejó un Servicio Nacional de Migraciones colapsado, con un saldo excesivo de solicitudes de visados y residencias definitivas sin resolver, lo que implica que hoy, pese a los valiosos esfuerzos de la actual administración, la demora en resolver solicitudes pendientes siga siendo un problema.
La lista sigue, ya que tenemos un procedimiento de asilo correcto en la ley pero mal aplicado en la práctica, tanto en temas de ingreso al mismo cómo de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que deja sin opciones de protección ni regularidad a quienes han sido víctimas de la violencia, la guerra, la persecución o la violación masiva a sus derechos humanos en su país de origen. Asimismo, la legislación no contempla opciones de regularización para quienes, bajo ciertas circunstancias y en el contexto mencionado, han tenido que usar vías irregulares de ingreso. Hablamos de hombres, mujeres, colectivo LGBTIQ+, niños, niñas y familias enteras que se quedan sin opciones. En este escenario, la frase del presidente es tan desafortunada como deshumanizada.
Lamentablemente, la frase del Presidente vino antecedida por un proyecto de ley que busca modificar el sistema de notificaciones frente a una medida de expulsión, cuestión que transgrede normas constitucionales y estándares internacionales de debido proceso. No se trata de que no se pueda expulsar, se trata de que la eficiencia de la gestión migratoria nunca puede significar un menoscabo a los derechos de las personas y, finalmente, a la democracia y el estado de derecho.
Como si esto no fuera suficiente, el oportunismo de los de siempre se tomó la palestra. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, en conjunto con un grupo de parlamentarios de oposición, presentó un nuevo proyecto de ley cuyos lineamientos dan cuenta de un desconocimiento importante respecto al fenómeno de la migración. Entre otras cosas, el proyecto pretende insistir con la reconducción de personas extranjeras; modificar el sistema de asilo; desatender a las vulnerabilidades de niños y niñas frente al sistema de educación y salud, y, por cierto, perseguir a quienes brindan asesoría a personas migrantes.
Lo planteado por este grupo es incorrecto en muchos sentidos, pero especialmente en lo práctico y en lo jurídico.
En relación a la reconducción inmediata, vale decir que esta figura, al no contemplar garantías reales de un debido proceso, es contraria a los estándares internacionales, por lo que simplemente es una herramienta que nunca debió existir. Además es impracticable en ciertas zonas, por ejemplo, en el desierto a 4.000 metros de altura. De todas maneras, se trata de una medida que no acepta las causas estructurales de la migración y no ayuda a solucionar los problemas, sino que los agrava. En la práctica, la migración irregular seguirá existiendo y lo mejor frente a ello es propender a la regularización migratoria dentro del país, a la vez de utilizar todas las herramientas que permitan que las personas, pese a la precaria situación en su país de origen, accedan a vías regulares de migración. Trabajar integradamente con los países vecinos y buscar acabar con las vulneraciones de derechos humanos en los estados de origen es también una tarea paralela.
Lo del sistema de asilo es una propuesta nefasta, pues, pretender importar un sistema de asilo de un contexto completamente diferente al nuestro, no hará más que exacerbar las ya existentes vulnerabilidades. En Europa la regla del primer país de asilo que propone el grupo de parlamentarios existe precisamente porque entre los países de la zona Schengen existe un acuerdo de libre tránsito, pero no es una regla propia del derecho humano a buscar y recibir asilo o una condición para ser reconocido como refugiado. Un acuerdo de esas características no existe en nuestro continente, y las situaciones de asilo muchas veces no pueden salvaguardarse en el país vecino (por ejemplo, una persona perseguida por grupos al margen de la ley en Colombia, podría sufrir persecución en Ecuador, pues ese grupo puede tener acción también allí y le es más sencillo llegar). De todos modos, cualquier cambio que se pretenda efectuar en este sentido sería contrario a las normas de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por lo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo a la Constitución Política de la República.
Castigar a niños y niñas por decisiones que no tomaron (y que probablemente tomaron sus padres por desesperación o necesidad) y perseguir a quienes orientan y representan legalmente a personas migrantes no merece mayor comentario pues es, simplemente, impresentable.
Propuestas de solución adecuadas -y correctas jurídicamente- hay muchas, pero podemos resumirlas en la creación de un visado que permita a las personas migrantes, a través de vías regulares, venir a Chile a buscar un trabajo; en el fomento de la contratación de trabajadores/as extranjeros/as en ciertas áreas prioritarias de la economía; en la búsqueda de la regularización migratoria dentro del país (cuestión que, por cierto, permite también conocer los antecedentes penales de las personas); en el trabajo territorial en materia migratoria, y en la utilización de herramientas realistas que respeten, promuevan y protejan los derechos humanos de las personas migrantes, y con ello, los de todas y todos.
Resulta a lo menos extraño que, quienes participaron de las políticas públicas que fomentaron los ingresos por pasos no habilitados y que fueron apuntados internacionalmente como vulneradores de derechos y garantías, hoy quieran figurar como salvadores de la situación.
La pregunta que debemos hacernos, entonces, es quién es el enemigo.
