Por Monserrat Moya Arrué y José Tomás Valenzuela Prado. Estudio 150
Estos días el mundo social vive días de escándalo. Fundaciones financiadas irregularmente desde el Estado evidencia uno de los tantos problemas que afectan al sector público y privado, del que no están ajenas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL): la falta estándares de buenas prácticas.
En Chile, las asociaciones y fundaciones sólo tienen la obligación de llevar contabilidad, hacer una memoria anual de sus actividades, un balance (aprobado por la asamblea o el directorio según corresponda), y enviarlos al Ministerio de Justicia. Pero algunas OSFL han preferido seguir estándares internacionales más exigentes, obligándose a transparentar su gestión, información corporativa, estados financieros y rendición de cuentas en un documento llamado FECU social (Ficha Estadística Codificada Uniforme), que fue desarrollado por la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Por su parte, el financiamiento es un punto crítico a toda escala, en especial para las OSFL que no están bajo el alero de un grupo empresarial que asegure su sustentabilidad. Los recursos –públicos y privados– son insuficientes y cada vez hay más OSFL que carecen de presupuesto para realizar su objeto social. Peor aún, las empresas ponen cada vez más requisitos para invertir en las OSFL, por los riesgos involucrados.
En efecto, como demuestra un reciente estudio de Azerta y Acción Empresas (2023)[1], el socialwashing y la falta de transparencia tributaria (junto con la colusión y los abusos) son los mayores riesgos para la reputación empresarial en Chile. Además, en las empresas hay mucho desconocimiento de las vías e instrumentos para efectuar sus donaciones e inversiones de impacto, lo que complica más cualquier financiamiento y sostener una OSFL de forma adecuada.
No podemos permitir que el descrédito y la desconfianza permeen en la generalidad de este sector. Las OSFL son las más eficientes en el trabajo social, pues conocen mejor que nadie las problemáticas de las comunidades y, por ende, las llamadas naturales a resolverlas. Así, urge actuar acorde ya, fortaleciendo las confianzas de todos los actores sociales, midiendo el impacto de los proyectos sociales. No basta con lo que se publica sin contrapeso en un informe de sostenibilidad o página web de una empresa u OSFL, y exigiendo a éstas últimas, estándares mínimos de buenas prácticas en gobernanza y financiamiento, códigos de ética y compliances que eleven la transparencia y publicidad de sus acciones.
[1] “ESG y gestión de la reputación. Una mirada empresarial”. Estudio que consultó a 72 ejecutivos de 60 grandes compañías locales. https://accionempresas.cl/content/uploads/esg-y-gestion-de-la-reputacion-2023.pdf
