• Además, de acuerdo a las cifras entregadas por el Defensor Regional Renato González, 31 de estas personas estuvieron en prisión preventiva durante el proceso en su contra.
• “Es nuestro deber oponernos a la prisión preventiva cada vez que los antecedentes no sean suficientes para fijarla, ya por inexistencia del delito, falta de acreditación en la participación o porque no son absolutamente indispensables, para el caso concreto”, dijo al respecto la máxima autoridad de la Defensoría Regional.
El Defensor Regional de La Araucanía, Renato González, rindió este jueves cuenta pública de la gestión institucional 2022 en la región, instancia en la que reveló que, durante dicho periodo, 3.295 personas concluyeron sus causas por sobreseimiento, no perseverar, absoluciones u otras salidas que no implicaron una condena.
Según detalló, de acuerdo a las cifras de la Defensoría Penal Pública, de este universo, 31 personas estuvieron en prisión preventiva durante el proceso en su contra, siendo inocentes, debiendo asumir los costos personales, familiares, psicológicos y laborales que un error de la justicia trae consigo.
“Es nuestro deber oponernos a la prisión preventiva cada vez que los antecedentes no sean suficientes para fijarla, ya sea por inexistencia del delito, falta de acreditación en la participación o porque no son absolutamente indispensables, para el caso concreto”, dijo al respecto la máxima autoridad de la Defensoría Regional durante el balance regional –al que asistió el Defensor Nacional Carlos Mora Jano- agregando que durante el año pasado se registró un aumento en la dictación de prisiones preventivas en comparación con el año anterior.
“El año 2021 ingresaron 18.179 imputados a la Defensoría Penal Pública y el año 2022, ingresaron 15.325 imputados, es decir, 2.854 personas menos. Sin embargo, en 2022 representamos a más personas que estuvieron privadas de libertad: 836 frente a las 708 del año 2021. Menos imputados, pero más personas privadas de libertad”, dijo.
Y detalló que, del total de los ingresos en 2022, 2.412 corresponden a mujeres, 531 adolescentes, 202 extranjeros y 3.031 a personas mapuches.
“Esas son las personas que esperaron brindásemos un servicio de calidad, explicáramos con palabras sencillas su situación, las atendiéramos en nuestras oficinas, por las plataformas digitales y, por cierto, las representáramos en cada una de las audiencias: Mujeres, hombres, mapuche, adolescentes, inimputables, funcionarios públicos, condenados privados de libertad. Cada una de dichas personas, en mayor o menor grado, vieron amenazada su libertad por la imputación que se les hizo”, dijo al respecto González, recalcando que “es precisamente nuestro aporte, a una sociedad más justa y menos violenta, el representar ante los tribunales de justicia a todas ellas, sin excepción, sin discriminación alguna, con pleno respeto a su dignidad, y exigiendo que sean tratadas y tratados como inocentes hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada no diga lo contrario. No menos que eso”.
Nuevo edificio institucional
Durante su cuenta pública, el Defensor Regional también destacó el nuevo edificio institucional que albergará la Defensoría Regional, la defensoría Local de Temuco, la Defensoría Penal Mapuche y la Inspectoría Zonal Sur.
“Ello permitirá un funcionamiento centralizado de las distintas oficinas que operan en la ciudad de Temuco, lo que estamos convencidos permitirá una mejora continua de la calidad de nuestro servicio, al reunir, en un solo lugar, en torno a las 50 personas que prestan el servicio de defensa y apoyo a la gestión”, detalló la autoridad.
Dicho inmueble, cuya entrega se prevé para diciembre del 2024, tiene un presupuesto para ejecución de $6.738.774.054 y a la fecha presenta un avance de un 29%.
Por último, Renato González reflexionó sobre el constante aumento de personas privadas de libertad, mencionando que “la tendencia del presente año pareciera ser la misma”, ya que, de acuerdo a las cifras registradas al 21 de agosto, a 629 imputados e imputadas se les decretó la máxima de las cautelares.
“La proyección, si fuese matemática, sería de 944 personas a fin de año, esto es, un 33% mayor que el 2021 y un 13% mayor que el 2022. Sin duda es un tema en el que debemos invertir gran parte de nuestros esfuerzos presentes y futuros”, concluyó la máxima autoridad regional de la Defensoría Penal Pública.
