Tras liderar a cerca de 200 funcionarios sin recargo salarial y reducir la tramitación pendiente de 13.000 a un mínimo histórico de 2.700 escritos en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, Andrea Bello Leiva debió dejar la administración porque la Corte de Apelaciones estimó que su cargo de origen no era equivalente al de administradora titular. Ante la salida, la jueza presidenta Paulina García Cárcamo dictó un decreto económico de 12 páginas para solicitar al Pleno una anotación de mérito en su hoja de vida por su desempeño de excelencia.
En el funcionamiento del Poder Judicial conviven diariamente las exigencias por acelerar las respuestas a los usuarios con las rigideces del estatuto administrativo. Un caso que refleja esta paradoja ocurrió en el Centro de Medidas Cautelares (CMC) de los Juzgados de Familia de Santiago, repartición clave encargada de resolver situaciones de alta vulnerabilidad como violencia intrafamiliar y protección de niños, niñas y adolescentes.
En junio de 2026, ante la próxima jubilación del administrador titular y la ausencia de un reemplazante designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la jefa de la Unidad de Servicios del centro, Andrea Bello Leiva, asumió transitoriamente la conducción administrativa del organismo. La asignación se produjo en un escenario operacional complejo, caracterizado por el deterioro del clima laboral y la presión por cumplir con el Plan Extraordinario de Trabajo 2026 encomendado por la Presidencia de la Corte Suprema.
La gestión se ejecutó bajo una condición particular: Bello asumió la jefatura de un contingente de aproximadamente 200 funcionarios de las unidades de apoyo (CMC, CAAF y CIDE) manteniendo su grado 9 de origen, sin solicitar nivelación salarial ni recibir asignación económica alguna por el aumento de responsabilidades.
La traba que detuvo la gestión
Pese a los indicadores de rendimiento alcanzados en cuatro meses de trabajo, el 1 de octubre de 2026 la funcionaria presentó su renuncia voluntaria a las labores administrativas. La determinación se desencadenó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago estimara que su cargo permanente de jefa de Servicios no resultaba formalmente equivalente al de administradora, impidiéndole continuar en el puesto.
La paradoja burocrática se acentuó cuando se propuso como reemplazante al administrador de otro Juzgado de Familia de Santiago, quien rechazó la destinación debido a la alta complejidad operacional del centro cautelar.
Al reflexionar sobre este desenlace, Andrea Bello expone el contrasentido que genera la primacía de la forma por sobre los resultados de gestión: “en términos simples, había estado dispuesta a asumir una responsabilidad mayor, sin recibir un peso adicional, pero finalmente la equivalencia formal de mi cargo resultó determinante para que no pudiera continuar. No fue dejar la administración lo que más me afectó. Fue sentir que la experiencia, el esfuerzo y los resultados podían quedar en segundo plano frente a una consideración formal”.
Un hito en los indicadores: de 13 mil a 2.700 escritos acumulados
Durante el periodo en que estuvo a cargo de la repartición, la profesional impulsó un esquema de control apoyado en las plataformas Quantum, SITFA y registros internos, permitiendo transparentar las cargas reales de trabajo y el ausentismo efectivo para no sobrecargar a los equipos.
Entre los logros operacionales del periodo destaca la caída en el volumen de escritos pendientes, los cuales disminuyeron desde aproximadamente 13.000 requerimientos a un mínimo histórico de 2.700. Asimismo, se diseñó una propuesta para recuperar el estándar de respuesta en 48 horas en áreas sensibles como Verificación de Riesgo (VFR), Despacho General y FAE, además de conformar mesas de trabajo entre jueces, consejeros técnicos y funcionarios.
Al explicar el sello de su labor, Bello remarca que “no se trataba de obtener un cargo. Se trataba de que el servicio judicial siguiera funcionando y, si era posible, funcionara mejor”.
Respecto de las metas alcanzadas, la funcionaria enfatiza el carácter colaborativo del trabajo: “No pretendo atribuirme individualmente los avances. Detrás de cada iniciativa hubo funcionarios, jefaturas, magistrados y equipos técnicos que aportaron su experiencia y colaboración. Mi responsabilidad fue identificar problemas, articular esfuerzos y transformar ideas en propuestas concretas”.
La solicitud de anotación de mérito
Frente a la salida de la profesional, la jueza presidenta del Centro de Medidas Cautelares, Paulina García Cárcamo, dictó el 7 de octubre de 2026 el Decreto Económico N.º 317/2026. En el escrito de 12 páginas dirigido al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, la magistrada solicitó formalmente otorgar una anotación de mérito en la hoja de vida de Bello, amparada en el artículo 277 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 23 del Auto Acordado de mayo de 2023.
La resolución del tribunal califica el trabajo de Bello como un “desempeño destacado, de nivel de excelencia y merecedor de especial distinción”. El decreto resalta que la profesional se convirtió en la “principal colaboradora” de la Presidencia en la conducción del tribunal, destacando su probidad, transparencia en el análisis de datos, liderazgo empático y su aporte pionero en transparentar la distribución equilibrada de cargas entre jueces y funcionarios.
Para Andrea, la solicitud del alto reconocimiento constituyó una reparación institucional: “Fue sentir que una superior jerárquica, que había conocido directamente mi trabajo, reconocía el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación con que había asumido una tarea especialmente difícil. Ese reconocimiento tuvo un valor profundamente humano”.
Bello concluye con un llamado a revisar los criterios con que la administración pública evalúa el desempeño de sus funcionarios: “Lo que me pregunto es cuántas oportunidades de mejora pueden perder las instituciones cuando el talento, la experiencia y la vocación de servicio no encuentran suficiente espacio para desarrollarse. Al final, detrás de cada indicador, cada escrito y cada audiencia hay personas esperando una respuesta de la justicia”.
