El abogado y asesor legislativo, se refirió a la medida decretada ayer por organismo, enfatizando que “esto va a en contra de principios como la estabilidad del empleo y la protección de la remuneración”.
Sorpresa causó ayer jueves el último dictamen elaborado por la Dirección del Trabajo respecto a relaciones contractuales entre trabajador y empleador, en caso de cuarentena total, luego que el Gobierno anunciara la restricción obligatoria de circulación en siete comunas de la capital, y que comenzó a operar anoche a partir de las 22 horas.
Ello, porque en el documento se sostiene que aquellos empleados que se encuentran con prohibición de salir de sus domicilios, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, y no puedan asistir a sus lugares de trabajo para prestar servicios laborales, pierden el derecho a obtener remuneración.
Según explicó a En Estrado el abogado y asesor legislativo, Mauricio Daza, el decreto en cuestión “va a en contra de la estabilidad del empleo, de la protección de la remuneración y de otros principios básicos del derecho laboral”, enfatizando que “estamos frente a una vulneración grave, arbitraria e ilegal de los mismos”.
“Aquí lo que se hace, es reconocer la posibilidad de suspender la relación laboral a partir de una medida decretada por la propia autoridad y que la carga económica de dicha circunstancia, la asuma plenamente el trabajador”, detalló, agregando que “esto se hace –sencillamente- aplicando una norma que se encuentra en el Código Civil y que es más bien de naturaleza contractual, es decir, se relaciona con contratos de arrendamiento mutuo o de una naturaleza similar, muy distinta a lo que es un contrato del trabajo”.
Lo grave -de acuerdo al abogado, Magíster en Derecho y socio de Horvath, Daza & Farachi- es que “aquellas personas que viven en comunas que están en cuarentena total y, por tanto, no pueden salir de sus casas, se les deja en una situación imposible”. “Ellos tienen que elegir vulnerar la cuarentena para poder ir a sus lugares de trabajo y de esa manera, poder seguir manteniendo una remuneración que a su vez le permita pagar servicios básicos y alimentación, pero esto bajo el costo eventual de que puedan ser sancionados por vulnerar la cuarentena obligatoria que –incluso ha dicho la propia autoridad- se pueden aplicar multas de hasta 1000 UTM y arriesgar sanciones penales”, dijo.
Y aseguró: “El problema de fondo tiene que ver con quién asume el costo de una cuarentena, si es el trabajador -como se establece en el dictamen de la Dirección del Trabajo-, el Estado, el empleador o una suma de todas estas personas, esto debiese ser materia de una discusión más profunda que, en cualquier caso, tenga a la vista la protección de la parte más débil, es decir, los trabajadores asalariados. Eso es lo que precisamente no ocurre con este decreto”.
DT versus Ley de Teletrabajo
La medida del organismo ha sido duramente criticada por parlamentarios de oposición, específicamente, porque iría en dirección contraria a la protección de los trabajadores y a la iniciativa de regular el teletrabajo. Al respecto, Mauricio Daza explicó que “este dictamen se contradice pues va a en contra de lo que ha sostenido el propio Gobierno, ya que el Presidente Sebastián Piñera, dentro de las medidas que anunció para enfrentar la crisis del coronavirus, señaló que iba a mandar al Congreso un Proyecto de Ley, precisamente, para permitir que empleador y trabajador pudiesen pactar la suspensión del contrato de trabajo”. “Pero acá lo que se hace -a través de un acto administrativo entre gallos y medianoche- es incluir un párrafo donde se dice que el empleador puede suspender la relación laboral no pagando remuneración a partir de la circunstancia de que los empleados no puedan asistir a sus trabajos porque están encerrados en virtud de una cuarentena obligatoria, lo que aparece como bastante injusto”, insistió.
En la misma línea, aseveró que el proyecto del teletrabajo depende necesariamente del empleador, pues en el caso que éste no quisiera hacer el cambio a servicios remotos, entonces no se puede concretar. “De ser así, estaríamos frente a un escenario en el cual una persona se encuentra en una comuna bajo el régimen de cuarentena total obligatoria, con la imposibilidad de trasladarse a su lugar de trabajo y por consecuencia, sin remuneración, lo que va en contra de los principios fundamentales de la Ley Laboral y de las garantías constitucionales mínimas de los trabajadores. Todo esto, –además- en un contexto de un dictamen que es arbitrario e ilegal”, afirmó categórico.
Por último, Daza explicó que el dictamen se trata de una opinión del organismo técnico que tiene el Gobierno “y que tiene por misión legal, proteger a los trabajadores, pero no es vinculante para los tribunales de justicia que, perfectamente, puede revertir esta situación”.
“El problema, en la práctica, es que hoy el Poder Judicial no está funcionando de manera normal a partir de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, entonces, si un grupo de trabajadores presenta un recurso de protección, el proceso puede demorar mucho más que en una circunstancia normal”, agregó, puntualizando que “la vía más razonable es que sea el propio Gobierno el que deje sin efecto este dictamen y que, además, en el contexto de la discusión parlamentaria que hoy existe en relación a proyectos de ley en materias laborales, se resguarde al más débil, es decir, a los empleados”.
“La carga económica de la crisis está radicada en los trabajadores asalariados y que se encuentran en una situación muy precaria, y eso es abusivo en términos de distribución de los costos en el marco de la pandemia que enfrentamos”, concluyó el abogado.
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