Por Carolina Villagra, Ex Presidenta de Humanizar. Psicóloga de la Universidad de Chile, con especialización en perspectiva de género en el sistema de justicia. Doctora en Criminología por la Universidad de Leicester, Reino Unido. Actualmente es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Asimismo, es docente de postgrado en las facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad de Chile y otras universidades nacionales. También es consejera en Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Estándares y Acreditación del Servicio Nacional de Reinserción Social Adolescente. Anteriormente se desempeñó como asesora para el proyecto de Ley 21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (2014-2018). Fue Coordinadora de la Unidad de Programas de Reinserción Social, del ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016-2018). Ha sido consultora especializada en justicia penal para gobiernos de Latinoamérica e instituciones como BID y OEA.
Cada 18 de julio se celebra el día internacional Nelson Mandela, que busca, entre otros objetivos, “promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como importante servicio social”. El mismo día, el gobierno anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad, que incluyen la construcción de una cárcel de máxima seguridad para el “control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”. Sin duda, se deben implementar todas las medidas necesarias para controlar la criminalidad. La creación de recintos especializados es una de ellas, aunque el control del delito no se agota en la respuesta carcelaria.
El debate en torno al crimen organizado ha dominado la agenda y no estamos discutiendo qué pasa con la “otra” población encarcelada. Veamos algunas cifras:
Hay 56.000 personas en cárceles, 38% son imputados/as. En el caso de las mujeres, 48%. Cifras muy altas de prisión preventiva, que no garantizan resultados posteriores.
1/4 internos es de “alto compromiso delictivo”, 11% registra mala y pésima conducta. Por otro lado, 1/3 de los internos es de “bajo compromiso delictivo” y 80% registra buena y muy buena conducta. Datos que contradicen la idea que toda la población penal es peligrosa.
La enorme mayoría no tiene acceso a programas de rehabilitación y reinserción, estos programas son fundamentales para reducir la reincidencia.
Informes de visitas de cárceles (CPT, INDH, PJ) reportan deficientes condiciones de habitabilidad, hacinamiento, entre otros problemas que se relacionan con deficientes resultados en reinserción social.
En síntesis, un elemento clave para la seguridad pública es la efectividad del sistema carcelario.
Pareciera que hoy nadie quiere nombrar la palabra reinserción, pues se asocia a defensa de delincuentes, a estar en contra de las víctimas. Muy por el contrario, las estrategias efectivas en el control de la criminalidad siempre incluyen medidas de reinserción social, y ese es el debate urgente y necesario que también debemos tener en Chile hoy.
